Defender la independencia judicial es defender la Constitución

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Pablo Barahona KrugerAbogado constitucionalista.

Es cierto que en páginas de opinión como esta, lo esperable es justamente eso: opinión. Antejuicios o prejuicios que salen a la superficie pero no necesariamente se elevan más allá. Esto es, salidas de primera impresión que parten de una corazonada y se limitan a la expresión de malestar, la sola tendencia masiva, y en no pocos casos, al péndulo que oscila entre los subjetivismos y negativismos.

En el fondo, asistimos a un cúmulo de manifiestos disfrazados de razón, que pasan de puntillas sobre los grandes problemas nacionales y si acaso rozan las causas de fondo de ese subdesarrollo nuestro, más que enquistado.

Pero en honor a la verdad y para no agotarnos en la generalización ramplona, hay que diferenciar y saber reconocer que el lector que bucea habitualmente en secciones como esta, puede llevarse de vez en cuando la grata sorpresa de toparse con algunas profundizaciones. O lo que es igual: con articulistas que logran sobreponer la razón a las corazonadas, a los intereses e incluso a los enconos. Pero además, y eso es lo que debería realmente valorarse, que se atreven a pensar y expresar sin tanto cálculo.

De esos también hay. No muchos, pero se encuentran en definitiva quienes se superan a sí mismos y proyectan conocimiento (intersubjetividad) allí donde al principio solo cabía lo conjetural, lo supuesto, lo interesado.

Hablemos claro.- Así que dejémonos de cálculos, que si bien este país es pequeño -muy pequeño-, se nos va a encoger aún más el suelo que pisamos si seguimos por esa tendencia escatimadora que huye al principio de razón que, al mismo tiempo, impone una lógica cartesiana: lo bueno es bueno aunque lo haga mi enemigo y lo malo es malo así sea obra de mi amigo.

Empecemos a decir las cosas por su nombre y mostrémonos dispuestos a pagar el precio y recibir el “cobronazo” que siempre nos facturaran de vuelta los que se sientan tocados por nuestro argumento fundado.

En síntesis, si vamos a opinar; que al menos sirva de algo. Fundemos las tesis en ese criterio de utilidad siguiendo la lógica y la honestidad. O lo que es igual: privilegiemos una orientación irrenunciable hacia la verdad. Que ya tenemos bastante de quienes solo esperan las olas de la opinión pública y, cuan surfeadores, se montan en ellas arribistamente. Esos surfistas no alcanzarán a generar corrientes de opinión, pero serán los primeros en servirse de ellas.

Independencia judicial.- Sorprende, y no poco, que hoy tantos juristas callen. Pese a tanto y tanto, el Colegio de Abogados e incluso las facultades de derecho serias, han optado por el silencio. Porque hay que ser claros: ante crisis estructurales y severísimas, decir poco equivale a no decir nada. Y limitarse a retóricas vacuas termina siendo una huida disimulada. Así como pronunciarse cuando la suerte está echada es inoportuno y hasta cierto punto falsario.

Así las cosas, vengo evidenciando que la reforma judicial está siendo impulsada desde dentro, y, al mismo tiempo, hacia adentro. Con poquísima incidencia de los litigantes y el silencio cómplice de los académicos. Por ende, con nula diagnosis crítica y sin debate filosófico o sociojurídico.

La discusión sobre el Poder Judicial que el país necesita –no solo los judiciales- viene siendo absurdamente endogámica. Al punto que los propios gremios judiciales abogan por la escogencia de los futuros magistrados entre la gran familia judicial (jueces, fiscales y letrados). Lo que sería un craso error legislativo –según he advertido antes, en estas mismas páginas, insistentemente-.

Pero aún más importante: en esta democracia suizocentroamericana, vienen escaseando defensas férreas en torno a la independencia judicial, no como garantía directa para la judicatura, sino más bien, como garantía indirecta para los ciudadanos. No se trata de defender al Poder Judicial para los judiciales. Lo imprescindible, lo que no podemos perder de vista como ciudadanos, es la imparcialidad de la administración de justicia en relación a las partes que se enfrentan en el marco de un proceso debido, pero, además y sobre todo, independiente de las influencias tanto externas (riesgo político) como internas (riesgo administrativo).

Siendo que, además, ello en ningún caso es excluyente de la crítica severa a los privilegios judiciales, entre los que jamás podría confundirse la independencia de un poder republicano, como el judicial.

Caballo de Troya fiscal.- Extraña sobremanera el silencio de quienes, no perteneciendo al gremio judicial, están llamados a defender su independencia como Poder. Y no por un prurito principista nada más sino por ese imperativo profesional de quienes se formaron en el entendido de los delicados equilibrios que presupone la independencia judicial.

No se trata solo de ciudadanos versados o entendidos que defienden la división de poderes por convicción civilista y la prudencia que suponen los contrapesos. Sino más bien de abogados que deben defender por imperativo ético lo que reconocen como requisito elemental de toda democracia respetable si no se limitaron a pasar por las facultades de derecho y dan muestras de que estas “pasaron” también por ellos.

¿O es que la formación jurídica ha decaído tanto que ya ni eso queda claro en las aulas universitarias?

¿Qué abogado podría tenerse por tal si no defiende la Constitución Política donde se asienta la división de poderes y la independencia judicial? ¿Cuál facultad de derecho merece respeto si no se interesa por la amenaza –sí, amenaza- de que el Ejecutivo evalúe el trabajo de los jueces y por esa vía lo coopte progresivamente? ¿Cómo es que el Colegio de Abogados deja pasar que la política salarial o el plan de inversiones judiciales dependan del humor ejecutivo, siendo que a la larga ese es otro trillo para la politización de la justicia, ya de por sí bastante manoseada desde que los nombramientos legislativos (magistrados, entre otros) se deciden desde el Ministerio de la Presidencia, hoy, igual que siempre?

¿Será que tantos piensan erróneamente que la defensa de la independencia judicial solo debe preocupar a los magistrados y sus subalternos judiciales, hoy bajo ataque por esos cotos de privilegio que en efecto deben revisarse a fondo -como he subrayado antes en repetidos escenarios y artículos como este-?

Fallo.- Es en ese marco que debe dimensionarse la sentencia de la Sala Constitucional. Un fallo(nazo) que no resiste el análisis como yerro histórico cuyas consecuencias perniciosas para la independencia judicial serán patentes tarde o temprano. Una falla inocultable desde que el propio presidente a.í. de la Sala Constitucional reconoció, al publicar la sentencia y tratar de justificarla, que primó en ellos la consideración política de lo fiscal, desplazando insoslayablemente la criba jurídica, que es a la deberían limitarse como magistrados, y aún más, como juristas, según el principio de legalidad que les alcanza.

Ninguna crisis económica -por más “asustante” que se haya propagandeado desde la oficialía que fue acompasada por los grupos de presión interesados en esta reforma –y no en otra más progresiva- valen nuestra Constitución Política. ¡Ninguna!

El Estado de Derecho se defiende jurídicamente, no se discute politiqueramente.

Todo esto con el telón de fondo de ciudadanos informados que continuarán distraídos en otra cosa hasta que se percaten de golpe de que las garantías y libertades constitucionales no se defienden solas.

Pablo Barahona Kruger
El autor es Abogado constitucionalista y profesor universitario
Fue Embajador de Costa Rica ante la OEA
pbarahona@ice.co.cr

 

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