Es fundamental comprender que el derecho a la vida y la seguridad ciudadana no son temas aislados, sino que dependen directamente de la estabilidad del entorno social. Esta problemática no debe reducirse únicamente a un enfoque carcelario, sino que requiere un análisis profundo de la violencia estructural generada, en gran medida, por el rezago en el desarrollo y la falta de oportunidades que el Estado debe garantizar a través de su gestión pública.
Por otro lado, es imperativo referirse a la temática de infraestructura, la cual adolece de un tratamiento adecuado debido a un grave rezago y una deuda histórica. Si bien se han logrado avances en ciertos tópicos durante las dos últimas administraciones, persisten desafíos críticos:
- Obras de larga duración: existen proyectos que se extienden hasta por cinco años.
- Deficiencias técnicas: hay inconsistencias desde el diseño básico que afectan áreas sensibles o derivan en diseños «forzados» para finiquitar la obra.
- Gestión administrativa: los periodos de contratación son excesivamente largos por diversas razones.
- Costos y competencia: el valor de las obras suele aumentar sin que exista una competencia real en su ejecución.
A este panorama se suma una evidente desplanificación urbana, notoria en gran parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) y diversos cantones. Asimismo, el sistema de transporte actual se encuentra desarticulado y requiere una revisión rigurosa.
Finalmente, la resolución de estas deficiencias técnicas y administrativas es fundamental para evitar que el descontento social y la apatía política debiliten aún más nuestra gobernabilidad democrática. Solo mediante un diálogo nacional honesto y propuestas concretas podremos superar el declive actual y mejorar la calidad de vida de las mayorías.
Les dejo hasta aquí estas reflexiones.