Edgar E. Gutiérrez-Espeleta: Inversión en infraestructura, un desafío para las próximas administraciones.

En fin todo gobierno debe realizar ejecución de obra correspondiente a la planificación del gobierno anterior, pero más importante aún es que se debe trabajar en la gestión, planificación y financiamiento de nuevas obras, labores que parecieran ausentes en esta Administración.

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Edgar E. Gutiérrez Espeleta.

Hace unos días hubo un debate virtual en el Canal 15, de la UCR, sobre la inversión en infraestructura en Costa Rica. De las exposiciones ofrecidas me surgió una preocupación sobre la cual expongo a continuación. Según los datos del CFIA, en el 2018 se gestionó, ante este Colegio, un total de 5,934,344 m2 de proyectos, 6,051,491 m2 en el 2019 y 4,507,808 m2 para los siete meses iniciales del 2020. Si vemos la cantidad de obra pública nos damos cuenta de que para el 2018 se registró en el CFIA 1,214,923 m2, para el 2019 fueron 260,754 m2 y para los primeros siete meses del 2020 se llevan registrados solo 92,632 m2. Esto nos alarmó sabiendo el tiempo que lleva la tramitación de una obra pública. En el CFIA se inscriben los planos (el diseño) y este da el visado correspondiente. Este visado es requisito para la construcción. Así que los proyectos inscritos reflejan la intención de obra, pero no asegura que el proyecto se ejecute, ya que hacen falta otros requisitos como el financiamiento, entre otros.

Por ejemplo, obras como el puente Binacional Sixaola; Playa Naranjo-Paquera; Circunvalación Norte; el paso a desnivel en Garantías Sociales; la Rotonda Guadalupe y la Rotonda la Bandera; tramo Cañas-Limonal; tramo Limonal-Barranca; intercambios Taras-La Lima, y tramo Santa Cecilia-Birmania todos son proyectos cuya gestión se realizó durante las Administraciones Chichilla y Solís Rivera, a quienes correspondió los procesos de evaluación socioeconómica, financiamiento, diseño, gestión de expropiaciones, y en muchos casos, inicio de obras, por lo que a la presente Administración le ha correspondido, principalmente, la culminación del proceso constructivo. A poco más de dos años de la Administración Alvarado se han inscrito, ante el CFIA, como nuevos proyectos de obra pública, solo un 2,1% del total, mientras que el 2019 fue un 4,3% y en el 2018 un 20,5%.

Si se sigue con esta tendencia la siguiente Administración encontrará pocas obras en proceso de ejecución, es decir tendrá que iniciar gestiones desde cero, y será hasta las siguientes administraciones (hasta el 2026) que podrían ejecutarse los proyectos de obra pública que se inscriban durante estos dos años. Lo que sí queda claro es que a la siguiente Administración (2022-2026) le tocará realizar prácticamente la ejecución de la carretera San José-San Ramón pero, según lo informado en los medios de comunicación, las obras impostergables, como la intersección que se hace frente al Colegio Castella y la ampliación del puente frente a Recope en la Bernardo Soto, que son parte de la ruta San José-San Ramón y que debieron financiarse con recursos del FIDECOMISO, se hacen usando recursos escasos MOPT-CONAVI, destinados para la conservación vial, con las consecuencias que eso implica en el estado general de la red vial. Otro proyecto, según parece, que podría ejecutarse durante la próxima Administración podría ser la ampliación de la Ruta 27.

Ojalá que esta situación cambie en lo que falta de esta Administración y se logre registrar más obra pública necesaria en nuestro país para ejecutarse en los próximos años. Más lamentable que no reconocer los avances de proyectos que fueran gestionados en las administraciones anteriores, es que no se estén tramitando, ante el CFIA, nuevos proyectos de infraestructura, junto con los procesos de planificación, diseño y gestión de expropiaciones, tales como la segunda fase de la Terminal de Contenedores de Moin, la intersección de Taras-La Lima, Santa Cecilia-Birmania, los diseños de intervención en la ruta 2, Palmar Norte-Paso Canoas y en fin, las obras que quedaron diseñadas en el gobierno anterior con el préstamo del PIT (Proyecto de Préstamo para Infraestructura). Tampoco se visualizan avances en las gestiones del programa II cantonal, préstamo que quedó ejecutado en su fase 1 en la anterior Administración y que además, se realizó toda la gestión para disponer del segundo tracto del préstamo con el BID, mismo que tiene una vigencia de 6 años y, a poco más de 2 años, no se identifican avances significativos.

En fin, todo gobierno debe realizar ejecución de obra correspondiente a la planificación del gobierno anterior, pero más importante aún es que se debe trabajar en la gestión, planificación y financiamiento de nuevas obras, labores que parecieran ausentes en esta Administración.

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