Carlos Araya y Marvin Herrera: 145 partidos políticos inscritos

Carlos Araya Guillén, Político, Educador y Filósofo (Dr.).
Marvin Herrera Araya, Ex ministro de Educación

Nuestra Constitución Política expresa “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural” (Art 1). Artículos subsiguientes contienen conceptos como: “los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos…” (25), “…para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios2 (26). “El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos…” (96). “…los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos políticos para intervenir en la política nacional… y expresarán el pluralismo político… y serán instrumentos fundamentales para la participación política” (98).

Estos preceptos constitucionales, intrínsecos de nuestra centenaria democracia, son sólidos pilares para la formación y manifestación de la voluntad popular, el ejercicio ciudadano de los derechos políticos y el fortalecimiento de nuestra democracia.

Según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, a la fecha, nuestro país cuenta con 145 partidos políticos debidamente inscritos ante el Registro Electoral.   Escala nacional 32, provincial 22 y Cantonal 91. Se calcula que unos ocho (8) partidos están realizando gestiones  para que sus presidentes de los comités ejecutivos provisionales presenten ante el Registro Electoral la correspondiente solicitud de inscripción.

Hay partidos doctrinarios, ideológicos, programáticos, con estructuras organizativas, de trayectoria histórica, afiliados a federaciones supranacionales, estudiosos de la realidad nacional, con experiencia en gobernación y firmes en sus propuestas de proyectos políticos. Estos partidos fortalecen nuestro sistema democrático y la lucha por formar una nueva y justa sociedad.

También, hay partidos sin tradición ni formación política, desprovistos de contenido programático social, cultural, educativo, ambiental y económico. Son partidos sin claridad conceptual, pragmáticos y de existencia temporal. Por lo general,  su fundación obedece a intereses individuales  de su fundador o fundadores.

Los partidos políticos, como instrumentos garantes del sistema democrático costarricense y lícita expresión de la voluntad del pueblo, son el único camino legítimo para acceder a los cargos públicos representativos de elección popular. Ninguna otra agrupación social puede participar en un proceso de elecciones.

Los partidos, consecuentemente,  son responsables, como actores políticos, de la socialización electoral y cívica, llamados a organizar la formación y la capacitación políticas de sus cuadros de afiliados más allá de la propaganda de una campaña. En el escenario electoral asumen el ineludible deber defender los principios democráticos, el pluralismo social, ideológico y político, los valores morales y éticos y la libertad.  Deben contribuir al desarrollo humano integral y solidario de la sociedad civil y fortalecer la justicia, la libertad, la igualdad, la equidad, el bien común y el sistema democrático.

Sobre esta real atomización de partidos políticos, se dan criterios a favor, en contra y de preocupación. Unos de acuerdo con la participación ciudadana y la pluralidad política e ideológica. Otros opinan que esta atomización de partidos políticos, específicamente, de ámbito nacional, afecta la gobernanza democrática de nuestro país. Hay quienes prefieren 3 o 4 partidos con claridad ideológica, proyectos y programas actualizados, visibles liderazgos e invariable vocación republicana y democrática.

Sin duda, los costarricenses deberíamos reflexionar sobre las anteriores consideraciones y decidir qué es lo mejor para consolidar nuestro sistema democrático de partidos políticos, a efecto de que sea promotor de un desarrollo humano integral y solidario, de una economía de bien común, que beneficie a todos, y contribuya al progreso y bienestar nacionales, sin odios ni polarizaciones, y a la efectiva disminución de la pobreza, las crecientes desigualdades. Es claro,  no podrá construirse una sociedad más justa sin el respeto absoluto a la suprema dignidad humana de hombres y mujeres.