CINPE: Medidas de política económica para Costa Rica ante la crisis mundial del COVID-19

Centro Internacional de Política Económica y Desarrollo Sostenible Universidad Nacional

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Olman Segura Bonilla, Economista (Ph.D.). Director del CINPE, Universidad Nacional.

El COVID-19 ha llegado como una amenaza mundial que ha desestabilizado al orbe completo. Por la pandemia desatada, los sistemas sociales, políticos y económicos han sido vulnerados y aún es difícil precisar sus efectos finales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado que la pandemia del coronavirus tendrá un impacto sobre la economía mundial más fuerte a los sufridos durante la crisis económico-financiera global de 2007-2008. Se estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional lo que puede elevar la tasa de desempleo hasta en 10 puntos porcentuales, aumentando los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Las previsiones de crecimiento para nuestros principales socios comerciales han sido revisadas a la baja. FitchSolutions prevé un crecimiento de los Estados Unidos del 0,9% (anterior 1,6%), China del 4,2% (anterior 5,2%); por su parte Moodys ha revisado sus pronósticos considerando un crecimiento de tan sólo 0,5% para Estados Unidos, 4,4% para China y 0,7% para la zona del Euro. Estas previsiones pueden ajustarse a la baja e incluso pueden ser negativas, dependiendo del avance de la pandemia y su impacto en la dinámica económica de los diferentes países.
Resulta evidente que los efectos de esta crisis del coronavirus se trasladan rápidamente al mercado de trabajo aumentando el desempleo en prácticamente todos los sectores de la economía. Esta situación que se verá agravada por una menor demanda de nuestros productos en el extranjero, una disminución casi total del turismo y una menor demanda interna. Es muy probable que el desempleo llegue a cifras alrededor del 20-22% y desde luego la pobreza y la pobreza extrema aumentará en proporciones similares. Por otra parte, un problema adicional es que la reinserción de estas personas desempleadas será relativamente lenta, porque la recuperación será paulatina.
Ante este escenario en Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, primero, hace un llamado respetuoso y vehemente a toda la población para que acatemos todas las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud (MS) nos está solicitando. Segundo, propone una serie de medidas de política económica de mediano, corto y plazo urgente, que acompañen las acciones que ya se han venido discutiendo en la Asamblea Legislativa y por parte del Poder Ejecutivo, para mitigar los efectos económicos de la crisis:

Para el plazo urgente inmediato:

1. Sistema de salud: Priorizar las medidas para proteger la salud de la población y garantizar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud los recursos necesarios para atender la emergencia del COVID-19 por el periodo que sea necesario.

2. Plan de Salvamento: Crear un FONDO para un programa inmediato y solidario de salvamento para las personas trabajadoras del sector no público (sector privado, cooperativo, asociativo, etc) de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para el pago parcial de los salarios condicionado a no despedir a los trabajadores.

Se propone que los recursos para el financiamiento de este fondo provengan de:

a) Recursos provenientes de la caída estrepitosa del precio del petróleo. Solicitar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) no aplicar las solicitudes de rebaja tarifaria solicitadas por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), las que se encuentran en curso y las siguientes por un periodo de 6 meses para que estos recursos sean destinados a dicho fondo. No se trata de un impuesto más a los combustibles, sino la propuesta es dejar el precio como está.
b) Un impuesto a las bebidas alcohólicas de ¢0,25 colones por mililitro a la cerveza y de ¢0,30 colones por mililitro a otras bebidas alcohólicas, durante un plazo de seis meses. Esto podría generar unos US$45.000.000. El fondo debe dirigirse a atender parte de los trabajadores que ven cesados sus ingresos en el sector turismo.
c) Uso de unos US$ 100 millones de recursos acumulados por FONATEL, que no han sido utilizados y que deben ocuparse en esta emergencia.
d) Uso de un 75% de las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS) del último año.
e)Recursos de los diferentes ministerios o instituciones públicas descentralizadas que aumenten su eficiencia y eviten la sustitución de personas recientemente pensionadas o que han renunciado; excepto en el sector salud y de seguridad.
f) Ahorros por alquileres no ejecutados, viajes al exterior, viáticos, mantenimiento de carreteras y otros recursos que no se utilizaron y no se van a utilizar debido a la pandemia.

3. Potenciar el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI): En especial con la crisis actual, el empleo rural no se debe olvidar. Planteamos desarrollar una política agro-productiva y de seguridad alimentaria de carácter nacional, que garantice mercados estables a los pequeños y medianos productores agropecuarios organizados.

