Crucitas: Óscar Arias, opinión pública, daños ambientales y juzgados

Causa asombro el ver cómo, nuestras autoridades se concentran en revivir un expediente en vez de dedicar sus esfuerzos a evitar que Cutris siga viendo su tierra y agua contaminada por el mercurio

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Melissa Vargas CamachoPolitóloga.

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Albert Einstein

Las últimas semanas se ha dado una efervescencia en los diferentes medios de comunicación en relación al tema de Crucitas y al Ex Presidente Óscar Arias. Hemos sido testigos de denuncias hacia el Ministerio de Ambiente ante la aparente inacción por parte de las autoridades de cara a la crisis ambiental que vive esta comunidad sancarleña. Incluso a inicios de este año fuimos testigo, mediante las redes sociales, como una delegación de diputados se aventuraron a hacer un recorrido por lo que en apariencia son tierras de nadie, o, mejor dicho, tierras de oreros nicaragüenses que han explotado esos territorios, contaminando aguas y suelos en detrimento de nuestro patrimonio.

Y es que esta semana inició la audiencia preliminar del expediente que, la Fiscal Emilia Navas ordenó reabrir en octubre de 2017, acusa de prevaricato a Óscar Arias, por la firma de dos decretos ejecutivos en el 2008: el que otorgó la concesión minera en Crucitas a la firma Infinito Gold S.A. y el que declaró de conveniencia nacional el proyecto.

Para quién no lo tiene muy claro, se entiende como prevaricato al delito en donde un servidor público toma decisiones de manera arbitraria, en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Este delito prescribe seis años después de la emisión de los actos administrativos.

Hay quienes señalan que al Ex Presidente no se le ha dado un trato justo, sino diferenciado en su perjuicio, y atribuyen que esto se debe a su investidura y a las notorias diferencias de criterio que tuvo durante su Administración con grupos organizados de izquierda, sindicalistas y ambientalistas. Si este fuese el caso, no sería la primera vez. Para muchos nos es sencillo recordar la manera de procedes de la Fiscalía ante otros ex presidentes.

De igual forma, señalan los conocedores en el tema que las etapas de investigación ya fueron cumplidas, además de que se sigue investigando un presunto delito de cohecho que prescribió en 2014. Aunado a que el Proyecto Crucitas fue promovido por cuatro administraciones presidenciales y desarrollado por las carteras de Ambiente de éstas.

En un artículo de opinión del Ex Mandatario se leen las motivaciones que lo llevaron a apoyar el Proyecto Crucitas. El mismo señala que “el oro de Crucitas iba a ser extraído en condiciones reguladas y supervisadas, de forma sostenible, con tecnología de punta y empleando dosis de cianuro equivalentes a las que se encuentran de forma natural en varios de nuestros alimentos.” Esta extracción, legal y supervisada, se convertiría en una fuente de empleo en la zona activando la economía de la comunidad sancarleña y pagando impuestos para contribuir a las lastimadas finanzas públicas. Lejos de ello, ha sufrido una invasión de coligalleros quienes han contaminado la zona con mercurio.

Sobre la contaminación por mercurio, basta una breve búsqueda en internet para conocer los efectos adversos de esta sustancia para los seres humanos, el medio ambiente y la vida silvestre. Según el CIEL, “la exposición al mercurio causada por las prácticas mineras representa un peligro grave para la salud, que impide que se logren normas justas de protección de la salud física y mental, no sólo de los trabajadores y las comunidades locales, sino también de la población en general. Varios estudios de evaluación ambiental y de salud han confirmado la existencia de una contaminación grave por mercurio en las comunidades dedicadas a la minería de oro artesanal y a pequeña escala (ASGM), así como una alta incidencia de intoxicación sintomática por mercurio en los trabajadores.”

Causa asombro el ver cómo, nuestras autoridades se concentran en revivir un expediente en vez de dedicar sus esfuerzos a evitar que Cutris siga viendo su tierra y agua contaminada por el mercurio. Recuerdo que, a inicios de la presente Administración en compañía del Ex Diputado Araya Sibaja, realizó un despliegue a esa zona, dejándola libre de coligalleros durante unos pocos días. Y ahora, nueve meses después las actividades de extracción ilegal de oro continúan con toda normalidad.

¿Es en el Ex Presidente Arias en quién debemos enfocar la atención de la opinión pública o es en la denuncia de los daños ambientales en lo que se deben dar los esfuerzos mediáticos? ¿No deberíamos estar exigiendo al Ministerio de Ambiente un plan de acción para la mitigación de esta ola de veneno que atenta contra la salud y los derechos humanos de nuestros compatriotas?

Hace unos días el Ministro Rodríguez señaló que el daño ambiental por la minería ilegal de coligalleros en Las Crucitas es de bajo impacto y pequeña escala. No obstante, los diputados, respaldados en un informe técnico que evidencia “el alto grado de contaminación con mercurio como resultado de la minería ilegal en Crucitas (…) el Estado Costarricense debe detener por completo ilegal en Crucitas para contener los daños a mediano y largo plazo.”

La ciudadanía mientras tanto no acaba de aclarase. Las respuestas están en manos del gobierno y sobre todo de los Tribunales de Justicia apegados a la Constitución Política y el estado de derecho, que obliga al cumplimiento de la ley sin excepciones, sin favorecimiento pero también sin saña ni influencias indebidas.

 

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