La pregunta no es si hay oro en Crucitas. La pregunta es si Costa Rica está dispuesta a gobernar su territorio. Si la respuesta es no, cualquier promesa de riqueza será demagogia
Edgar E. Gutiérrez-Espeleta (Dr.), Ex Ministro de Ambiente y Energía, 2014-2018
Crucitas no es, a estas alturas, un debate técnico sobre minería. Es una prueba política. En Cutris de San Carlos, a pocos kilómetros del río San Juan, Costa Rica lleva años viendo cómo una zona que debía ser recuperada por el Estado terminó convertida en enclave de minería ilegal, daño ambiental, redes de abastecimiento, entradas clandestinas y abandono institucional. La Sala Constitucional ordenó en 2026 acciones inmediatas a varias instituciones contra la minería ilegal en Crucitas, precisamente porque la respuesta estatal había sido insuficiente para proteger ambiente, salud y seguridad. Ese señalamiento judicial confirma lo que la zona viene gritando desde hace años: el problema no ha sido falta de diagnósticos, sino falta de voluntad y de inversión social sostenida.
Desde 2018 se habló de limpiar Crucitas con participación de la Fiscalía, cuerpos policiales, autoridades ambientales y apoyo de guardaparques. La lógica era correcta: no bastaba con entrar, decomisar unas tómbolas y salir en conferencia de prensa. Había que recuperar territorio, cerrar accesos, sostener presencia permanente, perseguir financistas y compradores, controlar el mercurio, proteger acuíferos y evitar que la ribera del río San Juan siguiera funcionando como puerta de ingreso y salida de operaciones ilegales. Sin embargo, lo que se instaló fue una política intermitente: operativos, repliegues, reincidencia y nueva expansión. La propia Fuerza Pública anunció la Operación Lapa 2 como parte de un plan de sostenibilidad en Crucitas, señal de que el Estado conocía la necesidad de continuidad y no de incursiones episódicas.
La paradoja es dolorosa. Costa Rica ganó la batalla jurídica internacional frente a Infinito Gold: el expediente arbitral Infinito Gold Ltd. v. Costa Rica, caso CIADI ARB/14/5, quedó registrado en el sistema internacional de arbitraje, y en 2024 se consolidó la posición de que el país no debía pagar la indemnización reclamada tras la cancelación del proyecto. Pero mientras el país defendía con éxito su potestad de prohibir la minería metálica a cielo abierto, perdió control efectivo sobre el terreno. Ganó en Washington lo que no supo gobernar en Cutris.
Por eso es peligrosa la retórica de los “ingresos fenomenales”. Se vende la idea de que abrir una mina resolvería pobreza, empleo e infraestructura, como si el oro tuviera vocación patriótica. Pero la experiencia muestra otra cosa: la riqueza sale rápido, los costos se quedan décadas y las comunidades terminan con agua contaminada, enfermedades, violencia y suelos degradados. En Costa Rica, incluso bajo el escenario ilegal actual, El Financiero reportó exportaciones de oro por $122 millones en 2025 sin recaudación de un solo colón en impuestos específicos asociados a ese flujo. Ese dato no prueba que legalizar sea solución; prueba que el Estado no controla la cadena de valor. Si no puede controlar el desorden, ¿por qué creer que controlará una explotación a gran escala con enormes presiones económicas? ¿Y los dueños de esas tierras estarán dispuestos a vender las propiedades para que se haga minería a cielo abierto? ¿Será que el Gobierno (todos los costarricenses) piensa comprar esas tierras para darla una empresa transnacional para que se lleve las mayores ganancias?
Los ejemplos sobran. Pascua-Lama, el proyecto de oro y plata de Barrick Gold en la frontera entre Chile y Argentina, fue presentado como inversión gigantesca, empleo y modernización. Terminó convertido en símbolo de daño ambiental: AIDA documentó infracciones graves, afectación de glaciares y una sanción de unos USD 16 millones, equivalente apenas a una fracción mínima del costo total del proyecto. Allí la promesa de desarrollo chocó con una realidad básica: en ecosistemas frágiles, cuando el daño se vuelve irreversible, la multa llega tarde y la comunidad paga primero.
Otro caso cercano es la mina San Martín, en el Valle de Siria, Honduras. El informe sobre su exploración, explotación y cierre documentó impactos ambientales y sociales posteriores a la operación minera. Estudios y organizaciones que dieron seguimiento al caso señalaron que los beneficios municipales fueron modestos frente a daños ambientales, presión sobre el agua y preocupaciones sanitarias. La lección para Crucitas es directa: cuando las regalías son pequeñas y los pasivos son grandes, hablar de “desarrollo regional” se vuelve demagogia. El dinero público termina financiando vigilancia, salud, remediación y conflicto social, mientras la ganancia privada se contabiliza en otra parte.
La minería a cielo abierto no es una varita mágica para territorios olvidados. Muchas veces prospera precisamente donde el Estado ya falló: caminos malos, empleo escaso, instituciones débiles y comunidades urgidas de ingreso. En esas condiciones, la promesa minera no corrige el abandono; lo explota. Crucitas necesita presencia estatal, sí, pero no para entregar la zona a otra ilusión extractiva. La necesita para asegurar agua, salud, caminos, educación, empleo lícito, control fronterizo, investigación penal y restauración ambiental.
El punto central es de soberanía. Si el Estado costarricense permite que la ribera del San Juan siga siendo un corredor de entradas ilegales, si no sostiene vigilancia permanente, si no golpea las redes que compran oro y abastecen mercurio y a aquellos que financian estas actividades, entonces está aceptando una frontera porosa administrada por economías ilícitas. No se trata de criminalizar la pobreza de quienes entran a buscar sustento en condiciones miserables; se trata de perseguir la estructura que convierte la necesidad humana en negocio ambientalmente devastador.
Crucitas no se limpia con discursos. Se limpia con presupuesto, mando político, inversión social, coordinación real entre Fiscalía, Policía, Migración, MINAE, SINAC, Salud y autoridades locales; con puestos permanentes, inteligencia financiera, cooperación binacional cuando corresponda y rendición pública de resultados. También se limpia dejando de usar el caos como argumento para reabrir la puerta a la minería a cielo abierto. Así se hizo en el pasado cuando en Gobierno limpió el Parque Nacional Corcovado de miles de oreros y cazadores. ¡Aprendamos de nuestra propia historia!
La pregunta no es si hay oro en Crucitas. La pregunta es si Costa Rica está dispuesta a gobernar su territorio. Si la respuesta es no, cualquier promesa de riqueza será demagogia: migajas para el país, pasivos para la región y un nuevo capítulo de vergüenza institucional. Si la respuesta es sí, entonces la ruta es clara: recuperar la zona, proteger la ribera del río San Juan, cerrar las economías ilegales y demostrar que el desarrollo no se cava a cielo abierto cuando lo que está en juego es el agua, la salud y la autoridad misma del Estado.