Editorial: A la deriva

La sensación de que la nave va a la deriva, es porque no está claro quien se encuentra a mando del timón. El Plan Fiscal y su regla, han provocado a nivel de un grupo de actores influyentes en la esfera pública y de la opinión, que se comporten de forma convulsa. Hay ausencia de reglas claras y en su inevitable interpretación, se ha provocado un innecesario pero conveniente desorden, a  algunos grupos de interés e instituciones.

El propósito esencial con la reforma ha sido y es, iniciar la ruta hacia el equilibrio de las finanzas públicas, entendiendo que se trata de un viaje largo y nada placentero pero indispensable.  Hoy debemos reconocer, casi dos meses después de entrar de lleno con  su aplicación, que estamos a la deriva debido a los yerros del Poder Ejecutivo y particularmente del Ministerio de Hacienda. Se suma a ello la actividad de diversos grupos de interés que se han opuesto férreamente tanto a la reforma como a la aplicación de la  regla.

Es indispensable señalar que quizás la reforma lleva importantes defectos desde su promulgación, pero es sin duda alguna el único instrumento del que se dispone para iniciar el proceso de recuperación en materia de finanzas públicas, lo cual implica otro tipo de acciones y medidas.

Es imperativo contar con un verdadero plan contra la evasión de impuestos y la elusión, tanto como la urgencia de un plan congruente orientado a la reactivación económica del país.  También hay que advertirle al Ministerio de Hacienda, que no cuenta con licencia especial para que a punta de errores, horrores e imposiciones absurdas; o a golpe y porrazo pretender que se cumpla con la regla fiscal. Junto a este modo tan sui generis practicado por Hacienda,  no se deja tampoco de lado, la “huida” de quienes pretenden escaparse de la aplicación, tales como los municipios, la Corte o las universidades. Eso por ahora.  Otros esperan en fila a ver cómo les va a estos, o esperando algo así como disponer para ellos de un sistema de concesiones especiales, que los diferencie y excluya de las obligaciones del resto. Esto es lastimoso y también vergonzoso.

Lo cierto es que en la institucionalidad pública, todos tienen que hacer su aporte. El país debería a  tres años plazo de la aplicación de la regla, mostrar signos de recuperación, tratando de capturar casi tres puntos porcentuales del PIB por su medio. En este contexto, el acuerdo entre la CCSS y los sindicatos es indignante, como también lo es, la posición inamovible del Poder Judicial  al apelar a su independencia para eximirse de contribuir, o el bochornoso intento de las municipalidades con la complicidad de la Asamblea Legislativa por evadir el cumplimiento de la regla fiscal.

En el caso del Poder Judicial es necesario aclarar que no se trata de poner en entredicho su independencia, sino la insistencia en mantener un odioso sistema de privilegios sobre el resto de la institucionalidad pública, en momentos en que las condiciones del país no están para eso. La tarea del Ejecutivo y en particular la de Hacienda por su parte debe ser más dialógica; como corresponde en democracia, con el fin de para provocar los mejores resultados, y alejarse de la intransigencia y de la irracionalidad que caracteriza sus posiciones.

La Contraloría General de la República, por medio de doña Marta Acosta, Contralora General, acaba de manifestarse en el sentido de que no se vale, buscar portillos o portones para no solidarizarse con el resto de la comunidad nacional y debe por tanto cumplirse con la regla fiscal y por ende con los objetivos de la Reforma Fiscal.  También ha indicado la importancia de generar la conciencia necesaria entre los distintos actores y  sectores con el propósito de hacer comprender que de prevalecer las condiciones de las finanzas públicas, en el camino de la insostenibilidad,  se tendrá un impacto significativo en la economía nacional, lo cual sin duda afectará en el  corto plazo a los sectores más vulnerables de la población. Es decir exportaremos la crisis a quienes no debieran experimentarla. Los factores internos de las finanzas públicas, suman a una serie de síntomas e indicadores económicos que conspiran contra la estabilidad de la economía.

El camino al descalabro, de seguir a la deriva parece irreversible, como lo es también el hecho de que esa ruta indeseable nadie la quisiera tomar,  a pesar de que los hechos demuestran lo contrario. La necesidad de un acuerdo nacional bien podría sonar cursi, o a majadería, pero es la única respuesta que tenemos para pensar responsablemente en la sociedad que estamos heredando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por tanto la conclusión es que no podemos seguir a la deriva…o ¿cómo no comprenderlo?

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