Desde hace varios años el país se enfrenta a la tarea de enmendar de forma decidida y permanente su deteriorada situación fiscal. La reciente aprobación de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, constituyó sin duda alguna un hecho relevante en la historia socio-económica del país, al lograrse un espacio de reflexión y aprendizaje para lograr un consenso entre actores y Poderes que derivara en un primer paso hacia un ajuste a la sostenibilidad. Pero si bien esta Ley provee de nuevas y prometedoras herramientas para el saneamiento fiscal, como la ampliación del impuesto al valor agregado a los servicios, la reforma a la Ley de Salarios y el establecimiento de la regla fiscal, debe ser acompañada de un necesario ordenamiento del Estado que desemboque en uso más eficiente y racional de los escasos recursos públicos.

Como sociedad, se nos presentan dos posibilidades de elección: comprometerse con la disciplina fiscal para garantizar la provisión de servicios públicos en el presente y futuro, o bien postergar el ajuste–una vez más– para los años venideros, lo que lo convertirá en un ajuste mucho más agudo. Como sociedad, debemos tener consciencia de que, en materia fiscal, aún no se aclaran los nublados del día; por el contrario, el pronóstico continúa reservado y con probabilidad de tormenta, dependiendo de la firmeza de todos los actores para conducir a Costa Rica hacia aguas más tranquilas que nos permitan arribar al puerto del desarrollo sostenible y justamente distribuido.

El contexto macroeconómico no es halagador. La actividad económica se encuentra en desaceleración. En enero de 2018 el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que en 2019 el crecimiento real de la producción sería del 3,9%, en julio de 2018 ajustó su pronóstico a la baja (3,4%) y en enero de 2019, con la publicación del Programa Macroeconómico 2019-2020, volvió a ajustar a la baja la proyección de crecimiento de 2019, y la situó en 3,2% (y 3,0% para 2020).

En consonancia, el crecimiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central también mostraba una importante desaceleración a finales de 2018. Según cifras preliminares del Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios crecieron un 4,0% en 2018 –considerando los recursos de la amnistía tributaria–, en contraste con los crecimientos observados de 5,4% en 2017 y 7,9% en 2016.

Además, la trayectoria exponencial de la deuda pública representa una presión cada vez mayor en el pago de intereses. Como tal, el nivel de endeudamiento del Gobierno Central pasó de un mínimo de 24,1% del PIB en 2008 a un 53,6% en 2018. Lo anterior redunda en un gasto de intereses del orden del 4,5% del PIB para 2019 equivalente a más de ¢1,6 billones. Una idea de la magnitud de este monto podría darla el hecho de que con esta suma –es decir, con lo que el Gobierno debe pagar en un año por concepto de intereses sobre la deuda– alcanzaría para cubrir el presupuesto del MOPT, el MSP, el Poder Judicial y el MTSS.

Las presiones sobre el gasto también se traducen en una reducción significativa del gasto de capital del Gobierno, que para 2019 es un 20,4% inferior al monto presupuestado inicialmente en 2018. ¿Qué significa esto? Que el déficit fiscal cierra espacios a la inversión pública, materia en la que el país tiene un rezago que se mide en décadas, y que impacta la capacidad productiva del país y la calidad de vida diaria de los costarricenses.

El desequilibrio fiscal del Gobierno se manifiesta, también, en una larga historia de déficit en cuenta corriente. En efecto, en el año 2019 se ajustarían treinta años (con la excepción de los años de bonanza 2007 y 2008) de que el Gobierno debe recurrir al endeudamiento para poder cubrir la totalidad de los gastos corrientes, y las cifras preliminares de cierre para el año 2018 revelan que los ingresos corrientes alcanzaron a cubrir solo el 76% de los gastos corrientes en ese año. Todo esto pese a la existencia de normativa vigente que claramente ha prohibido el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento. Es como si una familia se endeudara mes a mes para cubrir sus gastos básicos (alimentación, vestido, transporte, alquiler de vivienda, servicios), con pocas posibilidades de invertir, por ejemplo, en una casa de habitación, o de disminuir sus deudas. No se puede gastar más de lo que se recibe o se gana por tiempo indefinido.

