Daniel Ulate Valenciano: No podemos permitir que los actos de corrupción profundicen la pobreza y limiten el progreso del país

La corrupción encuentra asidero en la normalización de conductas y comportamientos que se asumen como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones en su relación comercial con privados.

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Daniel Ulate Valenciano, Diputado

Ante los acontecimientos de corrupción en el CONAVI corresponde a los diputados un análisis profundo de las causas estructurales de la corrupción en la función pública, las consecuencias que estas tienen en nuestra sociedad, en la legitimidad de las instituciones y en la confianza del pueblo hacia los depositarios del ejercicio del poder.

Parece imperativo generar iniciativas de ley y acciones de control político para disminuir el riesgo de que se vuelvan a presentar eventos de ese tipo y que el impacto de hechos censurables genere el menor daño al Estado.

La corrupción encuentra asidero en la normalización de conductas y comportamientos que se asumen como parte de la vida diaria y del desarrollo normal de las instituciones en su relación comercial con privados.

Cuando encontramos un número importante de personas con una conducta social y legalmente reprochable nos damos cuenta de que los valores éticos han cedido su espacio a la ambición desmedida de una plutocracia con influencia en la mayoría de los partidos políticos.

La impunidad es otra de las principales causas de corrupción. Es necesario establecer un proceso de revisión continúa de la legislación existente, para que cada día sea menos permisiva, más rigurosa en cuanto a sanciones y lo más cercana posible a la realidad nacional.

Un buen ejemplo de esto que menciono es la vergonzosa falta de diligencia y probidad de quien hasta hace apenas unos días fungió como titular del Ministerio Público. Durante su función doña Emilia se inhibió de conocer causas importantes relacionadas a causas de corrupción, su imposibilidad de atender casos relevantes refuerza la sensación de impunidad generalizada que se produce cuando el sistema político y legal no castigan de manera contundente.

En contubernio con lo anterior encontramos una burocracia lenta e innecesaria, la falta de una clara delimitación entre lo publico y lo privado, los trámites complejos, la ineficiencia, así como serias debilidades en los procesos de control interno, con auditorias que se han convertido en simples emisoras de recomendaciones y una Contraloría General con serios cuestionamientos sobre la participación de algunos funcionarios en los hechos investigados.

Tienen un fuerte impacto en la ecuación la desigualdad en la distribución del poder y la riqueza como causas de la corrupción, son pocos los que tienen mucho y muchos los que tienen poco.

Esa relación actúa en sentido inverso, ya que la desigualdad y la pobreza también son consecuencia de la corrupción. Primero porque el costo económico que ocasiona se traduce en la disminución de la cantidad y calidad de servicios básicos para los estratos más vulnerables de la sociedad. Segundo, cuando la corrupción termina afectando la institucionalidad de un país eso se traduce en un impacto negativo para los sectores más débiles y desposeídos.

En el caso específico del caso Cochinilla la afectación material e inmaterial es amplia, por un lado, se corre el riesgo de paralizar programas de mantenimiento y dejar inconclusas obras de infraestructura vial de gran impacto para la economía del país, por otra parte, honrar los contratos existentes supone seguir pagando por servicios que brindan empresas involucradas en el que posiblemente sea el mayor caso de corrupción en la historia del país. Es decir, permitimos el deterioro de la red vial nacional o continuamos alimentando el clima de impunidad que genera indignación casi generalizada.

Decisiones, cualquiera que sean, que indudablemente perjudican de manera directa la totalidad de la red vial nacional, al sector productivo, a las municipalidades y comunidades.

Es evidente que nos acercamos a momentos complicados y de retroceso en infraestructura vial que solamente generarán perjuicio para los costarricenses, para nuestra economía y hasta para el medio ambiente.

Soy del criterio de que debe caer el peso de la ley y las consecuencias políticas sobre los corruptores y los corruptos. De parte de los diputados, no ejercer adecuado control político sobre la corrupción, debe llenarnos de preocupación y vergüenza, pero permitir que las consecuencias de esos actos profundicen la pobreza y limiten el progreso del país debe ocuparnos en búsqueda de una solución a corto plazo.

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