Carlos Araya Guillén, Político, Educador y Filósofo (Dr.).
El 1 de diciembre 1948, la Junta de Gobierno presidida por don José Figueres Ferrer, en un acto simbólico, cívico y democrático, preconizó la abolición del Ejército en nuestro país.
La Asamblea Constituyente de 1949, integrada por distinguidos ciudadanos costarricense decide, con profundos sentimientos de libertad y valoración moral, elevar a rango Constitucional la eliminación del ejército nacional, revelando así su sabiduría, principios civilistas y nobleza de sus convicciones republicanas. Textualmente dice artículo 12 de la nueva Constitución Política: “Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.
Como se sabe existió al respecto un primer antecedente, recordado por el distinguido constitucionalista Doctor Fernando Zamora Castellanos, en su obra Militarismo y Estado Constitucional, cuando subraya la presencia de “una moción de los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante quienes en junio de 1947 propusieron ante el Congreso de la República la abolición del ejército”. A ellos, también gloria y honor.
Fue en el gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez cuando en uso de las facultades que le confieren los artículos 12 y 140, incisos 3), 4) y 18) de la Constitución política, y 2 de la Ley General de Administración Pública Decreta que se declara el 1 de diciembre de cada año como “Día de la “Abolición del Ejército”. Decreto Ejecutivo 17357 de fecha 26 de noviembre de 1986 y vigente a partir del 24 de diciembre del mismo año.
En el mismo Decreto se insta a todos los costarricenses y a los extranjeros radicados en el país, así como a las instituciones públicas y a las privadas, a reflexionar sobre este hecho fundamental en la historia patria y a celebrarlo con la dignidad y el decoro que merece la fecha. (artículo 2)
Con las anteriores acciones el porvenir espiritual de paz y de vocación civilista, se consagró el ideario jurídico de un país sin armas, pero más importante, se afirmó la idiosincrasia pacífica del alma nacional.
Sin embargo, más allá de las leyes y los decretos la proscripción del ejército afianzó, con aprendizaje socrático, la cultura, la educación y la formación habitual subjetiva de vivir como hermanos en familia permanente con la razón y no con la irracionalidad del avasallamiento militar.
En otras palabras, la eliminación del ejército se constituye en un valor de entrañable moralidad, porque todo lo que dignifica al ser humano tiene un valor ético, en especial, la hermandad y el sosiego de la tranquilidad. En diciembre de 1949 se conjuró, por encima de divergencias ideológicas, el peligro de una dictadura militar en beneficio de la sociedad civil. Como dijo Cicerón “Cedan arma togae” (las armas cedan ante la toga/poder civil).
Como se sabe no hubo coacción física ejercida sobre los constituyentes para eliminar cuarteles, fuerzas armadas y soldados. Fue un acto voluntario positivo concebido desde la interioridad libre de su conciencia moral que implicaba decidir con responsabilidad.
Cumplieron también los constituyentes con los deberes propios de la democracia, salvaguardando los derechos naturales de los ciudadanos muchas veces usurpados, como enseña la experiencia, por dictaduras apoyadas en la fuerza de las armas opresoras.
Ahora bien, la creación de un ejército es un producto humano, resultado de las ambiciones de poder, pero de ninguna manera este hecho social le confiere a la institución castrense, en modo alguno, un carácter moral, porque el ejército represivo es uno de los rostros de la expresión natural de la agresión e irrespeto a los derechos humanos.
Los defensores de la institución militar subrayan que el ejército es el encargado de garantizar la soberanía, defender la integridad territorial, el respeto a las leyes y la independencia patria, la realidad es otra. Sin bien es cierto, la sociedad necesita orden para su existencia, ésta se encuentra en el Estado de Derecho que organiza la vida social y política del país de conformidad a la normativa jurídica existente (principio de sujeción) y nunca en la profesión militar. El Estado de Derecho respeta principios Constitucionales, Tratados Internacionales, Leyes, Decretos, Reglamentos y otras disposiciones legales.
Tampoco desde una perspectiva ética es sencillo legitimar la creación de fuerzas armadas. Las cruentas represiones contra las protestas populares y los privilegios de sus miembros son testimonios de su inmoralidad en muchos países. Verbi gratia Nicaragua.
También conviene mencionar aquí que sus millonarios presupuestos para alimentar la industria armamentista atentan contra la dignidad humana. Bien nos recuerda el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), por sus siglas en inglés, que el negocio de la venta de armas y servicios militares a nivel mundial ha aumentado en un 47 % en los últimos tres quinquenios
Por lo anterior, la conducta moral exige que el dinero destinado a mantener el ejército, sea invertido en el ámbito de la salud, los servicios sociales, la protección de los más necesitados, la construcción de viviendas y la educación.
Para terminar, la experiencia de las guerras fratricidas constituye un llamado a la conciencia de cuán privilegiados somos los costarricense de vivir en un país que hace 71 años proscribió el ejército. Gracias a la valentía de una Asamblea Constituyente visionaria y un histórico martillazo a los muros de piedra del Cuartel Bella Vista.
Quiera el Altísimo que el ejército de Costa rica sea siempre los maestros, los obreros, los trabajadores, los médicos, las enfermeras, los labriegos sencillos, y muchos otros costarricenses amantes de la verdad, la patria y la libertad. “lux et pax” (Luz y Paz).
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