Crucitas: Trasfondo judicial y dudas razonables

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La acusación de la Fiscalía General de la República contra el expresidente Oscar Arias Sánchez, sorprendió al país generando debate y críticas ante la reapertura del caso el 2 de noviembre de 2017. La Fiscal Emilia Navas Aparicio, inesperadamente desempolvó archivos y días después llamó a declarar al expresidente Arias. Por este acto es aplaudida por unos, pero también cuestionada por otros por cuanto hay serias dudas procedimentales que prevalecen en torno al caso. Incluso, recientemente los abogados de don Oscar Arias formularon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, cuestionando graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, tal y como se ha informado en diversos medios y como explicó el abogado Rodolfo Brenes Vargas, en un artículo publicado en La Nación.

Para entender el contexto, es necesario recordar que el proyecto minero inició su tramitación administrativa desde el año de 1993, cuando se solicitó un permiso de exploración minera.  Ese proyecto siguió una tramitología administrativa durante muchos años y a través de muchos gobiernos distintos, llegando a su culminación en el año 2008, durante el gobierno de don Oscar Arias Sánchez. En esa administración, se otorgó la concesión minera y se emitió un decreto de conveniencia nacional. Este último decreto es un elemento central del caso, sobre el que el abogado Brenes ha explicado que: “…ese decreto no se hizo a instancia de Oscar Arias, ni por impulso de su parte. Sino por ser un requisito necesario derivado de la Ley Forestal y pedido por el Sinac”.

De hecho, cuando la Sala Constitucional analizó el caso Crucitas, en su sentencia 6922-2010, explicó que: “la actividad minera ha sido reconocida por el Poder Legislativo como de conveniencia nacional en términos generales –art. 6 del Código de Minería-, pero tal carácter debe ser reconocido en los casos particulares mediante una declaratoria de conveniencia nacional emitida por el Poder Ejecutivo, declaratoria que podrá adoptarse cuando en el caso concreto los beneficios sociales a obtener sean mayores a los costos socio-ambientales del proyecto –art. 3.m de la Ley Forestal”.

Ahora bien, el caso contra don Oscar Arias había sido desestimado en el año 2014, pero fue reabierto en el año 2017, ya que la fiscalía consideró necesario profundizar la investigación y analizar nuevamente una declaración que había brindado don René Castro Salazar, en el año 2013, quien a su vez mencionaba a testigos potenciales no entrevistados. En agosto de este año, el Ministerio Público presentó su acusación penal contra don Oscar Arias, por dos supuestos delitos de prevaricato.

Sin embargo, la defensa de don Oscar Arias criticó la decisión de la fiscalía, calificando la acusación como precipitada y falta de fundamento jurídico y probatorio. En ese marco, se presentó el recurso de amparo, en el que se alegan graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa, pues el Ministerio Público no cumplió con sus deberes ni investigó adecuadamente. Según explicó el abogado Rodolfo Brenes, la fiscalía ofreció como prueba de su acusación a 16 testigos que no entrevisó, que corresponden al expediente original donde fue acusado don Roberto Dobles, pero en el que don Oscar Arias no tuvo participación alguna, ni defensa, ni fue citado a declarar, ni se le informó de sus derechos.

“Ahora bien, si la Fiscalía no cumple con sus deberes, si no entrevista a los testigos fundamentales del caso, si no investiga adecuadamente, deja al acusado en un escenario imposible, donde está obligado a probar su inocencia en un caso de prueba negativa (…).“La hipótesis acusatoria plantea un escenario de prueba negativa, también conocida como prueba diabólica. ¿Cómo probar que don Óscar Arias no tenía conocimiento de la ilegalidad de los actos acusados como prevaricato? Tal cosa es prácticamente imposible, propia de un proceso inquisitivo y no de uno acusatorio de corte garantista”, se lee en el recurso que actualmente está en estudio de admisibilidad en la Sala Constitucional.

Otro de los reproches que plantea la defensa, es que al momento de indagar a don Oscar Arias, se le indicó que estaba siendo investigado por una presunta donación recibida por la Fundación Arias para la paz. Sin embargo, durante el Ministerio Público no investigó este hecho, ni acusó ningún delito, ni pidió un sobreseimiento. En el recurso de amparo afirma: “Aquí estamos ante una de dos cosas: O bien la fiscalía le imputó ilegalmente a don Oscar la comisión de un delito, lo que sería gravísimo; o bien incumplió flagrantemente con sus deberes de investigar la comisión de un delito por el que intimó e indagó a una persona. En cualquier hipótesis, el atropello a los derechos de don Oscar Arias es monumental”.

