El informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe es una publicación semestral elaborada en forma conjunta por la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tras siete semestres de aumentos interanuales de la tasa de desocupación urbana abierta de América Latina y el Caribe, en el primer semestre de 2018 se registró por primera vez una reducción —aunque muy pequeña— de 0,1 punto porcentual, como resultado de un aumento interanual de la tasa de ocupación de 0,2 puntos porcentuales y una leve desaceleración del incremento de la tasa de participación. El incremento de las tasas de ocupación y de participación obedece a la creciente inserción laboral de las mujeres.
Con respecto a la calidad media del empleo, la expansión del trabajo por cuenta propia pone de manifiesto un nuevo deterioro, ya que esta categoría se suele caracterizar por condiciones laborales más precarias que el empleo asalariado, sobre todo en el actual contexto de crecimiento económico lento. Los salarios reales en la mayoría de los países siguieron registrando aumentos moderados, pero en general presentaron tasas menores que en el año anterior. A lo largo del año, la reducción en la tasa de desocupación se ha situado por debajo de las proyecciones hechas a fines de 2017, debido a que el crecimiento económico de la región resultó menos dinámico de lo esperado.
La proyección del crecimiento económico para 2018 bajó del 2,2% a fines de 2017 al 1,3% en octubre del año en curso. En este nuevo escenario menos optimista se prevé que, en el promedio de 2018, la tasa de desocupación urbana presente pocos cambios respecto a 2017, ubicándose nuevamente en torno al 9,3%. En este contexto, las políticas del mercado laboral y de protección social seguirán siendo de importancia crucial para la protección del bienestar de la población. La segunda parte del informe trata de los desafíos medioambientales que afronta América Latina y el Caribe y sus múltiples conexiones con la generación de empleo productivo y trabajo decente.
Si bien la región cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, está perdiendo su riqueza natural a causa del deterioro ambiental que provoca el actual modelo de desarrollo. El deterioro medioambiental afecta también negativamente al mundo del trabajo, por lo cual es urgente una transición hacia un modelo más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como laboral. En muchas instancias, las mejoras medioambientales y las mejoras laborales podrán ocurrir simultáneamente. Por ejemplo, se proyecta que la transición hacia la sostenibilidad energética genere más de un millón de empleos en América Latina y el Caribe hacia 2030. De igual manera, la transición a una economía circular, en la que se mejora la eficiencia y la vida útil de los materiales al promover la durabilidad y la capacidad de reparación, remanufactura, reutilización y reciclaje, conllevaría ganancias de empleo en la región.
Esta transición generaría 4,8 millones de puestos de trabajo netos en 2030, ya que la creación de empleo en sectores de reprocesamiento de acero, aluminio, madera Número 19 6 CEPAL | OIT y otros metales compensará con creces las pérdidas asociadas a la extracción de minerales y otras materias. Sin embargo, las transiciones medioambientales también llevan aparejados desafíos para el mundo laboral y la necesidad de desarrollar competencias adecuadas de la mano de obra. Para impulsar una transición medioambiental que optimice la creación de empleo y el trabajo decente existen ya algunas normas, marcos jurídicos y políticas, tanto a nivel internacional como nacional. Por ejemplo, algunos convenios medioambientales multilaterales hacen mención directa a las normas internacionales del trabajo, como en los casos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (2006) y el Convenio internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques (2009). Estos convenios consideran las normas internacionales del trabajo como marcos jurídicos relevantes para su implementación.
El Acuerdo de París, en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015), también incluye dimensiones clave del mundo del trabajo. A nivel nacional, tomando nuevamente el ejemplo de la transición energética, la inclusión de temas laborales en los marcos jurídicos es un primer paso para asegurar que la transición sea justa y traiga consigo trabajo decente. En una muestra de siete países de América Latina y el Caribe, en seis los marcos jurídicos del sector energético hacen mención explícita al desarrollo de competencias y a la investigación y desarrollo. En cinco países se hace referencia general al mundo del trabajo y en cuatro países a la creación de empleo. Sin embargo, en ninguno de los países se menciona el diálogo social, que es un mecanismo para avanzar hacia una transición justa.
Los pagos por servicios ambientales también pueden contribuir al logro de objetivos sociales y medioambientales. Los servicios de los ecosistemas por lo general no están sujetos a intercambio de mercado y se proporcionan a costo cero, por lo cual no existe incentivo para su mantenimiento. Los pagos por servicios ambientales pretenden generar incentivos para su conservación, al tiempo que generan ingresos para individuos y comunidades. Bajo ciertas condiciones, los pagos por servicios ambientales pueden contribuir a la labor de erradicación de la pobreza. Tal es la lógica del Programa de Pago de Servicios Ambientales de Costa Rica, el Programa de Pago por Servicios Ambientales en México o el programa Bolsa Verde en el Brasil. Este último ofrece transferencias monetarias a hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad a cambio de servicios que protejan los bosques.
Para lograr una transición capaz de crear empleo decente y que sea justa para todos, es clave la complementariedad de las políticas. Las políticas en pro de la sostenibilidad medioambiental deben ir acompañadas de marcos jurídicos integrados y de políticas de protección social, de desarrollo de competencias y de igualdad de género, que promuevan el diálogo social.
Alicia Bárcena Secretaria
Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
José Manuel Salazar Xirinachs
Subdirector General Director Regional Oficina Regional para América Latina y el Caribe Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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