Dennis Meléndez Howell, Economista (Ph.D.).
La parálisis de la infraestructura vial es una deuda con el país que ya no admite excusas. Cada carretera postergada, cada obra inconclusa y cada promesa incumplida comprometen la productividad, deterioran la calidad de vida y restringen las oportunidades de desarrollo.
Costa Rica necesita que sus autoridades asuman la magnitud de este rezago y respondan con planificación, decisiones y obras, porque el costo de seguir esperando lo paga diariamente toda la población.
El país lleva décadas atrapado en los mismos caminos, las mismas presas y las mismas promesas. Cambian los gobiernos, pasan los años, pero nuestra infraestructura sigue esperando.
Una semana más, un año más, una década más. ¿De qué sirve tener playas hermosas si un trayecto que debería hacerse en hora y media termina convirtiéndose en una odisea de hasta diez horas?
Y, mientras tanto, el Gobierno parece no darse por enterado. Los proyectos avanzan a un ritmo desesperante o, en su gran mayoría, simplemente no avanzan.
Contamos pesetas y discutimos si soltamos un colón de más, mientras perdemos miles de millones en tiempo, desgaste de vehículos, combustible y, sobre todo, en desesperación y agotamiento mental.
El hígado, la mezquindad y la envidia nos dominan.
La Ruta 27 no arranca; la Ruta 1, incluyendo Cambronero, avanza a paso de tortuga. Proyectos nuevos, como Puriscal-Parrita o Los Santos-Quepos, planteados desde la administración Oduber, ni siquiera se han vuelto a mencionar seriamente en más de cuatro décadas.
Mientras otros países comprenden que la infraestructura es una inversión indispensable para el desarrollo, nosotros seguimos atrapados entre discusiones interminables, trámites, cálculos mezquinos y decisiones que nunca llegan.
Nuestra mentalidad liliputiense nos mantiene postrados en el subdesarrollo.
Costa Rica no puede seguir perdiendo tiempo, recursos y oportunidades por falta de visión y decisión. El desarrollo exige pensar en grande, planificar a largo plazo y, sobre todo, ejecutar.
Resolver este rezago exige responsabilidades claras, financiamiento sostenible, plazos verificables y rendición de cuentas. Las autoridades deben responder por las obras que ejecutan y por las consecuencias de aquellas que siguen postergando.
El tiempo perdido en carretera es tiempo arrebatado al trabajo, al descanso y a la familia. Costa Rica no puede resignarse a que desplazarse sea una prueba de resistencia: construir la infraestructura que necesita es una obligación impostergable del Estado.

