Con respecto a la actual situación del Poder Judicial

Pronunciamiento del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

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La ruta ética que exige la Costa Rica del bicentenario  

Los cimientos de una democracia sólida como la que hemos construido los costarricenses por casi dos siglos, se construyen con acciones institucionales claras, contundentes y permanentes, encaminadas al cumplimiento de los fines y objetivos para los cuales fueron creadas.  

Estas acciones, que la sociedad delega en las autoridades, deben llevarse a cabo en un marco de confianza, con altos contenidos éticos, transparencia, rendición de cuentas y un rumbo claro e inalterable. En la medida que esa percepción pública se deteriore, en igual magnitud esa validación de los Poderes Públicos irremediablemente se irá minando y con ello la credibilidad ante la ciudadanía.  

La sociedad costarricense actual, inserta en un mundo de comunicación e información permanente y abundante, exige y reclama de sus autoridades – afortunadamente con mayor fuerza cada vez – que esa ruta ética pase, en primer lugar, por hablarles a los ciudadanos con la verdad; por decirles siempre lo que deben saber y no lo que quieren oír; por ocupar un puesto no para complacer a ningún grupo, sino para defender el interés de la sociedad en su conjunto; y, de igual forma, por priorizar siempre la búsqueda del bienestar común.  

No podemos creer que el camino de la transparencia no se dañará, si las autoridades de los Poderes Públicos no rinden cuentas de sus actos ante los ciudadanos, por duro que a veces pueda resultar. No podemos evitar un golpe a nuestro sistema democrático, si no se exige a los funcionarios públicos – y en especial a las máximas autoridades – las más altas normas de integridad y responsabilidad, entendiendo que el poder nunca debe ser visto como una oportunidad para beneficios personales, sino como un espacio para servir a quienes más lo necesitan.  

Las últimas administraciones ponen en duda los mecanismos de control y las necesarias barreras de control contra la corrupción, generando con ello una gran desconfianza de la población sobre esta materia. Este es un hecho que es imposible soslayar por la magnitud de sus efectos negativos.  

De igual forma, se observa con preocupación cómo hace sólo dos meses la Procuraduría de la Ética remite un informe a la Asamblea Legislativa, a escasos días de finalizar el anterior período legislativo, documento que aún a la fecha la población costarricense no ha podido conocer y analizar. Además, se dejaron vencer los plazos sin permitir que los diputados y las diputadas pudieran referirse al mismo y tomar las acciones del caso. Y más recientemente, la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo una votación de carácter disciplinario, la cual, por no contarse con el mandato legal para ser realizada en forma pública, desata una serie de cuestionamientos y movimientos de protesta ciudadano, sumergiendo al Poder Judicial en una crisis de gran envergadura, la cual se acrecienta hoy con el anuncio público del retiro del Señor Presidente de la Corte, acogiéndose a su jubilación.  

Esta secuencia de hechos confirman que si queremos que el respeto a las Instituciones siga siendo pilar de nuestra democracia, llegó la hora de replantear y renovar nuestro concepto tradicional de democracia, redefiniendo la forma legítima de relación entre nuestros Poderes Públicos y el ciudadano, colocando a la transparencia y a la ética como estandartes inamovibles y prioritarios. No respetar esa senda conduce a caminos peligrosos, que países vecinos transitan hoy mismo con dolor.  

Es por este motivo que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en su condición de referente de la Comunidad Jurídica Nacional, hace un llamado urgente al más alto sentido patriótico y pone a disposición su institucionalidad para iniciar de inmediato un debate nacional en torno a la urgencia de revisar, analizar, proponer y aprobar la normativa constitucional, legal o reglamentaria requeridas para robustecer la confianza de la población en su Institucionalidad y en sus representantes, permitiendo de esta forma honrar nuestro más alto compromiso con la sólida cultura democrática que nos ha hecho grandes y diferentes como país. Es momento de dialogar y construir y el Colegio de Abogados y Abogadas asume su rol en esa tarea país y ante la ciudadanía.

Tenemos que trabajar juntos por nuestro futuro, privilegiando lo que nos une como el amor a Costa Rica y desterrando la obstrucción, la intransigencia y la mezquindad. Es hora de pensar en grande y de una vez por todas tomar las decisiones que nos permitan avanzar a una Costa Rica más transparente, ética, desarrollada y equitativa; una Costa Rica que llegue a su Bicentenario con un Estado de Derecho que garantice un Gobierno abierto, un Parlamento abierto y una Justicia abierta. El país lo merece y lo exige.

Por tanto: Conviene que la Asamblea Legislativa conforme su competencia constitucional- y en resguardo de la representación popular que ostenta, someta, dentro de una comisión mixta con un representante del Colegio de Abogados y Abogadas, investigar todos los acontecimientos surgidos recientemente con los procesos disciplinarios y sancionatorios de los magistrados y se analice con rigor procedimental, con el fin de valorar aspectos que tengan como fin mejorar la imagen del Poder Judicial.  

Dentro de la estructura democrática del país, es el Poder Judicial, la columna más sensible que sostiene el peso de la vida en democracia, de ahí que su preservación es un deber de cada ciudadano, coadyuvancia de salvaguarda y fortalecimiento que se agrava en caso de nuestro Colegio Profesional, que no puede cejar en su misión fundamental: la lucha por mantener el derecho y la democracia. Adicionalmente, proponemos coadyuvar en las reformas legales de nombramientos de magistrados y modificación constitucional en lo que respecta al régimen disciplinario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la instancia que la Asamblea Legislativa considere oportuno.

Sesión 27-18
16 de julio 2018

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