Editorial: El Gobierno, su Ministro de Hacienda y la Asamblea

Todo indica entonces, que a medio camino, este nuevo Gobierno del PAC ya tiró la toalla. El anterior había optado por la negación de la realidad, durante casi dos años y medio, para apelar luego al miedo con tal de llegar a salvo al otro lado del río. Hoy, la historia parece nuevamente repetirse, muy lamentablemente.

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En la comparecencia que tuvo el Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, este decidió poner en manos de la Asamblea Legislativa, nuevas responsabilidades que posibilitarían amortiguar un tanto el enorme déficit fiscal de 6.96%, sin tocar los bolsillos de los costarricenses, lo cual fue anunciado en días recientes “con bombos y platillos”. La noticia de este alto déficit se recibió por un sector de la población preguntándose lo más elemental: ¿Y entonces de qué ha servido la reforma fiscal?

El Gobierno de la República sin embargo, antes que responder sobre cómo ha dispuesto de los ingresos frescos generados por la ley 9635, ha  reaccionado con una serie de medidas; muy diversas. Esto ha dado la impresión de un espectacular  juego de pólvora con luces de todos colores, que en la oscuridad del entorno, se han visto bien por un momento. De rebote le sirvió al Ministro la nueva calificación a la baja de Moody´s de antesala, para asustar a los legisladores y a los costarricenses, más o menos con el siguiente argumento: Señores Diputados depende de ustedes que podamos salir ahora adelante, necesito su apoyo. Eso por supuesto no sólo no cayó bien entre los diputados sino que además, evidenció el interés del Gobierno, por tirar una nueva cortina de humo, para continuar gastando a manos llenas, ahora con el producto de los nuevos ingresos, y a costa de un endeudamiento que seguirá a la alza, a un nivel insostenible y tasas de interés que no están siendo amortiguadas.

Medidas anunciadas por el Ministro, tales como la venta de BICSA, el levantamiento del secreto bancario, la eventual puesta en venta de la FANAL, echar mano a los superávit de once instituciones para pagar deuda; y otras medidas conexas, han desencadenado una serie importante de reacciones, lo cual puso en evidencia, que no fueron consultadas de forma previa. Varios analistas insisten además en que estas acciones no son de carácter estructural y si bien rescatan una cantidad de recursos financieros, está lejos de ser significativo en su conjunto, como para tener un impacto significativo en el déficit. Muchas de ellas además, requieren del concurso legislativo para ser convertidas en ley, lo cual bien podría tomar de uno a dos años y para entonces ya estaremos de lleno en la campaña política  para el 2022 , además de endeudados a más no poder.

Los legisladores han manifestado su fuerte reacción bajo la tesis, de que la oposición ha contribuido generosamente  a que fuese aprobada la impopular reforma  fiscal y a iniciativas que generan más escozor entre los costarricenses, como para que ahora se les endilgue este rosario de  iniciativas que requieren reforma a la legislación. Todo esto ha hecho de la participación del Ministro una de carácter histriónico. Otro factor de la discusión, no menor en trascendencia, es hacer la propia interpretación de la ley para que la regla fiscal aplique institucionalmente en materia de presupuesto, a lo presupuestado y no a lo ejecutado.

Esto último implica un impacto sustantivo sobre los recursos que aporten las entidades del Estado, tanto del sector centralizado como el descentralizado. El Ministro apela a la lectura del  artículo tres del reglamento, lo cual genera menor cantidad de recursos al fisco en el corto plazo y se deja de lado, lo claramente señalado en el artículo once de la ley, donde  específicamente se señala que la regla aplica sobre la liquidación del presupuesto anual; es decir lo ejecutado.

La participación del Ministro, se ha venido a convertir en una especie de boomerang para el  Gobierno de la República, muy preocupado ahora, por evidenciar obra pública,  tomando seguramente para ello, recursos de los que han sido generados a raíz de la ley 9635, los cuales deberían estar destinados al amortiguamiento de la deuda y los intereses, antes que a ninguna otra cosa.

El Gobierno no obstante se encuentra  pensando desde ya, en las elecciones del 2022,  y de esta manera atender el efecto de su deteriorada imagen y ganar quizás algo de terreno para mantener  vigencia política, sobre todo, luego del bajón de popularidad que tuvo Alvarado, a raíz precisamente de la ley que ordena las finanzas públicas. Ese acto  sin embargo no es  coherente con respecto al proceso por solventar el problema, dado que la Ley 9635, era tan sólo el primer paso para el ordenamiento de las  finanzas públicas en atención al déficit fiscal.

El paso inmediato programado, era asimismo, la aprobación de un proyecto igualmente responsable sobre empleo público, (ahora anunciado para Febrero) para superar el remedo de la iniciativa anterior, presentada por el Ministerio de Planificación. Otro aspecto no menos importante era el  Plan de Lucha contra la Evasión y Elusión de Impuestos, del cual carece al día de hoy Ministerio de Hacienda, y en su lugar formula un listado de acciones. Precisamente Hacienda apela a un préstamo millonario, anunciado entre las medidas de estos días, para la adecuación tecnológica, aunque  sigue soslayando el tema de la cultura organizacional; retardataria y conformista que ahí prevalece.

Si bien es cierto aún están en la picota el tema de las pensiones de lujo y el alineamiento definitivo de las universidades públicas, el Poder Judicial, la CCSS y algunas municipalidades, estos son otros aspectos que igualmente deben ser resueltos mediante la acción coherente de un Poder Ejecutivo firme y no condescendiente como hasta ahora se ha mostrado. Pareciera que  sólo la Contraloría General de la República ha sido capaz de pararse en seco para lograr que se dé el cumplimiento con la ley como corresponde.

Es posible eso sí,  que después de Mayo la misma oposición legislativa, endurecida con la visita y la propuesta del Ministro, comience a mostrar fisuras, preocupada por el caudal electoral del 2022, por lo que  algunos legisladores, estarán posiblemente más anuentes a soltar nudos y liberar amarras; ante desencantados votantes, en la búsqueda de su apoyo. Esto significa que el país aunque debe transitar por un camino duro para lograr el ajuste necesario, posiblemente opte desde la Asamblea, con la complicidad de los diputados; bajo esta nueva variable (elecciones 2022),   ponerse en reversa política y también económica.

La incoherencia parece ser la norma, el picadillo de propuestas  la tendencia, para paliar los serios problemas fiscales que tiene el país y el comportamiento egoísta de los diferentes sectores; bajo la premisa de me salvo yo que se hundan los demás. Esta luce ser la clara tendencia que asoma en el horizonte. Ojalá estemos equivocados, pero cada vez parece más distante la oportunidad que tiene el Gobierno de asumir con creces la responsabilidad asignada, y más bien, opta por el camino de su antecesor; o sea de llegar cuanto antes sano y salvo, a la otra orilla. Ha preferido el camino de la comodidad, al duro camino que conduce al saneamiento de las finanzas públicas.

Todo indica entonces, que a medio camino, este nuevo Gobierno del PAC ya tiró la toalla. El anterior había optado por la negación de la realidad, durante casi dos años y medio, para apelar luego al miedo con tal de llegar a salvo al otro lado del río. Hoy, la historia parece nuevamente repetirse, muy lamentablemente.

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