    • Replantear el PAI como un organismo independiente del CNP y de carácter técnico conformado por especialistas en mercadeo agropecuario y consolidación de mercados, para favorecer a los pequeños y medianos productores organizados.
    • Establecer alianzas con el Programa de Incremento de Mercadeo Agropecuario (PIMA), para vincular el PAI con la filosofía de mercados de circuitos cortos que el PIMA está desarrollando a nivel regional.
    • La banca pública debe capitalizar el PAI para dotarlo de un “colchón” financiero que permita acortar los tiempos de pago a los proveedores a menos de 30 días (muy aproximadamente se ocupan como 3.000 millones de colones para honrar pagos durante 60 días). El PAI debería de operar con autofinanciamiento, cobrando un pequeño porcentaje de intermediación.
    • Se debe desarrollar toda una promoción de mercados en línea, en donde se pueda ofertar desde el PAI alimentos frescos y de calidad, dirigido a hoteles y a compradores mayoristas. Para esto se ocupa contratar especialistas en mercadeo por internet.
    • Se debe establecer una alianza con la escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y con el parque agroindustrial del país, para desarrollar productos agroalimentarios, intermedios procesados o finales, que se puedan desarrollar desde emprendimientos locales en regiones rurales.
    • Se deben reforzar los controles de calidad de lo que se entrega y para eso es crucial el involucramiento de los Servicios Fitosanitario del Estado (SFE) y las escuelas de nutrición de las universidades.

4. Cadenas cortas de bienes básicos durante y después de la emergencia: Las cadenas cortas son aquellas que acercan al productor con el consumidor en espacios locales y son como mecanismo de desarrollo productivo. En Costa Rica hay institucionalidad que las ha promovido, en especial las ferias del agricultor, con 76 operando a lo largo del país, los Centros Agrícolas Cantonales (CAC), Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (CEPROMA), los nuevos diseños de los mercados mayoristas, como el Mercado Regional Chorotega, en Carrillo de Guanacaste.

    • Esta opción debe vincularse con la provisión de frutas, verduras, productos de panadería y también agroindustria de pequeña escala; permitiendo fortalecer redes de comercialización para los sectores de ingresos medios y bajos, en una coyuntura que obliga a maximizar los ingresos satisfaciendo las necesidades básicas. Ello creará la posibilidad de un potencial vínculo con sectores en recuperación como el turismo.
    • Promover la profundización de estas redes cortas con el desarrollo de plataformas virtuales, que complementen las plataformas físicas disponibles. La generación de circuitos económicos en el nivel local, municipal, podrían conectar pequeños productores agrícolas, pequeña agroindustria y distribuidores locales. Las universidades serían vitales en el aporte de las plataformas virtuales.
    • El apoyo técnico y financiero adicional que se requiera es importante, porque puede crear bases rápidas para la reactivación de la actividad económica en los momentos pos-pandemia. La Banca para el Desarrollo debe promover e invertir de manera expedita en estas iniciativas.

5. Seguridad alimentaria: Mantener la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) a familias que tienen estudiantes en el sistema educativo y utilizan el servicio de comedor estudiantil y que con ocasión de la pandemia no están asistiendo a clases.

6. Moratoria para los créditos hipotecarios y reducción de la tasa de interés. Establecer una moratoria de un año para el pago de los créditos hipotecarios y reducir las tasas de interés de estos, tanto para vivienda como productivos en vez de que los bancos estatales carguen intereses moratorios o ejecuten garantías. La reducción de la carga de los compromisos financieros es importante y es fundamental que el sector financiero muestre solidaridad ante la crisis.

7. Acceso al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Aprobar el Expediente Legislativo 21.856 para que se amplié e incluya la posibilidad de que las personas trabajadoras pueda acceder de forma expedita al FCL cuando se les reduce la jornada laboral y no sólo cuando quedan sin empleo.
Para el corto plazo (este año 2020):

8. Robustecer los mecanismos de Defensa Comercial: Para fomentar las economías rurales en tiempo de crisis del COVID-19 y desde la arista de defensa comercial se debe:

    • Proyectar y monitorear la existencia de productos básicos y otros productos agrícolas de consumo masivo, a fin de garantizar el abastecimiento nacional. Solo en caso de prever faltantes, incentivar las importaciones de productos específicos. No se trata de generar normativa proteccionista, sino más bien, de que los compromisos asumidos por Costa Rica a nivel multilateral (OMC) y regional (p.e Protocolo de Guatemala) en materia de defensa comercial puedan ejecutarse de forma más efectiva y expedita.
    • La generación de estadísticas de producción y compras es esencial para la dinamización de sectores agrícolas y agroindustriales específicas, así como también para la toma de decisiones.
    • Las operaciones básicas del comercio exterior (importaciones, exportaciones y tránsito) debe seguirse promoviendo a través de los procesos de facilitación del comercio.

