El gobierno encabezado por Alberto Fernández, de Frente de Todos, que asumió el 10 de diciembre de 2019, emergió en el marco de una estrategia política para vencer al entonces oficialismo de Juntos por el Cambio, encabezado por Mauricio Macri. Dicha estrategia, pergeñada por Cristina Fernández de Kirchner, constituyó al nuevo Gobierno, no como una coalición de gobierno, sino como una coalición de poder.

Se entiende como coalición de gobierno al acuerdo entre dos o más fuerzas políticas en torno a un programa político relativamente consensuado y que guarda aspectos considerados fundamentales por las fuerzas que componen la coalición. En cambio, una coalición de poder estriba en el acuerdo de dos o más fuerzas o espacios políticos con el único objetivo de ganar una elección.

La elección presidencial de 2019 en Argentina tuvo esas características: un acuerdo entre el kirchnerismo y sectores del peronismo territorial no kirchnerista, que se aliaron entendiendo que el espacio mayor de la coalición, el movimiento liderado por Cristina Fernández, no podía ganar la elección por sí solo. Tan es así que la líder natural del espacio se relegó a sí misma al cargo de vicepresidenta en la fórmula electoral. Si bien el triunfo fue claro, también se vislumbraban cuatro años de gobierno no tan consensuados.

La pandemia de la COVID-19, que surgió apenas se asumió el gobierno, generó otro escenario político, y la gestión de esta permitió la centralidad de la figura presidencial de Alberto Fernández. El Frente de Todos seguía siendo un frente común, pero bastó que pasaran los meses y que los Gobiernos se vieran obligados a gestionar no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica por el encierro y la caída de la actividad, para que surgieran las diferencias dentro de la coalición.

Los desencuentros se fueron sucediendo: la vuelta a la educación presencial, la continuidad de la política sanitaria, las necesidades fiscales, la relación con los distritos gobernados por la oposición o la inflación progresiva, al tiempo de la recuperación del consumo atrasado. En fin, cuestiones que agitaron la agenda gubernamental y que empezaron a hacer crujir el acuerdo electoral.

Sin embargo, el tema que condujo a la fractura actual ―poco explícita― fue la necesidad de encarar lo que en tiempos de pandemia se había podido dilatar: la negociación con el FMI para el refinanciamiento del vencimiento de la deuda, una deuda, en gran parte, contraída en el gobierno de Macri, que ni el gobierno ni la economía argentina estaban preparados para afrontar.

El acuerdo con el FMI exigía, tal como siempre ha sucedido, un ajuste fiscal importante que, en un contexto inflacionario como el que atraviesa el país y recesivo como consecuencia de la pandemia, era difícil de sostener desde una perspectiva electoral, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del año que viene.

El aviso fue la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de término medio de noviembre de 2021 que le permitió a la oposición equiparar fuerzas en el Congreso.

La fisura que se había abierto antes de la firma del acuerdo con el FMI había ido dividiendo a los socios principales de la otrora coalición de poder: el kirchnerismo, por un lado, y el “albertismo”, más la mayoría de los gobernadores peronistas, la CGT ―la principal confederación de sindicatos― y las principales organizaciones sociales, por el otro.

En la vereda de enfrente, la oposición de Juntos por el Cambio, que supo ser una coalición de gobierno entre 2015 y 2019, y que se sostiene como acuerdo programático más allá de sus distintas procedencias políticas, comenzaba a festejar en silencio.

Pero la división dentro del Gobierno se oficializó con el tratamiento parlamentario de la ley que el presidente derivó para aprobar el acuerdo con el FMI. La aprobación parlamentaria, que no fue solicitada por el Fondo, fue probablemente enviada por el presidente para medir definitivamente fuerzas. El acuerdo se aprobó en el Congreso con los votos del “albertismo” y de la oposición, y el rechazo del kirchnerismo, el otro socio del Frente de Todos.

Lo que ha seguido a la aprobación parlamentaria es una guerra mediática entre los exsocios, cada día más enconada, para beneplácito y cálculo electoral de la oposición.

La política actual, sobre todo en América Latina, se compone básicamente de acuerdos entre distintas fuerzas políticas y sociales cuyo objetivo principal ―legítimo― es ganar elecciones. No obstante, la realidad está mostrando (Lenín Moreno, Jair Bolsonaro, Alberto Fernández, Pedro Castillo y quizás también AMLO), que tras el triunfo electoral hay que gobernar y sin cimientos ni acuerdos programáticos sólidos, esos triunfos electorales se transforman en victorias pírricas.

El problema es que quienes sufren esos desacuerdos y el impacto de las peleas internas en los Gobiernos no son sus protagonistas sino las sociedades.


Diego M. Raus es director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Sociología por la UBA y en Ciencia Política por Flacso-Argentina.

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