Editorial: Malos manejo del ROP e injusticias contra los adultas mayores

Estamos llegando a unas conductas institucionales y organizativas espeluznantes. Mientras tanto el enojo empieza a llenar la caldera de la desesperación y la impaciencia.

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Las malas inversiones que han causado un descalabro y un hoyo irrecuperable para recién pensionados y próximos a pensionarse, han encontrado como eco, la racionalización de los responsables y la jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) con apoyo de sus aliados mediáticos; en aras de justificar lo inexcusable.

La evidente ausencia de una celosa tutela de los recursos de las operadoras de pensiones: dinero sobre el cual descansan los anhelos y esperanza de miles de personas; para «disfrutar» los últimos años de su vida, no tiene excusa y difícilmente perdón. Ya hay materializadas pérdidas millonarias que asumen; muchos sin haber llegado a pensionarse, y promesa de la recuperación es por ahora una expectativa, a la que tampoco pueden recurrir los que se pensionan en estos días. El cabreo entonces ,es más que justificado y no puede haber impunidad por más tecnicismos de quienes arguyen en favor de la SUPEN.  Tengamos claro que hablamos de los recursos originados en la Ley de Protección al Trabajador.

Y es que ¿cómo no van a tener razón entonces, los miles de costarricenses que quisieran ver plata en sus manos?, ahora cuando lo necesitan, algunos de esos recursos, conscientes que su vida se agota y les es imposible en las condiciones actuales atender problemas de salud y de subsistencia, o la necesidad de contar con un techo digno, o mitigar el desempleo.

¿Quién tiene el derecho por tanto, bajo estas condiciones, de decirle a alguien NO, «Usted NO va a contar con esos recursos hoy,  porque mañana los va a necesitar»?

Mientras esas personas se dan cuenta de la forma cómo son invertidos y festinados esos dineros, que mantienen el negocio de unas cuantas empresas. Ni siquiera tiene el ciudadano común derecho a  cambiar de operadora; porque de acuerdo a los mismos intereses  lo que va a hacer la persona, es materializar las pérdidas «y deberá hacerlo en un mejor momento y no ahora»; precisamente cuando su vejez y padecimientos le obligan a sobrevivir a las condiciones económicas  y sociales del momento. Eso acontece, mientras las personas se percatan, de que los recursos disponibles a su haber van gradualmente disminuyendo por el manejo de políticas y decisiones que le afectan sustancialmente.

Y si esto es doloroso cómo interpretar que entidades como la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional JUPEMA hace deducciones violentando el salario mínimo de trabajadores y ejecutando deducciones hasta dejar en nada las cuentas de los pensionados y pensionadas; adultos mayores,  quienes en el pasado han tenido que recurrir a préstamos de esa entidad, y que JUPEMA hoy, no permite  tampoco hacer una readecuación de los pagos a quienes ya no saben que hacer. Es imperativo apelar a los artículos 172 y 174 del Código de Trabajo que deben acatar Hacienda y Trabajo. Se debe en efecto procurar el bienestar y la existencia digna que establece el artículo 57 de la Constitución Política y el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Estamos llegando a unas conductas institucionales y organizativas espeluznantes. Mientras tanto el enojo empieza a llenar la caldera de la desesperación y la impaciencia. Será que alguna luz de responsabilidad y humanismo llegará a entrar en algún momento a estos fríos y oscuros cuartos de la sinrazón pública y privada?, o es esta la manera en que debe entenderse el ejercicio de la Ley de Protección al Trabajador, o así el sagrado derecho a pensionarse con dignidad.

 

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