Edgar E. Gutiérrez-Espeleta: ¿Y la democracia liberal qué?

La diversificación de competencias y la definición de independencias entre los poderes garantizan así un Estado que permite un ejercicio pleno, con pesos y contrapesos, de la democracia.

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Edgar E. Gutiérrez Espeleta.

Para un ciudadano como yo, que no es abogado, me es claro que el diseño de Estado formulado en la Constitución Política, sin duda alguna, permite que la democracia costarricense tenga características particulares las cuales garantizan no solo el ejercicio libre de los derechos a sus ciudadanos, sino también, la vida democrática por sí misma. A raíz de la discusión sobre el proyecto de ley sobre el empleo público, y en particular sobre la autonomía universitaria, llama la atención como algunos costarricenses creadores de opinión pública, y políticos, no hayan participado de esta discusión a reclamar la naturaleza intrínseca que pretendido proyecto de empleo público quisiera entronizar en nuestro país.

La Constitución Política claramente establece una pluralidad de competencias de los órganos que conforman nuestra vida democrática. Le dedica un título particular, propio, a lo que establece en su artículo 9 sobre los poderes de la República en el que claramente señala que estos poderes son independientes entre sí; agregando, más tarde, al Tribunal Supremo de Elecciones. Luego define las instituciones autónomas a las cuales le asigna, en su artículo 188, independencia administrativa pero sujetas a la ley en materia de Gobierno (según Ley 4123). En su artículo 189 define así, como autónomas, a las instituciones aseguradoras del Estado (incluyendo aquí a la Caja Costarricense del Seguro Social y al INS), los bancos de la República, y aquellas que sean establecidas por la Constitución misma, como el Patronato Nacional de la Infancia o las instituciones de educación superior públicas, o que se crearan por ley con 38 votos.

Como vemos el espíritu del constituyente era la descentralización del poder de tal forma que este no recayera en la decisión, en alguna materia, de una sola persona, como podría ser el presidente de la República, o bien, la de un ministro rector. La diversificación de competencias y la definición de independencias entre los poderes garantizan así un Estado que permite un ejercicio pleno, con pesos y contrapesos, de la democracia.

En el caso particular de la educación superior pública la misma Constitución señala, claramente, la independencia de estas instituciones tal como lo señala su artículo 84 donde se lee que estas tienen “independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.” Esta independencia, así dada por la Constitución Política, y tal como ha sido reconocida por la Sala Constitucional en diversos votos, es especial para este tipo de instituciones de educación y cultura. Los constitucionalistas blindaron de esta forma el ejercicio totalmente libre de las funciones de enseñanza y creación de conocimiento a estos centros y previeron que los gobiernos de turno no pudieran direccionar sus destinos conforme a sus intereses particulares. Pues bien, ante este panorama vemos que el constituyente define esa descentralización del poder para garantizar así el funcionamiento de la democracia en Costa Rica, lo cual así lo hemos disfrutado por más de 70 años.

Huelga decir sobre la necesidad de un efectivo régimen de empleo público que garantice idoneidad en la selección del personal, igualdad de pago para igualdad de funciones, prevenga la precarización de los salarios de los funcionarios públicos, que sea ágil y que tenga mecanismos de evaluación de desempeño que hagan más eficaz la labor del servidor público. Esto es una urgencia y así lo establece la Constitución Política. Si no existe es por la ineficacia de los gobiernos que han sido complacientes con demandas de unos y otros y por la carencia del liderazgo para que este régimen sea tal. Pero de allí a querer cobijar a TODO el Estado dista mucho de lo que los constituyentes de 1949, y por ende de la Constitución Política, así lo demandan. Las universidades públicas, por ejemplo, tienen su propio régimen de empleo público garantizado por la misma autonomía organizativa y de carácter especializada que poseen, debido a los fines y particularidades perseguidos en su servicio como entes púbicos, no siendo susceptibles de un sistema único de gestión de empleo, como el que se pretende en la reforma. El reconocimiento de la independencia de las estructuras que conforman el Estado Costarricense, como así lo señala la Constitución Política, y su consecuente descentralización, es una virtud de nuestra democracia, la fortalece y la engrandece, y no solo es necesaria sino también una condición única para que así podamos seguir viviendo en democracia.

Pero ahora, con pleno desconocimiento de esta naturaleza del espíritu del constituyente y de la Constitución Política, tenemos un grupo de diputados que, amparándose en el precepto constitucional de Estado único y sin entender este diseño que hace la misma Constitución Política del Estado, pretenden centralizar en el ministro de planificación, o en el director del servicio civil, los cuales responden políticamente al presidente de la República,  las decisiones de contratación de personal y de la definición de funciones de todos los empleados del Estado, con el pretexto de la necesidad de uniformar salarios y funciones para que todos sean medidos “con la misma regla”. Es decir, lo que quieren es llevarnos a desarmar este Estado de tal forma de que esa independencia y esa garantía de descentralización de competencias, sobre todo en materia de contratación, quede totalmente centralizado bajo el criterio único, diríamos político, de una persona como sería el ministro rector o la Dirección General de Servicio Civil.  Esto, me parece, que es atentar contra la arquitectura de nuestra democracia, y peor aún, se sorprende uno saber que este grupo de diputados desconozcan la naturaleza de la Constitución Política y que pretendan darle, de un zarpazo, un golpe destructor al diseño de la democracia que hemos disfrutado desde 1949. Llamo la atención al lector para que reflexione sobre esto y para invitarle a que, juntos todos, defendamos la Constitución Política, el estado social de derecho que en ella se consagra y la democracia costarricense.


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