Ante el salvaje momento de violencia que experimenta la sociedad costarricense, provocado por diversas causas, destacan entre otros y según datos del OIJ los 22 femicidios antes de concluir el mes de mayo. Esto refleja la degradación de valores, pero también la horripilante realidad de la cultura machista y su expresión más macabra. Las noticias dan cuenta, ahora con mayor con frecuencia de los pavorosos crímenes contra mujeres, víctimas de sus propias parejas o de personas conocidas. Son los casos recientes de la joven Nadia Peraza y de la Señora Marisol Rodríguez Cubero. Es por eso molesto y hasta indignante que el Instituto Nacional de la Mujer, decida hacer uso de un rótulo con la trillada frase de “Basta Ya” para referirse al tema. En la práctica al provenir del Instituto cuya responsabilidad es la protección de la mujer, más semeja una bofetada a las familias de las víctimas. El INAMU debe asumir la responsabilidad que realmente le compete, como lo es trazar una política pública integral y coherente en materia preventiva y dedicarse con esmero a su cometido principal. Han de ser personas preparadas y competentes, con conocimiento y experiencia en el campo, quienes desde su posición de autoridad, señalen el rumbo de manera coherente y articulada, ante la escalofriante realidad que enfrentan miles de mujeres en Costa Rica…aunque lamentablemente este no parece ser el caso.

La muerte violenta de tantas mujeres, continúa destrozando la paz de muchas familias y desgarrando el alma social. A todos nos compete garantizar, el sagrado derecho de la vida misma y con mayor razón la de tantas madres y jefas de hogar, que se sienten indefensas, no sólo ante su agresor sino también ante la incapacidad manifiesta del Estado en protegerlas. La situación actual nos desdibuja como nación civilizada y la reacción mínima es la vergüenza, el repudio contundente, pero más importante aún, la acción y el compromiso articulados a nivel institucional. Levantar la voz en defensa de las mujeres en la sociedad costarricense es una obligación individual y colectiva.

Es necesario señalar además, que sí la actual administración del Instituto Nacional de la Mujer, mantiene prácticas cuestionables, como lo es la inadecuada gestión técnica y jurídica, así como un paupérrimo manejo de su recurso profesional; entonces no es difícil por tanto concluir, que el Instituto no está en capacidad de enfrentar el mal que nos aqueja. Vale la pena preguntarse entonces, bajo este escenario, el papel que cumple la Auditoría Interna de la institución, que estaría siendo cómplice de las irregularidades de la administración activa. No cabe duda que el INAMU debe ser investigado y sacudido a fondo; para que en vez de ser obstáculo, contribuya a abordar con seriedad y en forma estructural este flagelo. Compete a la Junta Directiva del INAMU y a su jerarca -aunque en este caso curiosamente hay dos- habilitar una ruta cierta sobre esta emergencia de extensión nacional. Por ello es además oportuna la reflexión, sobre sí lo que acontece con esta cultura violenta y desenfrenada, no esté siendo además estimulado por los vientos de “matoneo”, que soplan hoy día en los pasillos de los espacios, donde temporalmente reside el poder formal en Costa Rica.

Es claro que esta lucha no se resuelve con “eslogans” simplistas, o bajo la premisa que se trata tan sólo de una cuestión de género. En realidad es una obligación, que compete sin excepción a hombres y mujeres de todas las condiciones sociales y en donde indudablemente el Estado no puede cruzarse de brazos. En días pasados por ejemplo, se reportó que un partido entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, había disparado las denuncias de violencia doméstica a doscientas treinta y siete; como muestra infalible, de lo que en realidad ocurre en muchos hogares de este país. Lo que más descorazona en el caso de las víctimas de femicidios, es saber que la mayoría habían pedido la protección policial contra sus agresores, es decir contra sus propias parejas. Es por tanto más que indispensable, contar con una política pública integral y una ruta clara de carácter preventivo, sin menoscabo de lo punitivo; aunque también se hace necesario, el concurso de los distintos actores de la sociedad civil, para protegerles y garantizar su bienestar como es debido.

Levantar la voz ante lo que ocurre es un imperativo, como lo es señalar a quienes incumplen con sus más elementales responsabilidades, o como lo es la protección de la mujer; así como condenar la enojosa impunidad. Las denuncias y señales de alerta que se hagan deben ser atendidas, con la seriedad que amerita el contexto complejo en que nos encontramos. La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los órganos de control y las fuerzas policiales, deben igualmente determinar las acciones legales que les competen. para preservar la vida, dignificar y darle inequívoco respaldo a la mujer agredida. En todo ello la voz de alerta de la ciudadanía y su participación activa, son factores que deben sumar. Es hora para que cada quien en el plano que le corresponde, asuma responsablemente la tarea, porque sólo así se podrá detener esta tragedia y con ello cambiar el curso de la historia.