9. Renta Básica Universal: Pasar del actual esquema de transferencias condicionadas a uno de renta universal mínima, transfiriendo a las familias pobres, desempleados y personas excluidas del sistema económico, un equivalente a lo requerido para vivir dignamente. La renta universal será vital para garantizar que las personas excluidas puedan convivir e interactuar en la sociedad sin ser condenadas a la pobreza extrema o a ser presa de la acción del narcotráfico y otros males. La disminución o eliminación de gastos en programas que no han logrado reducir la pobreza de un 20% en los últimos 25 años, financiaría este programa cargando un porcentaje a las utilidades de los bancos y demás entes que practican algún tipo de intermediación financiera, complementado con un impuesto al quintil de mayor ingreso de nuestra sociedad. Una vez que las personas pueden tener una renta superior por sus propias competencias, saldrán de este estatus y podrán seguir disfrutando de las ventajas de superar su condición de exclusión social.

10. Regulación económica: Implementar un fuerte control de precios de oligopolios en el sector de medicinas, sector construcción (cemento y materiales de construcción), bancario, entre otros, como una medida por mantener precios justos, contribuyendo a abaratar los costos en el país.

11. Teletrabajo: Mantener el teletrabajo en todo el sector público para promover el ahorro en recursos para el Estado como electricidad, agua, teléfono, suministros entre otros. Igualmente mantenerlo en todas las actividades que se pueda en el sector privado. Las personas obtendrán una mejor salud mental y menor estrés, al reducir las horas que gastan atrapados en la congestión vehicular y poder compartir con sus familias mayor tiempo.

12. Fijar una tasa de interés de usura. Resolver el expediente Legislativo No. 20.861 que regula la definición de la tasa de usura, pues a pesar de que el BCCR ha bajado la Tasa de Política Monetaria de 5,25% de marzo de 2020 a 1,25% en marzo de 2020, las tasas de interés en el sistema bancario nacional no han bajado; menos aún en las tiendas comerciales que venden a crédito. Asimismo, es necesario insistir en que la Ley para la reducción de las tasas de cobro por el uso de datafonos en las compras con tarjetas, se implemente lo antes posible, pues esto reduciría la circulación de efectivo, produciría un mejor monitoreo de la actividad comercial e incluso una ligera reducción en los precios.

Para el mediano plazo (2020-2023):

13. Moratoria de la deuda pública internacional. El Gobierno debe solicitar la moratoria de tres años del servicio de la deuda externa a los organismos financieros internacionales, igual que lo están haciendo otros países.

14. Utilizar parte de las Reservas Monetarias Internacionales. El país tiene depositadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) suficientes reservas internacionales ($8.000 millones) para respaldar las transacciones internacionales que se realizan, por lo tanto, apoyamos la propuesta del Sr. William Hyden, de considerar el uso de una parte menor de las mismas para inyectar liquidez al mercado local, y brindar apoyo transitorio a la emergencia del COVID-19. Debe ponerse especial cuidado en el uso de los recursos para que se utilicen prioritariamente en la emergencia hospitalaria y de los trabajadores del sector no público.

15. Regla fiscal. Considerando que el endeudamiento del Gobierno Central muy probablemente tendrá que aumentar a más del 60% del PIB debido a la crisis, es conveniente relajar la regla fiscal durante dos años para que las instituciones públicas puedan invertir en la atención de temas urgentes.

16. Turismo: Desarrollar una estrategia publicitaria, por parte del ICT y la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), para que tan pronto se salga de la pandemia se incentive tanto al turismo internacional como nacional. Se deben establecer tarifas diferenciadas para que los nacionales elijan al país como la primera opción vacacional, pues en muchos casos los precios internacionales resultaban más baratos.

17. Empresas de servicios públicos. Es importante estar atento y vigilante de las condiciones productivas y garantía de continuidad de las empresas de servicios públicos, aunque realicen una moratoria de tres meses para el pago de sus servicios a la ciudadanía. La electricidad, telefonía, internet, servicios de agua, recolección de basura, provisión de combustible y otros no deben detenerse, menos por desatención de potenciales vacíos en la cadena de abastecimiento o cambios en el consumo, derivados de los cambios en las costumbres de los hogares.

18. Evaluación expedita de MIDEPLAN. Las medidas sugeridas, debe venir acompañadas de un riguroso y expedito análisis de MIDEPLAN que permita identificar los beneficios y los costos de estas, tomando en cuenta el contexto de emergencia que se esta viviendo y los valores de rigor, transparencia y prioridad a la vida de la cultura nacional.

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