Claudio Arturo Arce Ramírez: El desafío del aseguramiento de los trabajadores de las plataformas –  Hacia una propuesta de modelo híbrido para el país

Claudio Arturo Arce Ramírez, Economista.

Un desafío que tiene el Seguro Social es dotar de cobertura aseguradora a los trabajadores con empleo informal y en el caso que nos ocupa en este artículo, es el de las plataformas digitales.  El empleo informal según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC afecta a cerca del 37% de la población ocupada. Las plataformas digitales (Uber, Di Di, Rappi, PedidosYa, etc) se han convertido en la principal opción laboral de esta informalidad urbana, capturando a más de 40.000 conductores y repartidores (véase Artavia, M. L., & Fundación Friedrich Ebert (FES). (2023). “Plataformas digitales y precariedad laboral en Costa Rica: El caso de las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM)”. El perfil general de estos trabajadores indica que (Artavia; 2023) a) Predominan jóvenes de 20 a 34 años con predominio de la población migrante o refugiada (entre el 60% y 70% en el sector de reparto a domicilio); b) el 94% percibe ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Tras deducir costos operativos (combustible, mantenimiento, datos), casi el 50% cae por debajo del salario mínimo legal; c) el 65% labora 60 horas semanales o más y d) operan como «socios colaboradores», lo que los priva de aguinaldo, vacaciones, licencias médicas, pólizas de accidentes y del derecho al debido proceso ante bloqueos arbitrarios del algoritmo. Se estima que el 88,4% depende de esta actividad como su única fuente de ingresos.

A nivel internacional se observan diversas experiencias que tienen como fin dotar de aseguramiento en salud y pensiones a esta población. La promulgación de la Ley de Trabajadores de la Economía Móvil de 2025 (Gig Workers Act 2025 / Act 872) en Malasia marcó un hito en la doctrina jurídica internacional. El parlamento malayo resolvió el eterno dilema de la clasificación laboral mediante la creación de una tercera categoría legal o intermedia, reconociendo formalmente que estos prestadores de servicios no son ni asalariados tradicionales ni contratistas independientes puros. 

Sin embargo, la ley recibió críticas debido a que eximió a las plataformas multinacionales del aporte patronal directo para pensiones, trasladando el costo de la formalización al ingreso del propio trabajador. Otro país asiático, Singapur (Platform Workers Act 2024 en vigor desde 2025) obliga a las plataformas a realizar aportes patronales directos de forma gradual y segmentada por edad, complementados con un subsidio estatal transitorio para el trabajador (véase: AGC Singapore Statutes).  Tras una batalla judicial que escaló hasta la Corte Suprema, el Reino Unido forzó a compañías como Uber a reconocer a sus conductores bajo la figura estatutaria de «Worker«. Este estatus híbrido obliga a las aplicaciones a garantizar el derecho al salario mínimo nacional por el tiempo en que el conductor se encuentra conectado a la aplicación (no solo por el tiempo de viaje con pasajero), el pago proporcional de vacaciones y la inscripción automática a un fondo de pensiones donde la plataforma debe aportar obligatoriamente un 3% adicional de sus propios fondos.

