No creemos que haya mucha gente que se oponga a la democracia de la comunicación, lo que significa evitar su concentración en manos de unos pocos, como sucedía antes, cuando se asignaba la publicidad a los medios tradicionales de comunicación, con un importante nivel de influencia política y comercial. Así durante muchos año, tuvieron postrado al Sistema Nacional de Radio y Televisión del Estado, como parte de una política predefinida, gracias al contubernio o a la presión de esos medios. Lo que sucede hoy sin embargo, es que la actual Administración se ha pasado a otro extremo, igualmente inconveniente. Se pretende en esta ocasión, inflar y utilizar al SINART con suficiente presupuesto, violentando procedimientos legales de contratación y por esa vía entonces, garantizar que una serie de medios se dediquen a “quemarle incienso” al Gobierno de la República. Lo desean hacer posible a través de ayudas económicas condicionadas.

Hoy día además, ha sido puesta al descubierto, la manipulación de la información en las redes sociales mediante el quehacer de los famosos “troles”, encargados de basurear adversarios al Gobierno, al ser empleados con recursos manejados a la sombra. El público es constantemente bombardeado con la cantidad de basura  del entorno, y cada día se hace más difícil saber que información es confiable y cuál no lo es, qué es mentira y qué no.

Lo ideal sería en efecto, que en una democracia como la nuestra el Gobierno se preocupe por fortalecer los medios alternos de comunicación sin someterlos a su arbitrio, o al chantaje al que hoy día se encuentran expuestos.  Es por eso mismo, que las declaraciones dadas por la Ex-Ministra de Comunicación de la Administración Chaves, Patricia Navarro, ante la comisión legislativa que investiga irregularidades en el SINART, se convierten en una importante alerta sobre la forma en que se encuentran intervenidos un grupo de actores mediáticos, bajo el antifaz de lo que ha dado en llamar: democratización de pauta..

Es importante aclarar que nadie se opone a que haya una utilización responsable de la comunicación para destacar aquellas obras de gobierno en beneficio de los costarricenses, lo que es inaceptable sin embargo, es recurrir a adular a  quien  transitoriamente está ocupando el poder, y recibiendo a cambio recursos que son públicos. Tampoco es aceptable, burlar los procedimientos jurídicos y la justa competencia, para asignarle dineros a pequeñas empresas y comunicadores adeptas al gobierno.  El Ex-Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Señor Álvaro  Ramos, ha hecho conocer como la Presidencia le condicionaba, para favorecer determinadas empresas comunicadoras, cosa que él nunca aceptó.  En todo caso, este nuevo intento arbitrario de la Administración, en su estricto beneficio, le ha salido por la culata. Afortunadamente es posible, por ahora al menos, revertir esa práctica la cual ha sido disfrazada como “democratización de pauta”, siendo esto lo que deben tenerlo claro los costarricenses.

 

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Por Redacción

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