No hay duda que la Junta de Protección Social tiene, como algunas otras instituciones sociales, posee una noble finalidad de servicio público. De hecho le posibilita a una serie de entidades benéficas y a personas desprotegidas un apoyo significativo, y a modo de ejemplo, le ayuda a la población de adultos mayores en necesidad. Su misión ha sido centenaria; de hecho data del siglo XIX, y fue en la Administración del Presidente León Cortés Castro, que “la caridad” cambió de nombre, adquiriendo ese conque le conocemos hasta el día de hoy.

La JPS podría decirse que es una institución sumamente poderosa, con un importante grado de autonomía en virtud de contar con un órgano colegiado para sus directrices y políticas y no obstante mantiene al mismo tiempo un velo de opacidad en su quehacer. Eso se ha notado de forma cada vez más frecuente en lo que tiene que ver con la contratación de servicios, particularmente tecnológicos que le permitan actualizar y modernizar sus procesos y funcionamiento. En ello ha sido notoria hasta la participación del Presidente de la República en modo atípico, según consta en actas de la institución. La interferencia ha sido reconocida y asimismo disimulada, en frases de la propia Presidenta de la Junta, Doña Esmeralda Britton.

La cuestión, entre otras cosas, es que con la famosa e ingrata pandemia a raíz del Covid, la institución abrió un canal de venta de lotería, para que aún en confinamiento se pudiera seguir generando los ingresos que se demandan para la asistencia social. Ese sistema de venta en línea, pareció funcionar hasta un momento relativamente reciente. Luego entre otras manifestaciones irregulares, se cambió la plataforma, que ha generado muchas molestias a los usuarios e igualmente producto de ello se han disminuido ingresos; factor que afecta a las entidades beneficiarias. Los fuertes costos económicos asociados a estas alteraciones de rumbo tampoco son menores.

Una gran interrogante es precisamente por qué hicieron ese cambio? O por qué no se siguió un correcto proceso de contratación pública con una licitación, que les permitiera conseguir la mejor empresa e idealmente al menor costo? No menos importante es preguntarse de que modo se estaría interviniendo desde Zapote (positiva o negativamente) en vista de contrataciones que han al parecer: fraccionadas a conveniencia para burlar el sistema mismo, lo cual da motivo a muchas suspicacias sobre quien o quienes se benefician de estas alteraciones.

Dicho sea de paso, este comportamiento con respecto a algunas contrataciones o su interrupción arbitraria han sido motivo de atención de los órganos externos de fiscalización, dado que luce como sí algunas podrían estar siendo manejadas al antojo desde la Junta, en donde sin duda tendría acaso importante responsabilidad la esquiva Presidenta de la Junta. Además pareciera que los reclamos, consultas y llamados de atención de los clientes del servicio y empresas, ante la propia Junta Directiva de la entidad, caen en el silencio o hay omisión evidente en la respuesta, lo cual se agrega al acumulado de dudas que emergen sobre el manejo multimillonario de este presupuesto de naturaleza pública, Hay un vaivén y un zigzagueo en las decisiones internas cuyos costos multimillonarios deben ser puestos de forma muy atenta, bajo la lupa de la fiscalización, y en donde el proceder de la auditoría institucional luce totalmente inadvertido, considerando la magnitud de los hechos.

A fin de cuentas el reclamo es el mismo en el sentido de que una institución de tanta trascendencia en lo social, debe mantener prácticas y mecanismos absolutamente diáfanos por cuanto no se trata sólo de la lotería nacional que compran los costarricenses; de todas las condiciones, con tanta esperanza (sobretodo los más necesitados), o bien de los múltiples beneficios a las organizaciones sociales, sino también de los miles de millones de colones que derivan de la gestión propiamente de la Junta para administrar este negocio de naturaleza pública. Vivimos tiempos en que la evasión al control riguroso, y las prácticas de opacidad en materia de contratación pública ´están causando un enorme prejuicio a los costarricenses, aunque también a empresas responsables; grandes o pequeñas que acuden con sus ofertas a prestar sus servicios, pero que a la vez se generan ahorros y posibilitan mayores recursos que puedan ser distribuidos a los beneficiarios sociales históricos.

Las decisiones, esas que están en el ojo público, tienen un impacto económico bastante serio, es sobre dineros que se tiran por la borda en cantidades exorbitantes. Por este tipo de situaciones manifiestas, debe ponerse mucha atención a cuanto ocurre en el seno interno de la JPS y en la transparente autonomía que igualmente debiera darse en su gestión. Este es un tema que por su naturaleza social y en aras del correcto proceder nos concierne a todos. Un haz de luz caería muy bien ahí adentro en la JPS. El acumulado de dudas también debe ser sorteado con mucha transparencia para ser distribuidas las respuesta y los recursos que deriven, entre los beneficiarios de su misión.