Editorial: Entorno e intereses – Armando el rompecabezas sobre el Poder Judicial.

La decisión de la Contraloría sólo vino a evidenciar las múltiples contradicciones que se manifiestan alrededor de esas situaciones tanto internas como externas, donde vemos a cada quien tratando de echar para su propio saco.

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El artículo del exmagistrado Arroyo “De Fernando Coto a Fernando Cruz” nos brinda una semblanza importante del actual Magistrado Presidente. Su aporte es importante, por cuanto la tendencia recurrente en el debate público, es enlodar a las personas sin escrúpulos de ninguna especie, y ya luego es muy difícil reivindicarlas; importando poco si son honestas o tengan una brillante trayectoria como es el caso de Cruz. La cuestión es que también en la palestra pública, se combinan una serie de factores, donde cada quien utiliza las armas en favor de sus intereses y prejuicios sin importar lo que el ataque al honor de las personas pueda implicar. Es una especie de “pesca de arrastre”, porque en la agitación o revuelta de cosas, todo se entremezcla para sacar beneficios tangibles por parte de tirios y troyanos.

El Poder Judicial simboliza sin duda, un bastión; necesario e indispensable para mantener credibilidad en el Estado Democrático y Social de Derecho. No menos importantes que la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo. Igualmente es necesaria la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, sólo para señalar dos de las más representativas de nuestro sistema y en las cuales reside aún,  la confiabilidad de los costarricenses.

Precisamente en el actual debate, la Contraloría General de la República,  le indica (a grosso modo)  al Poder Judicial, que debe acatar la ley, la cual procura el ordenamiento de las finanzas Públicas, aplicándola en este caso y sin excepción a todos sus funcionarios; señalando en lo sustancial que los incrementos de todo el personal judicial, deben ser nominales y no porcentuales. Ha sido evidente sin embargo, que el Poder Judicial, en la interpretación jurídica y potestades, que la Constitución les confiere, decidió aplicarla en forma parcial, bajo un supuesto entendido con el Ministerio de Hacienda. En su réplica, le indica a la Contraloría además, que no tiene competencia alguna sobre un Poder del Estado, rehusando; por ahora al menos, el cumplimiento de la ley.

El Poder Judicial alega adicionalmente cierta alevosía, cuando esta ley tampoco le fue consultada en su inicio por la Asamblea, sino aplicada a rajatabla; factor que en su criterio evidencia la intención de afectar sus potestades e independencia. Innegable es el hecho, que se trata de un Poder del Estado cuya independencia en efecto no debería estar en cuestionamiento. La presente situación no obstante, permite a funcionarios judiciales y sus gremios con esa decisión de la Corte Plena, la protección de sus propios beneficios y evidenciar así que les preocupa más sus intereses, que otra cosa. Más allá de lo que se diga, la clara percepción ante su actitud, es que se trata de una ley para todos los demás y no para ellos, lo cual por consecuencia causa indignación pública.

La cuestión sin embargo, que a vista a ojo de pájaro luce sencilla, en la realidad tiene matices que se manifiestan, mostrando otras aristas del problema, en virtud de la existencia de grupos de  interés dentro de la Corte, que sostienen posiciones muchas veces contrapuestas. Por un lado se encuentran quienes tradicionalmente abogan por la independencia del Poder Judicial y por otro, quienes mantienen afinidad y conexión con líderes político partidistas y grupos privados, a los que responderían como en fieles escuderos de intereses espurios. Algo de esto emergió alrededor de la actividad intensa de influencias del Magistrado Celso Gambo. El devenir de este proceso de indagación no es menor, y es a la vez trascendental para el país, por cuanto de ello también depende el fortalecimiento o bien la debacle del Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa por su parte, hay sectores partidarios, que procuran los nombramientos de jueves y magistrados a medida de sastre, tal y como ha quedado demostrado esta semana con el nombramiento de Doña Damaris Vargas como Magistrada de la Sala I. Es decir, procurar que los nombrados sean fieles a ese poder o a fuerzas políticas externas, menoscaba de forma gradual, esa independencia que tanto protegen algunos. Y en esta forma de ver las cosas, la posición del  Magistrado Presidente, cuya bandera es precisamente la defensa de la independencia del Poder Judicial, se convierte él mismo en uno de los principales obstáculos a esos intereses pequeños. Andar el alacrán en la camisa, es como se le llama a esta figura.

