Anauim Valerín Pérez. La Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, recibió a la Contralora General de la República, para que se refiriera a la «Liquidación de presupuestos públicos» y sobre la situación fiscal del país.
Entre los temas que se trataron de manera relevante, destaca el incumplimiento del principio de equilibrio presupuestario ya que no debe continuarse financiando el gasto corriente con deuda, ya que se rompe el principio básico para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Según el informe, destaca que la brecha en el 2016, entre ingresos y gastos disminuyó, pero continuó elevada en un 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Este comportamiento de los gastos sobrepasando a los ingresos es el reflejo de un problema estructural y es por ello que la Contraloría General de la República (CGR) ha insistido repetidamente, sobre la necesidad de avanzar decididamente en su solución, en forma gradual para garantizar la sostenibilidad de las finanzas”, declaró Marta Acosta, Contralora General de la República.
También, sale a relucir la asignación y ejecución de los destinos específicos, debido a que sobrepasa la capacidad financiera del Gobierno y le resta flexibilidad. Punto relacionado con otras obligaciones, como del pago de pensiones e intereses, que ha implicado un resultado deficitario de la gestión financiera del gobierno y se asocia automático crecimiento de su endeudamiento.
Un aspecto fundamental en la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, son los resultados obtenidos por la gestión. Cuando se alcanzan los resultados propuestos y los recursos se gastan eficientemente, la Administración cumple. Aquí es dónde se debe determinar, cuál es el costo de los bienes y servicios que la ciudadanía recibe por parte del Estado, en un contexto de endeudamiento continuo y creciente, la prestación de los servicios públicos demanda mayor calidad.
Como la Contralora indicó, esto deja un camino importante por recorrer en términos de esta dimensión de la rendición de cuentas pública, donde deben abordarse elementos necesarios para medir con más efectividad los programas y evitar vacíos de información.
En términos de finanzas públicas del Gobierno Central, en el 2016 el déficit financiero alcanzó el 5,2% del PIB, inferior al 5,7% del 2015, en relación con su déficit primario se reduce en 3,0% a 2,4% del PIB, reducción transitoria que podría retomar una evolución ascendente debido a que la deuda siga en aumento.
Los ingresos, de carga tributaria alcanzaron el 13,32% del PIB, cifra que se mantiene similar con relación a periodos anteriores, el endeudamiento representó el 41% de los ingresos (¢3,2 billones). Mientras tanto el gasto ascendió a ¢7,8 billones, “las transferencias corrientes absorbieron el 31% de los recursos y las remuneraciones el 28%.
Por su parte, «y hay que destacar que la amortización y los intereses absorbieron el 31%, todo lo cual refleja la rigidez del gasto”, señaló Marta Acosta.
Entre los temas de interés, están la eficacia en la ejecución de créditos externos, inversión, empleo público y adquisiciones.
En créditos externos el país contó en el 2016 con una cartera de 29 préstamos por un monto mayor a los $4 mil millones, de los cuales un poco más de la mitad están pendientes de desembolsar, cuyos atrasos se relacionan a la ejecución de la inversión del Sector Público.
Actualmente, Costa Rica tiene un aumento sostenido de la deuda pública, lo que aumenta el riesgo de insolvencia, por lo cual deberán tomar medidas legales y administrativas para reducir las posibles consecuencias ya señaladas anteriormente por el ente Contralor.
Como los datos lo demuestran a nivel fiscal se observó una leve mejora en el resultado, sin embargo la tendencia sigue creciente en el nivel de endeudamiento, ya que el 2016 se reflejó una estabilidad macroeconómica en el PIB, bajos niveles de inflación, estabilidad cambiaria y bajas tasas de interés.
Mientras tanto el Gobierno ha debido continuar utilizando mecanismos de financiamiento de sus operaciones, reinginería de la deuda, uso de canjes, recompras y creación de nuevos sistemas de captación pero se han ido agotando opciones y condiciones de financiamiento interno por el tipo de cambio, repercusiones en niveles de inflación, tasas de interés.
Lo que repercutiría notablemente a la actividad económica, social y de desarrollo inclusivo y sostenible del país.
“Reitero, el aumento sostenido de la deuda pública configura un creciente riesgo de insolvencia sobre lo cual se deben tomar las decisiones legales y administrativas suficientes para reducir en forma significativa esta posibilidad”, afirma la Contralora.
Entre las últimas palabras de la presentación por parte de la Contraloría, se acataron varias reflexiones del futuro fiscal de Costa Rica, debido a que en la actualidad ignorar los síntomas para disfrutar beneficios inmediatos sin previsiones a futuro, es una decisión peligrosa para la sociedad en conjunto.
Los jerarcas saben muy bien cuál es el papel que deben tomar, porque saben de la gravedad de los hechos. Tienen que prestar atención y actuar en conjunto, tomando decisiones, sin interereses de por medio, ya que hoy es cuando pueden cambiar el futuro del país con nuevas actitudes, donde la indiferencia de la situación actual no sea la investidura de los gobernadores, ya que podría provocarle a la sociedad un daño irreparable.
“Focalizar la atención sobre los temas estructurales, que conducen a la actual situación de las finanzas públicas las cuales inciden en el bienestar general y asimismo formularlo de forma asertiva, en el entendido que todos, más que echar culpas o asumir comportamientos defensivos, podamos contribuir de forma efectiva en su atención, que es a fin de cuentas lo que esperan los costarricenses”, cerró con estas palabras la Contralora Marta Acosta.