Carlos Manuel Echeverría: La otra cara del empleo público

Para corregir la situación se requiere que los funcionaros en cargos de gestión a nivel alto al menos hayan cursado un PAGP (Programa de Alta Gerencia Pública), que les dé las herramientas mínimas para fomentar un nivel superior de servicio, productividad y eficacia.

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Carlos Manuel Echeverría Esquivel.

Se habla mucho del empleo público en virtud de que el debate del proyecto de ley al respecto hace que se disparen los comentarios. Para muchos quizás superficialmente, el empleo público es algo que debería reducirse al mínimo. Se propaga la idea también de que los funcionarios públicos, prefiero llamarlos así, son personas vagabundas que no merece mayor respeto. No estoy de acuerdo con ambas aseveraciones y menos generalizar.  Empiezo por los antecedentes a la situación actual.

El aparato estatal creció extraordinariamente cuando el estado moderno costarricense se empezó a conformar luego de la revolución de 1948. Ciertamente se dio el cambio de modelo de desarrollo -si es que antes había uno quizás de clase alta y clase bajo- con garantías sociales avanzadas para su época, hacia uno orientado al desarrollo de la clase media y de una incipiente industria amparada al exitoso en su momento Modelo Cepalino de sustitución de importaciones integrador centroamericano. Dicho modelo exigía una mayor institucionalidad que ofreciera los servicios requeridos en un país donde el sector privado tradicional exhibía serias limitaciones. Así mismo, era una excelente forma de desarrollar la clase media con la capacidad de compra que requería el Modelo Cepalino que se sustentaba en consumo local.

Con el tiempo el esquema institucional desarrollado fue perdiendo brillo y efectividad, lo que se manifiesta en una cada vez mayor carga tributaria; el aparato estatal no está dando la talla. Además de caro de mantener, pareciera estar sobredimensionado y sobre cargado de funcionarios, lo que puede atribuirse a la inercia del crecimiento así como al hecho de que durante años el aparato estatal se convirtió en empleador residual.

El empleo que se da en el aparato estatal no siempre se fundamenta en tareas necesarias para coadyuvar a la buena marcha de la socio economía y el sistema político sino que para tener al menos semi ocupadas a las personas contratadas innecesariamente, las despectivamente conocidas popularmente como “botellas”, genera procesos no requeridos que devienen en lo que se podría denominar “burocratización innecesaria” o “tramitología” y clientelismo político. Ésta práctica infla costos y al final es la sociedad la que termina pagando, afectándose de paso la calidad de los servicios y la capacidad competitividad del aparato productivo a nivel internacional.

El objetivo primordial de una ley general de empleo no debería ser el lograr un acuerdo con el FMI, ciertamente vital en estos tiempos.  Se trata fundamentalmente de corregir costosos y desproporcionados desequilibrios desarrollados al amparo de un evidente descontrol que atenta contra la ética, la moral y la constitución, contrario a los mínimos estándares requeridos por cualquier país que aspire a ser de vanguardia en cuanto a su desarrollo. Espero que el proyecto de ley sea aprobado aún si no es perfecto pero perfeccionable a futuro. Es un cambio radical de mentalidad que el aparato estatal requiere.

Hay otra cara del empleo público que se trata desdeñosamente. Me refiero precisamente a la buena gestión pública, la que promueve la eficiencia y la eficacia en el sector público.

Percibo en términos generales que a nivel alto y medio en las instituciones públicas a nivel propio de cada una y en su dimensión subsistémica y sistémica, la gestión es poco seria y desdeñosa de las prácticas de gestión pública interdisciplinarias más elementales.  Para el caso que aquí nos ocupa se trata de organizar adecuadamente y estimular óptimamente al recurso humano, el más valioso de todos los factores de producción, alrededor de las tareas propias de un aparato estatal bien concebido y adecuado a cada etapa del desarrollo. Sin gestión correcta no es posible adaptar las entidades del estado a las nuevas demandas. En ese proceso adaptativo el recurso humano es esencial y un deber del Estado el promover el desarrollo personal de aquel colectivo e individualmente.

El buen gestor o gerente público debe estar formado no solamente en los temas convencionales de la administración.  Debe de ser además un inspirador que motive al funcionario público a laborar con alto sentido de responsabilidad, con un nivel de logro muy alto y un sentido de servicio extraordinario, sin esperar remuneraciones exorbitantes propias de sectores en los que el riesgo laboral que se asume es mayor. Éste es uno de los aspectos a tomar en cuenta por quien aspire a servir desde el sector público: la seguridad y oportunidades de desarrollo personal que da el trabajar en el aparato estatal, ojalá bajo un esquema de servicio civil homogéneo de primer orden que ofrezca estabilidad no inamovilidad, reduce la necesidad de un ingreso mayor que el que paga el resto de la economía.

Para corregir la situación se requiere que los funcionaros en cargos de gestión a nivel alto al menos hayan cursado un PAGP (Programa de Alta Gerencia Pública), que les dé las herramientas mínimas para fomentar un nivel superior de servicio, productividad y eficacia. Se comete el error de nombrar expertos en la temática institucional correspondiente pero muchas veces con carencia total de capacidad de gestión. Se ha probado que es mejor un gerente capaz de asesorarse bien, que un técnico gestionando sin formación para ello. Necesitamos gerentes públicos que tengan los objetivos claros, que entiendan la dimensión sistémica de la gestión pública y con capacidad de diseñar estrategias en función a los objetivos y traducirlas en acciones prácticas. Ojalá con la capacidad de ver el mundo con amplitud, no por una rendija como muchos hoy en día lo hacen y ubicarse correctamente para beneficio de Costa Rica.

Lanzo un reto a las instancias de educación  superior que se encargan de formar a nuestros gerentes públicos para que revisen sus esquemas y a la Dirección General de Servicio Civil con el respaldo técnico de MIDEPLAN, para que se asegure de que quienes asumen tareas de gestión pública a todo nivel, tengan una formación mínima apropiada, idealmente en el marco de una legislación de empleo público moderna y adecuada a las posibilidades y necesidades del país.



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