El abogado Brenes Vargas también reclama que la Fiscalía haya entrevistado vía correo electrónica a René Castro (por vivir fuera del país) y que no se hiciera por videoconferencia. “Esto, a pesar de que era el testigo esencial por el cual se reabrió el caso. Tuvimos que recurrir al juez de garantías para que obligara al Ministerio Público a ajustarse al debido proceso”.

Por último, la defensa explicó que en junio de este año la señora Fiscala General anunció, en declaraciones dadas a La Nación, que ya habían terminado su investigación, aunque para ese momento no se habían recibido las declaraciones de don René Castro y de algunos de los testigos mencionados por él. En criterio del abogado defensor, pareciera “entonces que la suerte de Oscar Arias estaba echada desde hace tiempo, sin importar lo que dijeran la prueba y los testigos”.

Por su parte, la Fiscalía General de la República respondió que «por política institucional” no acostumbran a hacer comentarios respecto a las manifestaciones públicas o gestiones ante otras instancias que haga cualquier persona que figure como imputada en un caso penal. “La Fiscalía General reitera que en todas las diligencias o gestiones que formula el Ministerio Público, en cualquiera que sea el caso, la institución se basa en objetividad y pruebas que permiten arribar a la probabilidad de que el hecho investigado se cometió, que constituye un delito y que la persona que figura como imputada es la responsable”.

La Fiscalía General en declaraciones a la prensa “…reitera que en todas las diligencias o gestiones que formula el Ministerio Público, en cualquiera que sea el caso, la institución se basa en objetividad y pruebas que permiten arribar a la probabilidad de que el hecho investigado se cometió, que constituye un delito y que la persona que figura como imputada es la responsable” (La Nación).

Por lo pronto, el recurso de amparo fue declarado admisible, lo que implica que la Sala Constitucional entrará a analizar el fondo del mismo. Consultado al respecto, el abogado Brenes Vargas indicó: “Lo que tenemos ahorita es que el recurso superó el primer filtro de admisibilidad y lo que nos queda es esperar respetuosos el análisis de fondo que se haga. Eso nos complace, porque consideramos que las violaciones que se han producido en este proceso son muchas y son groseras (…) Estas violaciones ameritan un control de parte de la Sala Constitucional, porque de lo contrario sería aceptar que el Ministerio Público tiene un poder ilimitado y que puede tramitar una investigación sin sujetarse al marco de garantías constitucionales (…) Es una pequeña victoria, pero es nada más que una fase de trámite. Toca esperar el análisis de fondo.

A este panorama relacionado con el proceso penal, se suma la situación actual de la finca de “Crucitas”, actualmente invadida por miles de coligalleros, que están haciendo una explotación ilegal, causando daños enormes al medio ambiente. Eso ha motivado que algunos diputados critiquen la inacción del gobierno y planteen incluso reformas al Código de Minería, para autorizar nuevamente la actividad. El Colegio de Geólogos de Costa Rica, se ha sumado a las críticas y ha señalado que la actividad sería beneficiosa para el país y que puede realizarse de manera armoniosa con el medio ambiente.

En un artículo publicado recientemente en La Nación, el Geólogo y profesor universitario Esteban Gazel, explicó que la minería metálica está asociada al modelo de vida en sociedad, donde gran cantidad de aparatos de uso doméstico, como los teléfonos inteligentes, necesitan componentes extraídos gracias a la minería. ¿Puede un país como Costa Rica privarse de extraer estos elementos y generar riqueza en armonía con el ambiente? En criterio del señor Gazel, “Costa Rica tuvo la oportunidad de desarrollar una mina moderna en Crucitas, que iba a estar altamente regulada, donde frente a cualquier evento tendríamos los mecanismos para responsabilizar a las partes, y en su lugar ahora tenemos un completo desastre ambiental y social de minería informal”. En tiempos de crisis fiscal, sin lugar a dudas, la cuestión de la exploración de la riqueza mineral de nuestro país, merece al menos ser discutida.

 

 

 

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