Quitar a unos y favorecer a otros mediante las concesiones de las frecuencias de radio, es un nuevo espacio de limitación a la libertad y a la erosión institucional, en donde por variar, pretende incidir el Poder Ejecutivo; ahora mediante otro decreto “chambón”, y provocar entonces mayores restricciones a quienes son considerados contrarios y enemigos, al tiempo eso sí, que se pretende favorecer a incondicionales y adeptos.

Ante la imposibilidad de incidir desde el punto de vista jurídico,  lo que se  procura a sacar a gente del mercado por medios absurdos, tales como ejemplo y en forma adicional al Decreto de Zapote, o bien con la pretensión de un incremento salvaje y abusivo del canon, que  ninguna relación tiene con la prórroga a estas concesiones cuyo período vence este primer semestre.  Estos por lo demás, son aspectos claramente dirimidos ya por la Sala Constitucional en el pasado reciente. Esta materia en su criterio, compete estrictamente a la Asamblea Legislativa y ha si ha sido planteado en su momento. El tema por supuesto se las trae y amerita una discusión más profunda, pero lo que no tiene sentido es dar cabida a la chapucería y a la chambonada para rectificar el rumbo, mediante el “decretismo”. 

Esta pretensión  de incrementar salvajemente esos costos, es  una nueva manera de corte autoritario y personalista, y posee además un propósito totalmente distinto al de la recaudación de recursos para el mantenimiento de las frecuencias…nunca con el carácter impositivo y confiscatorio como el que se pretende. La prórroga que se busca mediante decreto el Poder Ejecutivo por un año, es igualmente una atribución irracional e  ilegal que terminará sin duda; sino se detiene ahora, en  algún estrado judicial. Lo que es evidente es que ello conlleva una tentativa más de coartar el derecho en un régimen de opinión  libre, y con ello a la libertad de expresión.  

Debe tenerse presente que las mayorías que utilizan la radio y quienes no tienen acceso a la tecnología son los que podrían verse afectados. Por eso es importante recordar que el Poder Ejecutivo no tiene ni arte ni parte mediante un decreto en ordenar prórrogas. Es absolutamente falaz este mecanismo cada vez más recurrente del Poder Ejecutivo de crear confusión, de inventar cosas, y de interpretar arbitrariamente lo que no es posible. Quizás la Sala deba nuevamente tener que clarificar un aspecto tan importante ante lo que está ocurriendo. Una cosa además es el control de las frecuencias y no el carácter impositivo recaudatorio de las frecuencias a la Oficina Nacional de Radio ya inexistente.  

Entonces el factor de la proporcionalidad y la razonabilidad bajo la óptica del Gobierno, se encuentra fuera de orden. Este proceder no tiene ningún sentido, y las frecuencias hasta nuevas decisiones de los órganos competentes, deben obedecer a lo establecido por la ley en materia de prórrogas.  Medidas cautelares posiblemente podrán contribuir a detener la arbitrariedad, aunque hoy lo preocupante es la amenaza encubierta de provocar “un apagón” de frecuencias mediante ese manejo autoritario, utilizado cada vez más con mayor frecuencia. Hay otras maneras, lo peligroso la son los criterios utilizados y que posibilitan muy posiblemente la adjudicación de las frecuencias, a los amigos de quienes están en el poder. 

El cambio tecnológico de avanzada es muy importante.   Muchos costarricenses tendrían bajo este supuesto político presidencial, que emigrar pagando hacia el “streaming” o hacia otras fuentes. La concesión es prorrogable y debe ser este tema resuelto.  La Asamblea Legislativa tiene sin duda un papel preponderante en el ejercicio del poder para limitar la arbitrariedad, junto con el papel de la Sala Constitucional que es vinculante…

La chambonada como lo escribió alguien en estos días está más a la vista.  La jurisprudencia de la Sala es vinculante y muy clara, lo que esperaríamos es que se subrayen los criterios jurídicos pertinentes y que La Sala y la Asamblea no estén pintadas en las paredes.