Carlos Víquez: La criminalización de la política en el caso de Óscar Arias (I)

Había una vez una sociedad en la que todo el mundo juzgaba lo que fuera, aún sin conocimiento, en donde las redes sociales se habían convertido en un espacio para poder exponer insultos impunemente y alguna que otra mentira con ánimo destructivo.

En el marco de ésta sociedad, que no es ni más ni menos que la actual sociedad costarricense, asume el cargo como Fiscal General de la República una mujer valiente, no lo dudo, pero que quiso hacerse ver a sí misma como una superhéroe en la lucha contra el crimen, para darle a un pueblo, que denotaba un claro hastío hacia la clase política, el circo que le estaban pidiendo.

De forma irresponsable, a mi parecer, la autoproclamada heroína arremetió contra algunos políticos en pro del espectáculo y el escarnio público haciendo parecer que la fiscalía perseguía más los likes de facebook que el propio objetivo que debe perseguir en procura de la justicia penal, independiente e imparcial buscando castigar al culpable y proteger al inocente.

La inquisición parece buena, en comparación, por que en la arremetida fiscalizadora -estilo “inquisición siglo XXI”-, se llevó por delante a personas, incriminándolas, estigmatizándolas, persiguiéndolas, y sentenciándolas pero no en un juzgado ni ante un juez, si no ante el ante el publico y por medio de la prensa, en un juicio político sin derecho de defensa sujeto a la difamación pública y al daño irreparable del honor de las personas perseguidas sin importar lo que al final dicte una sentencia judicial.

Mucho cuidado debe tener la Fiscalía cuando de investigar se trata a una persona de bien por que con la acusación, la fiscal se convierte en acusador, juez y verdugo al mismo tiempo; en una época en la que el ciudadano impaciente busca la inmediatez, no está dispuesto a esperar a la sentencia al final del proceso y se juzga y se fusila en el momento en que las redes sociales replican las primeras noticias.

Tal y como decía Luigi Ferrajoli:
“Piénsese en el uso de la incriminación como instrumento de culpabilización preventiva y de estigmatización pública, y, por otra parte, en la proliferación de millones de procesos cada año, no seguidos de pena alguna (…). Estamos obviamente, ante casos de patología judicial, pero se trata de una patología que evidencia la posibilidad de hacer uso del proceso para la punición anticipada, la intimidación policial, la estigmatización social, la persecución política, o para todos estos objetos juntos. Es indudable que, por encima de las intenciones persecutorias de los instructores, la sanción más temible en la mayor parte de los procesos no es la pena – casi siempre leve o inaplicada- sino la difamación pública del imputado, que ofende irreparablemente su honorabilidad y sus condiciones y perspectivas de vida y de trabajo; y si hoy puede hablarse todavía del valor simbólico y ejemplar del derecho penal, se atribuye no tanto a la pena como al proceso y más exactamente a la acusación y a la amplificación que realizan, sin posibilidad de defensa, la prensa y la televisión”.
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.

Definitivamente mucho cuidado no tuvo la Fiscalía en el caso de Oscar Arias y el Proyecto Minero Crucitas. La Fiscalía General indagó a Arias por un supuesto delito de cohecho, que luego no investigó, ni acusó, ni pidió desestimar.

¿Cuál era entonces el objetivo de esa indagatoria? Pareciera ser que una indagatoria que no se investiga, que no lleva a acusar y que no se desestima, que simplemente se deja abandonada en una oficina, no tendría más objetivo, más justificación que el de generar una pena mediática, mediante el sometimiento a proceso penal, sin importar lo que pudiera pasar luego con la acusación.

Cuando la defensa formuló un recurso de amparo, denunciando atropellos procesales, la Fiscalía General se apuró a reconocer que ese supuesto delito estaba prescrito desde antes de indagar a Oscar Arias…

En el caso del supuesto prevaricato, se presentó como acusación una teoría conspirativa, según la cual don Oscar Arias impulsó un plan delictivo, para aprobar un proyecto minero a toda costa, sabiendo que era ilegal.

Esa “teoría”, puede servir para generar titulares de prensa, pero no para fundar una sentencia condenatoria. Sobre todo, si consideramos que la concesión de Industrias Infinito se siguió tramitando durante el gobierno de don Abel Pacheco, que la Procuraduría General de la República defendió todo lo actuado, y que la Sala Constitucional validó el proyecto. Si contrastamos la acusación con esa verdad histórica, la hipótesis de la Fiscalía se cae en pedazos…

Si la falta de objetividad es una de las puertas de entrada de la corrupción, debería la Fiscalía tener mucho cuidado de estar contribuyendo con lo mismo por lo que debería haber luchado por erradicar, viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro.