Lic. César Moya Aburto, MSc. Juan Antonio Gutiérrez Slon, MSc. Xinia Zúñiga Muñoz

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo.
Vicerrectoría de Investigación.
Universidad Estatal a Distancia

En 1994, el 23 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/49/214,  definió el 9 de agosto como Día Internacional de las Pueblos Indígenas. Esta conmemoración se instituyó en el marco de decenio de los Pueblos Indígenas del mundo. Dicha celebración internacional, es significativa, además, debido a que rememora la realización de la primera reunión, que se efectuó en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, esta fecha se conmemora con el fin de dar a conocer las necesidades de estos pueblos y la búsqueda de soluciones. En esta fecha, se festeja a estos pueblos desde sus identidades colectivas y sus derechos como pueblos o naciones étnicas que, siendo originarias, se mantienen agrupadas dentro de los países y Estados, especialmente en América Latina donde habitan más de 800 pueblos.

En esta fecha se reconocen, de igual manera, los aportes culturales, sociales, económicos y políticos, que dichos pueblos indígenas brindan a todas las sociedades; tanto desde sus saberes ancestrales en medicina, agricultura y organización social, así como desde la multiculturalidad que enriquece a las sociedades modernas.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), existen alrededor del mundo, aproximadamente 5000 pueblos distintos, unas 370 millones de personas, presentes en 90 países, hablantes de alrededor de 7000 idiomas diferentes. Se cuentan entre las poblaciones más vulnerabilizadas en distintos ámbitos, como el económico, político, y cultural, así como en relación con el cumplimiento efectivo de sus derechos como pueblos. Señala la ONU que más del 86% de las personas indígenas en todo el mundo, frente a un 66% de población no indígena, trabajan en la economía informal y presentan además tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que las personas no indígenas. En materia educativa, entre las personas indígenas que realizan diversas actividades laborales, un 47% sufren de analfabetismo, frente a un 17% de personas no indígenas.

En Costa Rica encontramos 24 territorios indígenas declarados como tales bajo distintos decretos, los primeros delimitados en 1956 en la zona sur del país. Asimismo, habitan en territorio costarricense 8 pueblos diferenciados étnicamente, que representan, según el censo de 2011, un aproximado del 2.42% de la población costarricense, para una población, en el momento del censo, de aproximadamente 104.143 personas, de las cuales un 65% se encuentran fuera de sus territorios, con solo un 35% dentro de éstos. Tantas personas indígenas habitando fuera de sus territorios se explica, entre otras cosas, por los altos porcentajes de usurpación de esos territorios por parte de personas no indígenas, así como a la falta de oportunidades y de acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en Costa Rica el índice de necesidades básicas insatisfechas es del 24,6%, mientras que para los territorios indígenas es del 70,1%. O sea, existe una gran brecha en la cobertura de necesidades básicas entre la población indígena, muchas más grave que para el resto del país. (INEC, 2013).

Los pueblos indígenas en Costa Rica y en Centroamérica cumplen un papel determinante en la protección de bosques y fuentes de agua. Estudios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a través de un mapeo participativo con más de 80 pueblos indígenas diferentes, demuestran que hay una relación directa entre la presencia de estos pueblos y zonas donde mejor se conservan los recursos naturales, los cuales son a su vez centrales para la supervivencia de los pueblos y para bienestar colectivo del resto de la población. De acuerdo con este trabajo cartográfico, se identificaron 948 áreas protegidas terrestres y marinas de las cuales el 39% son habitadas por diferentes pueblos originarios, asimismo, muestran que el 44% de los bosques de Centroamérica se encuentra dentro de áreas que son utilizadas por estos pueblos. (UICN, 2015).

Aunado al papel que los pueblos indígenas cumplen en el resguardo de la naturaleza y de su relación con ésta, también son portadores de una riqueza y diversidad cultural expresada en sus formas de organización, autodeterminación, cosmovisión e identidades, formas de relacionarse con sus territorios y con sus ancestros. También son titulares de derechos colectivos conquistados mediante procesos de lucha política frente a la persistente colonialidad de los Estados nacionales. Estos derechos colectivos atienden a sus instituciones jurídicas, sociales, políticas y económicas; al uso de sus propios idiomas; a la práctica de su espiritualidad; a la posesión, uso, desarrollo y control de sus tierras, territorios y recursos; así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, y al ejercicio de su autonomía. Todo lo anterior reconocido mediante instrumentos jurídicos de derecho internacional, tanto en el Sistema de Nacional Unidas, como la Organización de Estados Americanos, como por ejemplo: el Convenio 169 de pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (1991), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas (2016).

Pese a la existencia de estos y otros instrumentos nacionales e internacionales que velan por los derechos de estas colectividades, persiste por parte del Estado una deuda histórica en la implementación de dichos derechos, los cuales sistemáticamente, gobierno tras gobierno, son, en su gran mayoría, violentados o tan solo cumplidos a medias.

En Costa Rica, el 9 de agosto del 2010, varios dirigentes indígenas, hombres y mujeres, fueron invitados a la Asamblea Legislativa para realizar un acto protocolario. Este grupo de indígenas decidieron entonces realizar una jornada de protesta pacífica, solicitando la votación, ya fuera a favor o en contra, del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, cuya concreción, en sus dos versiones (expedientes 12.032 de 1994 y 14.352 de 2001), exigió un gran esfuerzo de parte de los pueblos indígenas, ya que  implicó realizar dos procesos de consulta diferentes. Transcurridos más de 25 años sigue sin haber sido sancionado por la Asamblea Legislativa.

La respuesta de las Autoridades Legislativas fue ordenar el desalojo violento de estas personas indígenas, y su expulsión fuera del recinto legislativo. Ello provocó lo que en la memoria de los pueblos indígenas es hoy recordado como la Arrastrada, cuando estas personas fueron efectivamente arrastradas, para ser entonces expulsadas sin escuchar su solicitud. Luego de esa noche, los pueblos indígenas entendieron que sus derechos no iban a ser respetados por lo que cambiaron de estrategia y en ese mismo año, comenzaron a defender sus tierras desde sus comunidades mediante procesos pacíficos de recuperación territorial. A la fecha, estos últimos ya superan las 4000 hectáreas en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá, a las que en el 2020 se suman las recuperaciones realizadas recientemente en el territorio indígena Maleku de Guatuso, ubicado en la zona norte del país.

Esta persistente negación de los derechos de los pueblos indígenas, la falta de interés en la atención del Estado costarricense en materia educativa, de salud, saneamiento territorial y el ejercicio de la autonomía, entre otros, explican que las acciones de hecho, pacíficamente realizadas, para la recuperación de territorios, se conviertan en la única salida a disposición de los pueblos indígenas. Se busca así reivindicar derechos que la normativa nacional y diversos acuerdos internacionales reconocen.

Estos procesos de recuperación de la tierra/territorio, han generado reacciones muy violentas por parte de las personas no indígenas que usurpan las tierras indígenas. Se ha dado lugar a actos de agresión física, patrimonial y psicológica en contra de las personas indígenas, sus familias y comunidades. Por ejemplo, de acuerdo con una investigación del CICDE-UNED (2017), para el caso del proceso de recuperación de territorio en Salitre, entre el 2010 y 2017, se registraron más de 100 hechos de violencias contra las y los recuperadores indígenas.

Este escenario de violencia, ya cobró la vida de dos persona indígenas, Sergio Rojas Ortiz, bribri de Salitre, y Jehry Rivera Rivera, brörán de Térraba, lo cual tuvo lugar pese a existir Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015, para la protección de la integridad física y territorial de estos dos pueblos. Persiste, asimismo, un sistemático desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en relación con las instituciones y autoridades propias, la ausencia de procesos de consulta sobre proyectos que les afectan, al desconocimiento de su territorio ancestral, las limitaciones para el ejercicio efectivo de la administración de su territorio y la imposición de la figura de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) como gobierno local, lo que constriñe el ejercicio de la gobernanza propia. En vista de hechos tan graves, la CIDH el pasado 2 de julio (Informe 167/20, Petición 448-12) emitió la admisibilidad para su estudio por el fondo de una causa contra el Estado costarricense por la violación de estos derechos del pueblo brörán, quienes presentaron esta petición desde 2012.

Este informe de admisibilidad pone en jaque al Estado costarricense aceptando y dando voz a los reclamos indígenas. Ello advierte acerca del sistemático incumplimiento de sus derechos, dando una posible apertura, luego de proceder a examinar los aspectos de fondo presentados por el pueblo brörán, y los alegatos del Estado costarricense, y de considerarse que las acciones de parte del Estado son insuficientes, y que por lo tanto los aspectos de fondo deben ser examinados por la Coste Interamericana de Derechos Humanos, para que sea esta instancia la que ordene remediar el constante irrespeto de sus derechos como pueblo.

Finalmente, con la celebración del 9 de agosto, se presenta la oportunidad para sensibilizar a la población costarricense en relación con nuestros pueblos indígenas, su ubicación geográfica, sus características particulares y los múltiples aportes a la diversidad cultural del país. Esto posibilita además divulgar la actualidad de los problemas persistentes que estos pueblos enfrentan: el irrespeto sistemático a sus derechos más fundamentales; el olvido y posposición por parte de los sucesivos gobiernos; los pendientes no resueltos en materia de salud, educación y provisión de servicios básico; las leyes que deben aprobarse y que han sido una y otra vez dejadas de lado.

Que sea oportunidad para educarse y superar prejuicios; para reconocer, respetar y defender la dignidad de los pueblos indígenas, y para conceder plena vigencia a los derechos a la autonomía y a sus propios territorios, que le siguen siendo denegados. Y, por supuesto, también su derecho a la paz, la tranquilidad, sosiego y serenidad, que son inherentes a su cultura y estilo de vida.