CEPAL: Panorama Social de América Latina 2018

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CEPAL. La erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, así como la reducción de la desigualdad, en todas sus dimensiones, continúan siendo desafíos centrales para los países de América Latina. Aun cuando la región logró importantes avances en este ámbito entre comienzos de la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en lo que respecta a la pobreza extrema. Este hecho es preocupante y enciende señales de alerta, en especial en un contexto regional de bajo crecimiento económico y profundas transformaciones demográficas y en el mercado de trabajo.

En este escenario es imperativo desarrollar y fortalecer las políticas públicas de protección social y las del ámbito del mercado de trabajo, abarcando medidas de inclusión social y laboral, así como políticas redistributivas en materia de ingresos. Para ello es fundamental proteger y preservar el gasto social, fortalecer la institucionalidad social y laboral, y prestar especial atención a las causas que redundan en que la pobreza y la exclusión afecten de manera desproporcionada a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a las mujeres en edad productiva y a las personas indígenas y afrodescendientes.

Desde mediados de la década pasada los ingresos laborales, las pensiones y las transferencias monetarias a los hogares más pobres han desempeñado un rol clave en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos. A partir de 2015 se deterioraron importantes indicadores laborales: aumentaron las tasas de desocupación y se interrumpió el proceso de formalización del empleo que había tenido lugar en diversos países en los años anteriores.

En ese contexto, la red de protección social que se amplió y fortaleció en la región a partir de comienzos de la década de 2000, contribuyendo a las mejoras observadas hasta mediados de la presente década, ha cumplido un rol fundamental para contener deterioros distributivos y evitar mayores retrocesos en los niveles de pobreza, extrema pobreza y desigualdad de ingresos.

El gasto social del gobierno central, a su vez, a pesar del contexto de ajustes fiscales, mantiene su importancia en el gasto público total y en 2016 experimentó una leve alza respecto de 2015, ubicándose entre los valores más altos como porcentaje del PIB desde el año 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, lo que es alentador y ha constituido un factor fundamental para la expansión de las políticas sociales y del mercado de trabajo aplicadas en ese período.

Sin embargo, tanto en términos absolutos como relativos, los niveles de gasto social de la región son significativamente inferiores a los que presentan los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea. Eso incluye también el gasto público destinado a políticas del mercado de trabajo, en particular a aquellas dirigidas a la protección ante el desempleo. Además, persiste en la región una alta heterogeneidad entre subregiones y países en lo que respecta a los niveles de gasto social, y son justamente los países con mayores requerimientos en cuanto a lucha contra la pobreza y servicios para garantizar derechos sociales y alcanzar las metas sociales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible los que cuentan con menores recursos, tanto per cápita como relativos a su PIB.

Esto significa que, a pesar de los avances, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales, en especial en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social. El aumento del gasto social ha sido clave para el logro de los avances registrados en materia de reducción de la pobreza y de desigualdad y otros indicadores de desarrollo social. Fortalecer el gasto social es aún más imperativo en contextos de mayor inestabilidad y volatilidad económica. Entre 2002 y 2016 también se produjeron avances importantes en América Latina en términos de inclusión social y laboral, pero persisten brechas estructurales que afectan en forma más acentuada a las mujeres y los jóvenes, así como a las personas indígenas, afrodescendientes y con discapacidad.

Han mejorado significativamente indicadores de inclusión social relacionados con la educación, la salud y la infraestructura básica, pero persisten importantes brechas de acceso y de calidad de los servicios. Los indicadores de inclusión laboral también evolucionan positivamente, a pesar de la persistencia de desafíos estructurales, como la insuficiente generación de empleo productivo y de calidad, los bajos ingresos y los altos niveles de informalidad y desprotección en el trabajo. Las políticas públicas de protección social y las referentes al ámbito del mercado de trabajo han sido fundamentales para conseguir los avances mencionados, pero deben ser reforzadas ante los cambios en el mundo del trabajo relacionados con la nueva ola de innovaciones tecnológicas y la necesaria transición hacia una economía ambientalmente sostenible.

En ese contexto, las desigualdades de género deben ser abordadas explícitamente, para evitar su profundización. Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias clave como la promoción de la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad.

Frente a un escenario de incertidumbre y cambios, es prioritario reforzar las políticas sociales y del mercado de trabajo con una perspectiva universalista, apostando por el desarrollo de capacidades que permitan aprovechar las nuevas oportunidades y no solo hacer frente a los riesgos. La política social debe promover el avance simultáneo de la inclusión social y laboral, y guiarse por una vocación universalista y sensible a las diferencias, con un enfoque de igualdad y de derechos.

A pesar de la importancia del compromiso de todos los países de la región con la erradicación definitiva de la pobreza, ese no es el único objetivo de la política social. Además de eso, e incluso para que la superación de la pobreza sea posible, es necesario avanzar en la senda de la igualdad y en la construcción de Estados de bienestar para toda la población, en los que la protección social sea un derecho efectivo.

 

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