Estos sectores han venido teniendo mucho éxito en acomodar sus piezas, a lo cual se añade recientemente  la advertencia de una legisladora evangélica, de que la tarea de los magistrados es obedecer la agenda de sus intereses de curul, recordándoles que sus nombramientos pasan por ahí. Años antes lo había hecho un diputado del Partido Liberación Nacional, Don Fabio Molina, siendo un actor importante desde otra trinchera el Diputado Carlos Ricardo Benavides, cuando trataron de impedir con argumentos lamentables en el Congreso, la reelección del Magistrado Cruz. Ello generó un importante movimiento en todo el Poder Judicial, en esa oportunidad clara y contundentemente en aras de su independencia. En otras palabras, lo que se espera es docilidad y abandonamiento de principios y doctrina de quienes aspiran a los altos cargos de justicia, y la opacidad con la cual actúa la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa también tiene que ver con esto.

Otro factor no menos importante es el de los intereses económicos y algunos directores de medios de comunicación colectiva quienes consideran, que el problema de las finanzas públicas se resume a cuestiones del gasto público, control de la actividad laboral, y del empleo público, lo cual representa parte importante de la ecuación, pero evitando al mismo tiempo asumir compromiso para contribuir solidariamente con el pago de sus tributos y compromisos sociales. La evasión y la elusión son igualmente un deporte en grupos del sector empresarial.   En estas tesis neoliberales de lo que se trata es de estrangular al Estado, para dejarlo en mínima expresión y ojalá privatizar toda función del Estado en su propio beneficio. Festinar cualquier problema en el Sector Público, orientada a fortalecer beneficios, como lo que acontece con el Poder Judicial, cae como anillo al dedo a su visión de intereses.

La curiosa situación que vivimos se caracteriza entonces, por un Poder Judicial que ha venido siendo sistemáticamente golpeado por la manipulación política, desde partidos políticos y desde la acción de los medios de comunicación colectiva, según sus intereses se vean afectados, pero también desde adentro, por los propios jueces y gremios judiciales que han decidido anteponer sus propios intereses antes que otra cosa. Moverse en estas aguas no es simple, porque implica estrategia, de la cual evidentemente carecen los magistrados.

La decisión de la Contraloría sólo vino a evidenciar las múltiples contradicciones que se manifiestan alrededor de esas situaciones tanto internas como externas, donde vemos a cada quien tratando de echar para su propio saco.  Las redes sociales por su parte, hacen que los ciudadanos opinen a su mejor entender pero sin fundamento, con la pasión que rinden sus prejuicios, o bien con la lógica superficialidad, y para lo cual no se necesita poner a prueba lo que se escucha, o se lea. Simplemente se repite y se replica lo que no se comprende.

En lo que al Poder Ejecutivo respecta,  no se impulsan iniciativas equilibradas, ni proyectos que contribuyan a la reactivación económica del país, ni política pública más transparente con todos los actores estratégicos y en donde el Poder Judicial juega un papel trascendental. La debilidad en la negociación y en la articulación de una política pública se ha desatado una batalla de intereses, donde esto pareciera resumirse a la famosa fórmula de “me salvo yo que se hundan los demás” o bien “por qué yo, que sea el otro quien asuma”.

El debate a fin de cuentas alrededor del Poder Judicial y la posición de su Presiente, o bien de la misma Corte Plena, es una cuestión de mucho más fondo, tal y como lo vemos. Tiene que ver con la sostenibilidad misma del sistema político y la institucionalidad democrática, el cual continúa agrietándose con el concurso de actores con diversos intereses. Esa es y sigue siendo la cuestión. Los mismos funcionarios del Poder Judicial tienen que llegar a comprenderlo también, para no contribuir con sus propias posiciones, al propósito de sus enemigos acérrimos; quienes también están dentro. Llevar el alacrán en la camisa es parte de la figura.

 

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