Dennis Meléndez Howell, Economista (Ph.D.).
Si el gobierno no pone orden en materia de regular la renovación de las flotas de transporte público (autobuses), programando adecuadamente su reemplazo, para lo cual los usuarios pagan esperando lo disfruten durante toda su vida útil (en buenas condiciones y mantenimiento, como se les paga en las tarifas), continuará dándose el abuso en los aumentos de tarifas.
Muchos autobuseros compran unidades de lujo, cuya inversión recuperan en un 80% en cuatro años y los venden a media vida, quedándose con las ganancias que corresponden a los usuarios.
Otro tema es el control de itinerarios. Por ejemplo, en una ocasión se determinó que a una línea de autobuses se les autorizó un bus cada tres minutos, con una ocupación de 60%. De manera dolosa, la empresa ponía un bus cada 5 minutos, al 100%. Aunque esto parece insignificante, en realidad significaba un sobreprecio de 40% de más en la tarifa.
Lo anterior ejemplifica el enorme riesgo que significa el no poner orden en este sector.
El riesgo de captura regulatoria (perniciosa influencia de los regulados en los entes regulatorios como CTP y Aresep), es sumamente peligroso y algo a lo que debe ponerse mucho cuidado.
Lamentablemente la Defensoría de los Habitantes podría jugar un papel primordial para exigir al gobierno esa independencia, pero inexplicablemente no lo hace.
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