La experiencia de América Latina es muy distinta.  En nuestra región, el abordaje ha rechazado la creación de una tercera categoría y ha optado por estirar o reformar los Códigos de Trabajo vigentes. Chile, mediante la Ley Nº 21.431 de setiembre 2022, reguló el mercado en el que establece un modelo binario regulado donde el prestador de servicios puede elegir autónomamente si registrarse como Trabajador Dependiente o Independiente, lo que obliga en este último caso a la plataforma a verificar las cotizaciones de salud y proveer de forma gratuita los implementos de seguridad ocupacional.  Por su parte, Colombia ejecutó la ofensiva más radical con su Reforma Laboral (Ley 2466 de junio de 2025), la cual introdujo un sistema de cofinanciamiento obligatorio compartido para los repartidores independientes de plataformas digitales: la aplicación está obligada por ley a asumir el 60% del costo total de la cotización a salud y pensión, mientras que el repartidor pone el 40% restante. El seguro de riesgos laborales por accidentes de tránsito pasó a ser financiado en un 100% por la corporación transnacional (véase: Alcaldía Mayor de Bogotá).  En nuestro país, el principal vehículo de discusión actual se concentra en el Expediente 23.736, un proyecto de ley titulado originalmente «Ley de Plataformas de Movilidad Colaborativa.  El proyecto en la Asamblea Legislativa ignora la perspectiva laboral y busca mitigar el conflicto entre taxis y apps.  Fuerza al chofer a asegurarse de forma externa como Trabajador Independiente tradicional (costo 100% del eslabón más débil) e introduce regulaciones rígidas como fijar una rentabilidad mínima por kilómetro, lo que genera resistencia comercial por riesgo de contracción de la demanda.  Ante los riesgos del Expediente 23.736 y la rigidez de forzar el empleo asalariado tradicional en un sector transnacional fluido, existe la oportunidad de formular una Propuesta de Modelo Híbrido para el país.  

Esta alternativa metodológica se basa en el principio de la Retención en la Fuente Indexada a la Tarifa, combinada con un esquema de Cofinanciamiento Tripartito Progresivo, inspirándose en el éxito de Singapur pero adaptándose de forma estricta a la arquitectura legal e institucional de la seguridad social nacional. La premisa económica fundamental es que la cotización no debe cobrarse como un monto fijo mensual, sino como un porcentaje fraccionado y variable indexado a cada transacción digital. El algoritmo de la aplicación operará por mandato de ley como el recaudador fiscal de la seguridad social: cada vez que un usuario cancele un viaje o un servicio de alimentación, el sistema segregará de forma inmediata los porcentajes de ley y los acumulará en un fideicomiso transitorio para su posterior transferencia a las arcas de la CCSS.

La arquitectura financiera de la propuesta arranca con una Tasa de Cotización Inicial del 3%, distribuida bajo un criterio de equidad social y justicia corporativa.  El 2% lo asume la plataforma (deducido de su comisión corporativa) y el 1% el trabajador (retenido automáticamente por viaje).  Sin embargo, la propuesta no puede estancarse en un 3% permanente, el cual sería calificado de insuficiente. Se plantea una fórmula de compensación dinámica y escalonada a 5 años hasta alcanzar una convergencia del 12% total en el año quinto (8% app / 4% trabajador), lo que logra igualar la tasa promedio de contribución de los trabajadores independientes formales en el Seguro de Salud.  Para cumplir con la norma de la CCSS que no permite cotizar con ingresos inferiores a la base mínima contributiva, se introduce un factor de ajuste de solidaridad financiado por un Fondo de Compensación Flotante Inter-Plataformas, alimentado por un micro-recargo en colones, que ha de ser determinado actuarialmente y cobrado a los usuarios en viajes con tarifa dinámica.

Este esquema de financiamiento no requiere recursos del Presupuesto Nacional.  La implementación de un modelo de retención indexada con cofinanciamiento patronal del 2% en un entorno de libre mercado digital conlleva riesgos de distorsión económica, evasión tecnológica y fraude de ley.  Para evitar que la reforma sea neutralizada por las estrategias corporativas de las multinacionales, la legislación debe estructurar una matriz de blindaje técnico y sancionatorio.   Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. Continuar atrapada en la parálisis legislativa por defender las rigideces del pasado es una renuncia implícita a los principios de solidaridad y universalidad de la seguridad social que convirtieron al país en un referente de desarrollo humano en América Latina. Llegó el momento de evolucionar hacia un Contrato Social Digital, donde la innovación tecnológica y los derechos fundamentales de los trabajadores de la economía móvil avancen en una misma dirección, y así garantizar que la riqueza generada en la nube sea compartida con los trabajadores.