Cruz, La Nación y otros: Lo que está en juego

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El Presidente del Poder Judicial está siendo exageradamente reprendido por La Nación, con base en algunas de sus manifestaciones, que se vuelven más escandalosas cuando son sacadas de contexto y en el medio de una gama de intereses gremiales y corporativos que se conjuntan alrededor de la polémica Reforma Fiscal.  Y es que este proyecto promovido por el Ejecutivo y enviado por el Legislativo, incluye además de cuestiones tributarias algunos aspectos gruesos y complejos en materia de empleo público, que por su naturaleza debieron haber seguido una dinámica diferente a los temas relacionados con la urgencia de recursos frescos y a las obligadas señales a los organismos financieros. Pareciera entonces, que las distintas fracciones legislativas, tampoco están dispuestas a asumir bajo su propia responsabilidad, el trámite de un proyecto estructural en materia de empleo público  Por eso era preferible ir pasando el pesado fardo a alguien más, de modo que la responsabilidad y el costo político de tal decisión debiera caer en otro lugar que no fuese la Asamblea Legislativa.   Esto se hizo además de no haber recurrido a la consulta previa como en buen derecho corresponde, debido a que incluía reformas que atañen a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, factor que incide por tanto en su independencia. La Corte no hizo esperar su reacción con fundamento en el estudio hecho por su dirección jurídica en días pasados, y recibiendo por ello toda clase de ataques.

La maniobra política, de sobra mencionar deliberada, permitió que el peso de la situación pasara al asador de la Corte, donde se han concentrado todas las presiones relacionadas, en primera instancia,  con la urgencia inmediata de provocar un respiro al tema de las finanzas públicas. El Poder Judicial ya de por sí maltratado por una administración de justicia cada vez menos pronta y cumplida, así como la campaña de desprestigio que experimenta, se convierte no sólo en el actor estratégico definitorio de la reforma fiscal sino además en el chivo expiatorio ideal de la actual coyuntura. Que exista en Costa Rica un sistema salarial y de beneficios anexos tan dispar, así como un régimen de pensiones desproporcionado, no es sino el producto de un problema estructural en Costa Rica. Eso no necesariamente implica que el Poder Judicial, aunque beneficiario de un sistema especial, tenga en esta materia la patente de corso.

En realidad hay otro aspecto mucho más de fondo y riesgoso al sistema democrático,  cual es la evidencia de una democracia endeble y un Estado cada vez más disfuncional en su condición de árbitro y catalizador de las confrontaciones sociales. Este fenómeno se relaciona con los ajustes dramáticos en tiempos de globalización, mediante una dinámica de estandarización de procesos económicos, políticos y sociales, los cuales repercuten de forma significativa en la organización formal de la sociedad. Los poderes llamados fácticos se encuentran enfatuados y hay una variación en la ética colectiva que se agudiza con la disrupción tecnológica, donde las redes sociales juegan un papel importante.  Esto conduce a una clara irreverencia sobre la forma anterior de ver a las instituciones y el ejercicio de su quehacer. Se da cabida a tendencias autoritarias como antídoto contra el actual estado de cosas.  La pérdida de fuerza de la organización formal del Estado va cediendo paso a corrientes negativas. Una vez desencantada la sociedad y minada las bases de la confianza en las instituciones y esto atañe de forma directa al Poder Judicial, cualquier cosa puede suceder.  Este parece ser a fin de cuentas el mensaje y la reacción del Magistrado Presidente Fernando Cruz, y por eso sus posiciones con respecto a la independencia del Poder Judicial han sido congruentes y valientes. El zambrote de intereses y contradicciones, incluidas las del propio sistema judicial, opacan el análisis de la discusión de fondo, la cual atañe a la sobrevivencia misma del Estado Democrático y Social de Derecho.

El periódico La Nación no es un actor imparcial. Le preocupa su sobrevivencia empresarial y para ello se ha recostado en la publicidad del Estado y a cambio arremete contra el Poder Judicial señalando que esta sólo defiende sus privilegios. El mensaje del Magistrado Presidente Fernando Cruz va más allá de una disgregación o de frases  peyorativas usadas por La Nación para confundir a las personas más ingenuas o ignorantes. El mensaje de fondo es en efecto sobre la independencia del Poder Judicial y tal parece que Don Fernando Cruz está dispuesto por lo visto, a pelear contra los intereses corporativos afincados en La Nación aunque esa lucha sea desigual.

 

 

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