Carlos Manuel Echeverría: Autonomía universitaria y ley de empleo

Una cosa es la autonomía política y otra es que las universidades acojan las prácticas administrativas del Estado costarricense que le convienen y viceversa. Las mencionadas prácticas deben ser generales, lo que en ningún sentido mancilla la autonomía universitaria en su correcta dimensión y más bien eliminaría una vergonzosa alcahuetería.

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Carlos Manuel Echeverría Esquivel.

Me ha preocupado que en el marco del debate pre votación del llamado “proyecto de ley del empleo público”, la fracción liberacionista esté contemplando la posibilidad de apartar de la mencionada legislación a las instancias de la educación superior. Esto a mi juicio sería un grave error por las razones que a continuación apunto.

La autonomía universitaria está plasmada  en los potentes artículos del 84 al 88 de nuestra Constitución Política, tan potentes que quizás vale la pena se revisen porque facilitan manipular y confundir. El espíritu de los legisladores constitucionalistas tanto los iniciales como los modificadores fue el de exaltar al máximo la conveniencia de que las casas de educación superior estatales tengan plena libertad de pensamiento y expresión del mismo, siempre por supuesto dentro del marco de la legislación general costarricense.

Las entidades que viven del FEES son parte del sector del ramo y pueden participar en otros según lo disponen las leyes General de Administración Pública y de Planificación Nacional y Política Económica, donde el Ministro rector del ramo transmite directrices presidenciales que me parece son atinentes a las entidades de educación superior en todo menos en lo que mancilla la autonomía en su dimensión correcta.

No creo que se haya pretendido el crear dentro de la República de Costa Rica instancias jurídicas con su respectivo territorio físico  autárquicas del resto del país y la institucionalidad costarricense. Aunque se rijan por sus propios estatutos en virtud del alcance de la autonomía política que se les dio, que no es el caso de la autonomía administrativa pero no política de que gozan las empresas públicas del Estado, no son las universidades entes que puedan vivir en su propia jauja, mientras el resto del estado costarricense deberá sin duda de una forma u otra reconvertirse a uno adecuado a las posibilidades nacionales. A mi juicio ese es uno de los propósitos de la legislación de empleo público que se pretende aprobar. El otro es el de adecentar una situación de carácter moral y ético que nunca debió darse: el que se hayan generado diferentes pagas por hacer lo mismo en el estado costarricense, llevando estas diferencias en todo nivel, a cifras degeneradamente altas.

Es fundamental defender la autonomía política de las universidades y el respeto a la expresión ideológica en ellas. Si perdemos eso perdemos mucho. Sin embargo, es socialmente inaceptable el que amparándose a la manipulación de la idea de la autonomía se pretenda conservar esquemas de privilegios que han llevado  por ejemplo a que la UNA sea insolvente en pocos años, como lo serán seguramente las otras universidades. No debería ser inconstitucional el impedirlo, si se ve afectada la ciudadanía costarricense que es la que sufre las debilidades de la economía y la que por la vía impositiva o la deuda estatal, termina pagando los excesos en que las universidades han venido incurriendo.

Una cosa es la autonomía política y otra es que las universidades acojan las prácticas administrativas del Estado costarricense que le convienen y viceversa. Las mencionadas prácticas deben ser generales, lo que en ningún sentido mancilla la autonomía universitaria en su correcta dimensión y más bien eliminaría una vergonzosa alcahuetería. Como se sabe, los pluses y demás “beneficios” han llevado las remuneraciones a niveles superiores a los de las mejores universidades del mundo ubicadas en países donde la vida es más cara que en Costa Rica.

No sé si en la fracción liberacionista u otras habrá algún azuzador a quien le convenga se dé lo que aquí nos ocupa o simplemente se vio sorprendida por la habilidad de quienes llegaron a defender “lo suyo” a la Comisión, sin pensar en el país como un todo y asumiendo de hecho una autarquía que no es tal.



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