Asamblea Legislativa, 20 de marzo de 2017. Ante una serie de incongruencias administrativas y la mala gestión del Gobierno en instituciones encargadas de la Hacienda Pública, los diputados que conforman la Comisión de Ingreso y Gasto Público, acordaron llamar en audiencias a varios funcionarios públicos, para que se refieran a la posible pérdida de expedientes de la Unidad de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, así como solicitar a la Contraloría General de la República realizar una auditoría especial en el Servicio Nacional de Aduanas, ante la denuncia de que 235 empresas no pagan impuestos por el valor real de los productos que importan.
El diputado liberacionista Julio Rojas Astorga señaló que, en lo que se refiere a la Dirección de Adunas, y ante las declaraciones dadas en la Comisión por los exdirectores de esa institución, Benito Coghi y Roy Chacón, la moción señala que en el marco del expediente 20.118, se le solicita al Contraloría una amplia investigación con el fin de:
- Verificar si el valor el cual es la base imponible, sobre la cual se calculan cuatro impuestos sobre mercancías importadas, es correcta o si existen desviaciones atribuibles a interpretaciones erróneas del bloque de legalidad.
- Determinar técnicamente la cuantía de los ingresos dejados de percibir por la Hacienda Pública, debido a la erosión de la base imponible de las mercancías importadas por la omisión del pago del canon y derechos de licencia. Y que si el monto dejado de percibir en el período 2012-2013 fue de 53 mil millones de colones.
Desaparición de expedientes en Hacienda.
Por su parte, el también diputado liberacionista Rolando González Ulloa, indicó que, luego de un reportaje periodístico sobre la Desaparición de alrededor de 12 mil expedientes de cobro judicial en el Ministerio de Hacienda, por deudas acumuladas por morosos por alrededor de posibles 50 mil millones de colones, que deja al descubierto una débil gestión interna y un vulnerable sistema de control interno, que ha inducido al extravío de dichos documentos, por lo que la Hacienda Pública estaría en riesgo de dejar de percibir esa millonaria suma.
Ante esta situación la Comisión de Ingreso y Gasto aprobó otra moción con el fin de que se abra un expediente de investigación por las supuestas pérdidas tendiente entre otras cosas a:
- Esclarecer las circunstancias que mediaron en la desaparición de los expedientes de cobro judicial, haciendo comparecer a la administración responsable de la gestión interna y del sistema de control interno
- Determinar el monto al que ascenderían las supuestas pérdidas
- Identificar a los responsables de dicho extravío y canalizar ente el ente competente, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
Cabe señalar que para ello se acordó convocar a comparecer por este caso a lo siguiente funcionarios públicos: Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, Viceministro de Ingresos y otros funcionarios.
Contraloría advirtió del problema.
Según indicó el legislador Rojas Astorga, el Ministerio de Hacienda conocía del desorden con esos expedientes de cobro judicial desde 2014. Ese mismo año la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-SAF-IF-15-2014, advertía a los funcionarios encargados de esa unidad, sobre las anomalías detectadas en una auditoría realizada por ese ente contralor.
Según informes periodísticos señalan que existen otras de debilidades entre ellas que no hay un programa informático apto para resguardar los expedientes, incluyendo la falta de claves y controles de acceso.
Finalmente el órgano contralor advirtió en su momento que mediante la auditoría realizada “se determinó que existen importantes debilidades en la custodia y conservación de los expedientes que dificultan su ubicación. Esta situación conlleva importantes riesgos referidos a: pérdida de expedientes o de la documentación que estos contienen, la posibilidad de prescripción o incobrabilidad de adeudos por atrasos ocasionados debido a la no ubicación o restitución de los expedientes extraviados”, entre otros.
LA VOZ LIBERACIONISTA·LUNES, 20 DE MARZO DE 2017
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público