Editorial: ¿La Sala IV en un zapato?

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Hay dilemas complicados que se le presentan al país de cuando en cuando. Lo vivimos recientemente cuando Hacienda pagó deuda en un monto considerable de recursos, sin la  autorización debida de la Asamblea Legislativa, que debió haber hecho el Ministerio de Hacienda por vía de un obligado presupuesto extraordinario, el cual  no presentó. Eso merece sin duda alguna censura y castigo, aunque no pagar en criterio de especialistas en materia económica hubiera sido catastrófico y una señal que nos hubiese puesto en la puerta de la insolvencia ante acreedores y ante el mercado mismo.  Sólo que ese error cometido no se resuelve con otro error, o sea el error de no castigar a quien o quienes cometieron ese serio incumplimiento jurídico. Para quienes poseen las rígidas anteojeras judiciales este fue un delito constitucional marca diablo. Haber hecho lo que se hizo, desmorona en  su criterio la legitimidad misma del sistema, no importa lo cuestionable de tal legitimidad.

Hoy se da un nuevo dilema y más delicado  sobre el proyecto de ley de la reforma fiscal, en el sentido de sí en su aprobación ante el Congreso,  se cumplió con los trámites en forma y fondo para que se convierta en ley. Acá de nuevo hay criterios encontrados y todo depende del cristal con que se mire; es decir de los intereses que están en juego y en a quien se le pregunte. Lo que es cierto es que la infalible matemática dice, que entre más largas de el país a este tema inconcluso, más lamentables serán las consecuencias en virtud de  la fragilidad de las finanzas públicas y la consecuente escasez de liquidez que parece enfrentar el Gobierno de la República. Aquí además de un dilema jurídico se da uno político de gran envergadura, con serias implicaciones económicas para el país.

Los sindicalistas hablarán de la violación perversa del sistema judicial en manos de los grandes intereses y que por tanto la Sala debe declarar con lugar el recurso de quienes consideran no se cumplió con los requisitos para darle trámite. Los empresarios dirán que el proyecto es incompleto y que algunos fueron eximidos injustamente. Algunos estarán de acuerdo y otros en contra. El Gobierno de la República posiblemente le señale a la Sala su patriótica responsabilidad de no objetar nada,  habiéndose cumplido con los respectivos trámites de ley. En todo caso el pulso igualmente continua.

Sobre la Sala IV los mal pensados (¿o bien pensados?), supondrán que en el fondo los magistrados tendrán la posibilidad de sacarse el clavo con aquellos que  atentan contra sus alegadas super pensiones y privilegios, y por tanto lo que dirán es que la ley es la ley;  y que no se cumplió con tal o cual cosita, trayéndose abajo todos estos esfuerzos.  Por otro lado estará posiblemente el criterio de aquellos que digan, esta presión es salvaje y es inevitable ayudarle al país, y los magistrados de la Sala, terminarán accediendo a tal presión. En uno u otro caso se buscarán los argumentos jurídicos para validar el proyecto  o para hundirlo.

Por eso la Sala está en un zapato. Habrá que ver cual es internamente esa correlación de fuerzas. No se puede ignorar sin embargo que el actual Presidente de la Sala, viene de la Asamblea Legislativa y ha laborado en Servicios Técnicos.   Hará caso a sus excompañeros o los ignorará?. Esto es solo en su caso y así uno a uno tiene su propia historia que va más allá de lo jurídico. Y están en un zapato, por qué cualquiera sea su decisión tiene un impacto económico, político y social significativo.

¿Prevalecerá la urgencia que tiene el país o el apego a ultranza de lo jurídico a pesar de sus nefastas consecuencias? Las cartas ya están echadas.

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