¿Cómo estamos matando la democracia en Costa Rica?

De nada sirve acusar al populismo, tan exitoso en varias partes del mundo, si no construimos una democracia sólida

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Un libro, titulado Cómo estamos matando la democracia, ha despertado el interés de varios analistas y algunos políticos. El tema central es que hay actos y decisiones de distinta naturaleza que tienen, a corto o mediano plazo, el efecto, tal vez inconsciente, de abrir portillos que son empleados en forma exitosa por populismos, autoritarismos o francas dictaduras.

¿Qué pasa en Costa Rica? Lo más importante es que la población ha perdido su confianza en la democracia. Una encuesta produjo (para algunos) datos sorpresivos al sugerir que 2 de cada 3 jóvenes adultos prefieren migrar, si las condiciones lo permiten, que permanecer en el país. Además, una parte importante de la población aceptaría un régimen autoritario si con ello el país resuelve sus graves problemas. Nada nuevo para muchos de nosotros. He estado presentando, en forma reiterada, indicadores del Latinobarómetro 2017 que reflejan niveles precarios de confianza en nuestras principales instituciones. Veamos:

  • En el tribunal electoral: 46%
  • Poder Judicial: 43%
  • Gobierno: 25%
  • Congreso: 20%
  • Partidos políticos: 20%

La conclusión lógica es que las mayorías nacionales no confían en la democracia, pues esas son instituciones que representan sus principales bases estructurales. Sin embargo, en la política y en el Estado costarricense hay mucho que justifica el sentimiento popular de abandono y la angustia por el vacío de liderazgos, que no están a la altura de las circunstancias, incapaces de ofrecer una visión global de cambio y una hoja de ruta para recuperar el bienestar de hace algunas décadas y la vía hacia el progreso y el desarrollo.

¿Qué está pasando con nuestra institucionalidad? Los acontecimientos diarios nos lo dicen con notable claridad. Repasemos algunos de ellos.

  • Somos un Estado Unitario. Es decir, la función de gobierno tiene alcance estatal, de tal manera que la totalidad de los recursos apunten a las mismas metas nacionales. Pero, bajo los distintos regímenes de autonomía, muchas instituciones, que representan bastante más de la mitad de los recursos públicos, desconocen esa unidad de propósitos. De hecho, la autonomía no ha servido para mejorar eficiencia, pero sí para establecer salarios de lujo y pluses abusivos y desproporcionados. De un Estado unitario hemos pasado a un archipiélago donde cada componente actúa según sus intereses y preferencias.
  • La filosofía del pobrecito se ha apoderado del Estado. Transitamos por un camino de total permisividad, con estímulos para todo, pero sin disuasivos que impongan una disciplina acorde con la importancia de la función pública. Las concesiones y los estímulos han producido una clase improductiva y un entorno de impunidad total.
  • Bajo el influjo de ideologías cuestionables, hemos creado un Estado inmanejable, lo que significa también una democracia disfuncional. La Segunda República no dio una participación pública responsable, que luego se utilizó como vía para un Estado fuerte, pero evolucionó a un estado paquidermo, lento, inútil y enormemente costoso. Consta de más de 330 entidades públicas y 300 mil funcionarios (una buena parte innecesarios) que nadie puede manejar.
  • El costo actual del Estado es gigantesco. El presupuesto del 2019 es de 23 billones, que equivalen al 70% del PIB, posiblemente uno de los más costosos del mundo. Mientras esos sean los costos del Estado, el ciudadano seguirá sufriendo de acoso fiscal y tributario y el crecimiento económico no podrá llegar a los niveles necesarios (por encima del 5%). El Estado oneroso nos empobrece. También la actitud del presidente Alvarado cuando da su apoyo a un nuevo edificio para una institución fallecida, el CNP y otra en similar situación, Japdeva. Mantener personal que no tiene funciones productivas es un manejo no ético cuando crece la pobreza y se empobrece el país. Es violentar los fines del Estado.
  • Todos los políticos han fracasado en décadas recientes. La realidad así lo dice y también el sentimiento popular reflejado en los indicadores que hemos mencionado. En realidad, la administración del Estado es una tarea compleja, al igual que muchas de sus instituciones: MEP, MOP, INS, CCSS, etc. Su conducción se ha entregado a políticos de turno, cuya motivación principal es electoral y cuya vigencia promedio rara vez llega a los 4 años. La fórmula perfecta para el fracaso. Además, muchos de ellos tienen juntas directivas, seleccionados por recompensa política, que representan intereses corporativos particulares que fácilmente entran en conflicto con el interés nacional. Además, sus competencias no guardan relación con el quehacer fundamental de la institución o sector y por tanto aportan poco o nada a la excelencia institucional.
  • A los sindicatos se les ha dado una especie de poder de veto. Son organizaciones pequeñas que representan solo a una pequeña parte de la fuerza laboral (menos del 14%, porque no todo funcionario público es miembro del sindicato). La actividad sindical se despliega contra el Estado y contra el pueblo, no contra el lucro del empresario. El efecto es ingobernabilidad y reducir los recursos y esfuerzos por el bienestar colectivo, en especial de los más pobres que tienen una mayor dependencia del Estado.
  • Ahora se discute la huelga contra la política pública. La discusión del tema ha sido muy parcial y resalta el derecho sagrado a la huelga. Hay dos problemas que deberían considerarse en una democracia: primero, si los sindicatos quieren participar en política, deberían hacerlo como partido y asumir sus derechos y costos políticos. Y la huelga en la política no cabe. Segundo, el enfrentamiento es político y contra la soberanía nacional. La política se decide en el proceso electoral y forma parte de un compromiso político del presidente que elijamos y del pueblo que lo eligió. Vetar la decisión soberana, bajo el efecto de la presión de la huelga de menos del 14% de la fuerza laboral se acerca mucho a la dictadura de una minoría.
  • Reiteremos: la administración del Estado y sus instituciones es un proceso complejo. Los indicadores mencionados reflejan el fracaso de nuestro sistema. No hay dirección (Políticas de Estado inteligentes) y tampoco ejecución, como bien nos recuerda la imagen de La Trocha y La Platina (aunque los ejemplos abundan por doquier en el CNP, JAPDEVA, RECOPE, ICE, etc.). El problema es que la gestión pública ha sido entregada a políticos cuya motivación principal es electoral y a juristas que privilegian los procesos sobre los productos, de los cuales dependen la paz social y el bienestar colectivo. Nuestro diseño institucional debería incluir la participación sustantiva y apolítica de técnicos (administración, economía, sistemas, estadística, nuevas tecnologías, etc.).

Son ejemplos de fallas de nuestro Estado que se convierten en fallas de nuestra democracia. Tal vez no lo hallamos querido ver, pero la democracia que practicamos tiene notables fallas y sus causas son evidentes. Si el Estado no produce bienestar, producirá inestabilidad. De nada sirve acusar al populismo, tan exitoso en varias partes del mundo, si no construimos una democracia sólida. Esta es nuestra mejor apuesta. Pero requiere visión y carácter político, sin el cual tampoco lograremos la unidad nacional requerida para cambios de fondo.

 

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