¿Cuál Estado laico queremos?

La férrea oposición de los obispos costarricenses deja la duda de si la misma es sólo una excusa para defender las ventajas que con relación a otras confesiones les depara la actual disposición constitucional, soslayando que en un Estado democrático, en teoría, no se debe establecer privilegios para nadie.

0

Luis París Chaverri, Exembajador ante la Santa Sede.

Los valores democráticos alcanzan la plenitud en una sociedad políticamente laica en la cual todos los ciudadanos puedan ser libres en materia de conciencia y creencia.

Pero, ¿cuál es el Estado laico que queremos? Esta es una pregunta válida por cuanto es una realidad que en el interés de eliminar la confesionalidad del Estado costarricense convergen distintas visiones al respecto.

Unos abogan por una “laicidad” que respete la importancia de las raíces, la historia y la cultura cristianas y el papel de las religiones en la formación integral de la persona; la laicidad que reconoce la autonomía de lo político y civil respecto de lo religioso y respeta a quienes profesan cualquier religión y a los que no profesan ninguna; la “sana laicidad” que promueve la Iglesia Católica como base de la relación Estado-Iglesia.

Otros propugnan por el “laicismo”, concepto que excluye la religión de la vida pública mediante su confinamiento al ámbito privado y de la conciencia individual; un “laicismo” que asume una actitud beligerante contra la religión en general y contra el catolicismo en particular.

El cuestionamiento planteado es oportuno a raíz de la presentación de un proyecto para reformar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política por parte de la diputada María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apoyado con la firma de veinte legisladores de diferentes grupos políticos.

El proyecto de la diputada Monge, en mi criterio, dilucida la duda por cuanto adopta el concepto de laicidad, de un Estado laico que defiende la convivencia de las diversas creencias religiosas pero que no adopta como propia a ninguna, y su texto no contiene vestigio alguno de hostilidad hacia las confesiones religiosas, ni el deseo de marginar, rechazar o erradicar la dimensión religiosa o la presencia de las confesiones en la vida social del país.

Proyectos anteriores con el propósito de reformar los artículos constitucionales citados han sido adversados por la jerarquía católica del país atribuyéndoles a los proponentes, precisamente, una actitud hostil hacia la religión y querer establecer un ateísmo estatal con la intención de relegar el tema religioso al ámbito privado de la persona.

Esas intenciones, en esta oportunidad, no pueden achacársele a una diputada que milita en un partido político que exalta la fe cristiana y sustenta su ideario en la doctrina social de la Iglesia Católica.

Valerse de un ficticio victimismo es una estrategia utilizada para demonizar y combatir cualquier intento a favor de la laicidad del Estado, lo cual va en sentido contrario de la posición asumida por la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II, que favorece  “la autonomía de las realidades temporales”, interpretación que es sostenida por las mas altas autoridades de la Santa Sede.

El papa Francisco, por ejemplo, afirma que “La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”.

El confesionalismo, al igual que la intolerancia religiosa, constituye una forma de pensar y un comportamiento incompatible con la sana laicidad que promueve la Santa Sede.

La férrea oposición de los obispos costarricenses deja la duda de si la misma es sólo una excusa para defender las ventajas que con relación a otras confesiones les depara la actual disposición constitucional, soslayando que en un Estado democrático, en teoría, no se debe establecer privilegios para nadie.

Paradójicamente, esta actitud es secundada por los grupos cristianos con representación en la Asamblea Legislativa, lo que es sorprendente, absurdo e incomprensible.

Para descarrilar el proyecto de la diputada Monge no están ausentes las voces que alegan que hay otros asuntos más importantes y apremiantes que atender, sobre todo del ámbito económico, pero la verdad es que si predominara ese criterio estaríamos postergando hasta las calendas griegas temas trascendentales relacionados con los derechos humanos universales, con el arte y la cultura y con la modernización del Estado.

Para un país que ha sido precursor en temas como la abolición de la pena de muerte y del ejército, la reforma del obsoleto artículo 75 es una deuda que ojalá se pueda saldar  en la Costa Rica del bicentenario.

 

Del mismo autor le podría interesar:

 

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...