Editorial: El Magistrado, la  Asamblea y la coyuntura…

En cada nombramiento, pero sobretodo en la capacidad de discernir hay una enorme responsabilidad y en este caso específico, hay que evitar se cometa un desaguisado, al pretender sin argumentación válida, impedir la reelección del Magistrado. No debe maltratarse aún más la ya debilitada institucionalidad democrática, por el contrario hay que luchar por fortalecerla.

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Costa Rica aún se jacta de tener la democracia más vieja de América Latina, y una de las más sólidas del mundo y entre los factores que la caracterizan está entre otros, el respeto –hasta ahora al menos- a la división de poderes y al rol de cada uno de ellos. En el caso del Poder Judicial, el nombramiento de juristas con criterio solvente e independiente, continúa siendo una responsabilidad en ese Poder; tanto como el evitar que se filtren o perpetúen elementos nocivos al sistema mismo, como también ha ocurrido en el pasado reciente.  Por lógica esos, desean controlar y manipular el poder a sus intereses pequeños. Esto se relaciona a lo mejor con lo ocurrido la semana pasada en el Restaurante el Limoncello. Eso no sería posible claro, si no hubiese asocio con fuerzas externas y grupos de presión que procuran de la justicia un traje a su medida, como por supuesto ocurre.

No todas las decisiones van a ser acertadas o compartidas. Recientemente el Magistrado Presidente dijo en una sesión de la que participaban diferentes entidades sobre el tema de Gobierno Abierto,  que es muy difícil hablar de Justicia abierta, cuando por lógica unos van a estar de acuerdo y otros en profundo desacuerdo con las decisiones que les afectan. Quienes estén en desacuerdo jamás van a aceptar el criterio de la Justicia, aunque ésta les sea pronta y cumplida. Ello radica en el hecho objetivo de no poder resolver algo que termine complaciendo a todas las partes.

Tan necesario es comprender eso, como asegurar que en la Asamblea Legislativa se mantenga en lo posible la pluralidad del pensamiento, la solidez en principios y valores, de los señores y señoras diputadas, de modo que el control político y la legislación misma sean herramientas valiosas, o sobre todo útiles al régimen democrático. Por eso el hecho que  un grupo de legisladores y legisladoras de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Nombramientos, hayan pretendido, mediante una curiosa actitud de pedir primero un listado de posibles pecados del Magistrado, para ignorarlo ad portas al no encontrar ninguno, o bien recurrir al lamentable método del secretismo para tomar una decisión y desaprobar por mayoría su continuidad es realmente lamentable. De esta forma los miembros de este Poder pretenden posiblemente, llegar a incidir en las decisiones del otro, con la escogencia de ciudadanos adeptos a sus propias creencias y juicios de valor.  Esto a pesar, de que en el caso del conocido Magistrado, sus atestados como persona proba, capaz ya han sido puestos sobre la mesa de la opinión pública.

La Asamblea cuenta asimismo con representantes populares capaces de ver más allá; hacia el horizonte, pudiendo vislumbrar lo que sucede en otros sitios del Continente, donde los bastiones de la democracia se han derrumbado por este tipo de manejos y comportamientos de algunos. Por eso debe tenerse en cuenta que cuando los liderazgos y la institucionalidad misma entran en crisis, lo que se encuentra a la vuelta de la esquina, es el riesgo de llevar el sistema democrático; aún imperfecto como lo es, al abismo o a un sitio sin retorno.

Existen críticas suficientes a los tres poderes del Estado: al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, pero ninguna amerita derrumbar al sistema político que da pie a nuestra imperfecta democracia. Es lo mismo cuando se trata de golpear al  Tribunal Supremo de Elecciones o en forma desmedida a los gobiernos locales, para citar otro ejemplo. Sí elegimos mal las cosas andarán mal y sí lo hacemos bien, entonces habrán de mejorar. El sistema de elección sí debe someterse a pronta cirugía y con eso no nos veremos en estas.

La coyuntura es ciertamente compleja y en todo caso el Magistrado en cuestión, es sólo una pieza más del engranaje de nuestro sistema democrático, aunque sin lugar a dudas es una buena. Se trata de una persona necesaria y profesionalmente capaz; así demostrado,  como para mantener el optimismo y la credibilidad sobre el Poder Judicial, en un sector importante de la ciudadanía. Ojalá que los señores y las señoras diputadas realmente lo interioricen y puedan comprender el carácter crítico de la coyuntura nacional. En cada nombramiento, pero sobretodo en la capacidad de discernir hay una enorme responsabilidad y en este caso específico, hay que evitar se cometa un desaguisado, al pretender sin argumentación válida, impedir la reelección del Magistrado. No debe maltratarse aún más la ya debilitada institucionalidad democrática, por el contrario hay que luchar por fortalecerla.

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