Hasta ahora, la respuesta de los gobiernos europeos al impacto energético provocado por Irán ha sido desacertada. En lugar de subsidiar el consumo de energía mediante la reducción de impuestos a los combustibles, deberían avanzar hacia un sistema que desincentive las emisiones, incentive la adopción de energías renovables y genere ingresos públicos.
Daniel Gros
SOFÍA—Desde el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en febrero, hubo un enorme aumento de precios de la energía; el crudo alcanzó casi 115 dólares por barril a principios de este mes. Aunque los más afectados por la perturbación fueron los países de bajos ingresos, también es una presión importante sobre la más pudiente Europa. Pero al mismo tiempo le ofrece una oportunidad para revitalizar la transición verde (y los gobiernos europeos la están desaprovechando).
Al poner en primer plano los riesgos de depender del petróleo extranjero y restar competitividad a los combustibles fósiles en relación con las energías renovables, el shock de precios refuerza las razones políticas y económicas para la transición verde. Pero los gobiernos, temerosos de las consecuencias políticas inmediatas del encarecimiento de la energía, se apresuraron a bajar los impuestos a los combustibles para evitar aumentos de costos a los consumidores, en vez de aprovechar el momento para acelerar la transición.
Como señala el Fondo Monetario Internacional, esta respuesta es errada. Para empezar, el aumento de precios en Europa no fue tan extremo: como hasta la mitad de lo que pagan los europeos en la gasolinera corresponde a impuestos, la subida de precios fue mucho menor que el aumento general de los precios mundiales del crudo. Por ejemplo, en Alemania la gasolina sin plomo subió menos de 25 % (desde unos 1,80 euros/2,11 dólares por litro en enero a 2,20 euros en abril), mientras el precio del crudo crecía más de un 80 %, desde unos 60 dólares por barril a más de 110.
Además, reducir impuestos a los combustibles contrae los ingresos fiscales y es altamente regresivo. Los hogares más pudientes usan más el auto, poseen coches más grandes y tienen pocos incentivos para ahorrar combustible, incluso con precios un poco más altos; menos aún cuando se mantienen los precios bajos. Pero es más probable que voten y expresen su descontento político, y el costo de la gasolina en el surtidor se ve de inmediato, mientras que otras consecuencias del encarecimiento de la energía (por ejemplo, aumento del costo de calefacción) llegan mucho más tarde y distribuidas en el tiempo.
Por eso el gobierno alemán trató de volver a llevar los precios por debajo de 2 euros por litro (un umbral psicológico pasado el cual es más probable una reacción política), y otros países europeos dictaron o contemplan medidas similares.
Algunos gobiernos europeos (por ejemplo el de España) adoptaron una política de reducir impuestos a la generación de electricidad. Esto también es contraproducente, porque fomenta un mayor consumo de energía. Puesto que la capacidad de las fuentes renovables todavía es limitada, el resultado será un aumento de la importación de combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el aporte al control de la inflación será escaso. Como de costumbre, frente a presiones políticas, la dirigencia europea abandona la coherencia en favor de la conveniencia.
Si faltara alguna prueba, basta observar que los mismos gobiernos que siguen subsidiando las energías renovables y la adopción del vehículo eléctrico sacrifican ingresos para amortiguar fuerzas del mercado cuyo efecto natural sería aumentar el atractivo de esas tecnologías. Este año Alemania presupuestó al mismo tiempo 3000 millones de euros para subsidiar los vehículos eléctricos y 1600 millones de euros en reducciones de impuestos a los combustibles que restan incentivos a la compra de esos vehículos.
Por cierto, incluso sin las desacertadas rebajas de impuestos, subsidiar los vehículos eléctricos no es un modo eficiente de reducir el consumo de combustible y las emisiones. Lo mismo vale para ciertos subsidios a las energías renovables, por ejemplo los destinados a paneles solares de techo. Ambos subsidios demandan un gran desembolso por unidad de emisiones evitadas, y ambos son regresivos, porque los hogares que pueden comprar un vehículo eléctrico o que poseen una casa apta para poner un panel solar de techo tienden a ser los de mayores ingresos.
Además, los subsidios debilitan las finanzas públicas y con ellas la resiliencia. Una deuda pública elevada puede parecer sostenible en tiempos de bonanza, pero dificulta la respuesta a perturbaciones. Como la aversión al riesgo aumenta durante una crisis, a los gobiernos les cuesta mucho más refinanciar sus deudas y eso los obliga a recortar gastos justo cuando más se necesitan.
Una estrategia mejor se centraría en reforzar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea, que sigue siendo el instrumento más eficiente para limitar las emisiones. A diferencia de los subsidios regresivos y costosos, el RCDE no genera ningún costo real a los gobiernos y produce ingresos que pueden usarse para compensar a los hogares más pobres por el encarecimiento de los combustibles. Es decir, puede acelerar la transición energética y hacerla más equitativa sin vaciar las arcas públicas.
Pero el RCDE está desvirtuado, porque la Comisión Europea cedió ante los grupos de presión que pedían aumentar la cantidad de permisos de emisión gratuitos a disposición de la industria. Además, la entrada en vigor del RCDE2 (una versión ampliada del RCDE que incluye muchas otras fuentes de emisiones, desde los edificios hasta el transporte por carretera), prevista para el año entrante, se pospuso hasta 2028.
Hasta ahora, la respuesta de los gobiernos europeos al shock energético de la guerra con Irán fue desacertada. En vez de subsidiar el consumo de energía (ya sea bajando impuestos a los combustibles o con partidas presupuestarias directas), deberían promover un sistema que desaliente las emisiones, incentive la adopción de las energías renovables y genere ingresos públicos. Aunque esta estrategia tal vez suponga un ligero aumento de precios de los combustibles hoy, dejará a Europa menos expuesta a perturbaciones en esos precios y mejor preparada para responder a crisis futuras.
Traducción: Esteban Flamini
Copyright: Project Syndicate, 2026.
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Daniel Gros
Daniel Gros is Director of the Institute for European Policymaking at Bocconi University.