El cemento chino: ¿la estafa maestra?

Entretelones de una colección de irregulariades

El estado de la industria de la construcción es siempre un tema de importancia para un país ya que si bien no dice completamente las condiciones de la economía, si da señales del grado de posible retroceso, estancamiento o avance, pues es un factor dinamizador de la actividad económica.

Rápidamente recordemos que se ha debatido fuertemente sobre los costos de la construcción y principalmente de sus insumos básicos: nos referimos al cemento cuyo precio es muy alto impactando al proceso constructivo. De hecho, en diferentes círculos se ha debatido sobre los precios y el duopolio (dos productores), que existe en esta materia, lo cual hace necesario crear alternativas sin dejar de lado las exigencias técnicas y las normas de calidad y resistencia del cemento y demás insumos para la construcción.

De hecho, se debatió durante el 2014 sobre el tema y de la necesidad de modificar esta situación y hacer cambios en la realidad actual. Sin embargo, el Gobierno de la República ni el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), efectuaron una declaración clara, consensuada y transparente sobre el tema.

Es hasta el año 2015 que el MEIC sin mayores explicaciones emite un decreto ejecutivo variando términos técnicos, y permitiendo la importación de cemento de China. Esta decisión no fue respaldada en una directriz adecuada, ya que no respondió a criterio de largo plazo, y lo más grave es que se bajó o flexibilizó la regulación existente anteriormente en este tema.Una situación que llama poderosamente la atención es que tanto LANAME de la Universidad de Costa Rica y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, manifestaron formalmente su oposición a estas reformas llevadas adelante por el gobierno.  Así, de un plumazo se borraron las normas técnicas vigentes en este campo y a su vez se da origen a una práctica inadecuada que lleva a nuevas formas de concentración del mercado cementero dirigidas a favorecer un caso particular y de interés determinado.

Como una obra de teatro, en forma casi paralela el Ministro de la Presidencia sostiene reuniones con el empresario interesado en importar de China, para discutir con ellos sobre un tema que se sustenta más en acuerdo político que en un apoyo al sector empresarial. Todo esto habría sucedido en seis visitas del empresario a la misma Casa de Cristal, pero a puerta y cortinas cerradas.

Como en un tercer acto de esta obra, el Banco de Costa Rica (BCR), toma decisiones que se relacionan con el primer y segundo acto: el Banco de Costa Rica en sesión de Junta Directiva decide modificar el reglamento general de crédito en sus articulo 12 y 15 para que un cliente en particular, pudiera responder como garantía de crédito con el bien perecedero: en este caso con sacos de cemento.

Esto es a todas luces lesivo con las mismas prácticas de garantía y respaldo financiero que debe tener un mismo banco. De esta manera burda se erosiona la confianza bancaria tema harto discutido desde la crisis del 2008, cuando se recomendó ser más estrictos y que para ciertos préstamos debe existir garantías y estudios adecuados. En este tercer acto se rompe con los criterios de un adecuado manejo de la cartera bancaria.

Pero esto no se queda en un tercer acto, sino que el empresario se reúne con el Presidente en diciembre del 2015, con ello se inicia el cuarto acto a reglón casi seguido se da la aprobación del crédito por el Banco de Costa Rica con un aval repetimos, totalmente inseguro y en este mismo cuarto acto aparece en escena una empresa casi fantasma en Hong Kong, que recibe el dinero transferido del Banco de Costa Rica. Este tipo de acciones recuerda prácticas que llevaron al descalabro a otros bancos públicos.

A la par de este quinto paso se da un pequeño pero significativo sexto paso, donde la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda da una habilitación temporal de zona primaria a 20.000 toneladas de cemento importado de China sin pagar los impuestos del caso al amparo del privilegio hacendario.  Posiblemente esta situación no hubiera sido conocida por los costarricenses, si no es por la denuncia del Sindicato del Ministerio de Hacienda que advierte de esta lesiva situación.

Aquí es clara la doble moral en el discurso oficial del gobierno… Por una parte, a la ciudadanía se le pide y exige que se paguen los impuestos, mientras que en un caso excepcional a una empresa que importa cemento de China se le da tiempo para que importe y que después efectué los pagos de correspondientes.

En el epílogo o acto final se sucede una serie de situaciones que hacen de este caso una situación que merece la atención de los costarricenses: en redes sociales circuló un supuesto audio (grabación) donde el citado empresario ofrece beneficios personales con el fin de obtener aprobaciones y agilizar trámites, estando claro que el negocio no necesariamente será exitoso.

Este epílogo o más bien sainete sigue, ya que en el tema surgen fuertes críticas a la Presidenta de la Junta Directiva, Paola Mora quien había tenidos nexos con el empresario y había impulsado el préstamo en el seno de la Junta Directiva del BCR y que una vez ventilados los hechos, renuncia el 4 de Julio de la Presidencia de la Junta Directiva, no, así como miembro de la misma.  El día en que se realizaría la sesión de Junta Directiva del BCR y en cual se conocería la renuncia, la sesión se suspendió por una amenaza de bomba en el mismo Banco BCR, debiendo evacuarse el edificio central.

Distintas consideraciones se pueden dar ante esta serie de actos que manchan la ética pública: los nexos inadecuados entre empresarios y quienes toman las decisiones en materia de regulación sobre sectores de la economía, la intervención directa de amiguismos para favorecer desde el Estado a algunos empresarios, la atención prioritaria que se le da a un solo empresario en diversas instancias desde Casa Presidencial, actos y decisiones administrativas que riñen con las buenas prácticas financieras.

Sobre todo, cuando se gobierna en beneficio de intereses oscuros, irrespetuosos de la normativa jurídica y se actúa al filo de lo permitido a la administración. El actuar contra las normas del buen gobierno da pésimas señales a la ciudadanía, cansada de las acusaciones de corrupción, del descrédito y de la confianza en el sistema político, lo cual no es ficción, ya que los estudios independientes de la propia Contraloría General de la República reflejan el sentir del costarricense: en los últimos dos años se ha incrementado la corrupción en el gobierno.

 

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