Conviene en este punto realizar una importante acotación: si bien el problema fiscal se observa en primera instancia en las estadísticas del Gobierno Central, este problema trasciende a todas las instituciones que conforman el sector público. En particular, a aquellas que dependen casi en exclusiva del financiamiento que reciben del Gobierno. Las políticas de sostenibilidad, eficiencia, eficacia y transparencia del gasto público no son exclusivas de un subsector determinado. Dicho de otro modo, el compromiso con la disciplina fiscal es un esfuerzo consciente de la generalidad del sector público y debe ser asumido con responsabilidad por parte de todos los jerarcas institucionales, donde el cumplimiento de la regla fiscal que introduce la Ley N° 9635 es fundamental para el ajuste. Limitar el acatamiento de la regla a un grupo determinado de instituciones (por ejemplo, impulsando excepciones bajo el argumento de su condición de autonomía) equivale a erosionar el efecto potencial de la reforma, al tiempo que envía señales negativas hacia el mercado, la ciudadanía y los monitores externos. El compromiso fiscal debe ser asumido con toda responsabilidad por todos los jerarcas institucionales, sin distingo del sector o institución, y direccionado con firmeza por parte del Ministerio de Hacienda.

A manera de ejemplo, según proyecciones del BCCR la implementación de la reforma permitiría obtener superávit primario no antes del año 2023. Esto pone de manifiesto la fragilidad de la reforma, en el sentido de que para ser efectiva se requiere reducir en gran proporción el gasto corriente de todo el sector público. Es evidente también que su sola aprobación es insuficiente para modificar en el corto plazo el comportamiento explosivo de la deuda pública y que se requieren reformas complementarias en áreas críticas, como empleo público y reforma del Estado, con el objeto de buscar la eficiencia en una gestión orientada a resultados y a una creación de valor público, lo cual constituye una tarea perenne en la administración pública.

El país ha dado pasos destacables en dirección a la llamada consolidación fiscal, dentro de los que se destaca la aprobación de Leyes como la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, Ley N° 9371, que introduce un periodo máximo para la ejecución de los recursos que transfiere el Gobierno, y ordena su devolución en caso contrario; la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, Ley N° 9524, para la inclusión de estos órganos en el presupuesto de la República; Leyes para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el contrabando (N° 9416 y 9328, respectivamente), y las reformas en materia de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (Leyes N° 9380, 9381 y 9388). Sin embargo, aún debemos mantenernos vigilantes y no bajar la guardia frente a los factores que continúan acechando contra la sostenibilidad fiscal que tanto requiere el país.

En el caso particular del Ministerio de Hacienda, este tiene como gran pendiente fortalecer y modernizar la gestión de los ingresos internos. El Ministerio requiere avances tecnológicos, tales como la integración de sus principales sistemas de información, mayor simplificación del sistema tributario para reducir sus costos de administración, controlar el gasto tributario y disminuir la evasión, entre otros. Mención especial merece el proceso de implementación del SICOP y el cumplimiento de la regla fiscal, donde el Ministerio debe ejercer un profundo y eficaz liderazgo. La renuncia a este liderazgo supondría una gran presión sobre los mercados, un deterioro en las expectativas de los agentes y eventuales disminuciones adicionales en las calificaciones de riesgo país.

La materialización de riesgos está latente, como ya se experimentó con la crisis de liquidez dada a conocer en agosto de 2017, los pagos sin contenido presupuestario realizados en 2018 y la necesidad de recurrir a las letras del tesoro como mecanismo de financiamiento extraordinario. Más allá de esto, no se debe perder de vista que la principal afectación de una eventual situación de impago de deuda y crisis económica afecta en primera instancia a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, beneficiarios de programas de asistencia social (becas, subsidios), así como pago a proveedores y de salarios. El costo social de una crisis puede trascender varias décadas y afectar a más de una generación, como ya lo experimentó el país con el caso de la crisis de los años ochenta. A la larga, la indisciplina fiscal se traduce en más pobreza, desigualdad y crisis económica.

Es nuestra responsabilidad histórica evitar ese punto. Si bien es cierto que el país dejó pasar los años con un contexto macroeconómico más favorable para hacer el ajuste, también es cierto que en el año que acaba de concluir se demostró a sí mismo que es capaz de corregir el rumbo. La reforma fiscal y la eventual colocación de eurobonos proporcionan un alivio para que el Gobierno pueda continuar su marcha, pero no debemos olvidar que nos enfrentamos a una tarea titánica.