El pronunciamiento suscrito por ocho expresidentes de la República en defensa de la Sala Constitucional y de los derechos de los costarricenses trasciende la coyuntura política. No se trata de una diferencia ideológica ni de una disputa entre adversarios electorales. Se trata de una advertencia institucional formulada por personas que, desde distintas corrientes políticas, han ocupado la máxima magistratura del país y que consideran que Costa Rica se encuentra ante una situación que merece la atención de toda la ciudadanía.
El hecho de que expresidentes tan diversos como Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado coincidan en una misma preocupación no es un acontecimiento menor. Por el contrario, revela la magnitud de un problema que ha dejado de ser un asunto jurídico o parlamentario para convertirse en un inquietante tema país.
Lo que está en discusión no es únicamente la integración de la Sala Constitucional. Lo que está en juego es el equilibrio entre el poder político y los mecanismos de control que garantizan la vigencia del Estado de Derecho. La Sala IV ha sido, durante más de tres décadas, uno de los principales instrumentos de protección de los derechos ciudadanos frente a eventuales abusos, excesos u omisiones del poder público. Debilitarla significa debilitar una de las principales garantías de la democracia costarricense.
La preocupación adquiere una dimensión aún más delicada cuando se observa la posibilidad de continuidad de las prácticas políticas impulsadas durante la administración anterior. Si la presidenta Laura Fernández optara por mantener la lógica de confrontación institucional que caracterizó buena parte del período precedente, resulta imposible prever cuáles podrían ser las decisiones que se adopten desde las más altas esferas del poder político.
La historia demuestra que cuando los contrapesos institucionales comienzan a verse como obstáculos y no como garantías democráticas, el margen para los errores y los excesos se amplía peligrosamente.
Pocas veces en la vida democrática costarricense se ha llegado a un punto como el actual. Nuestro sistema político se ha caracterizado por una sólida tradición de respeto institucional, negociación y equilibrio entre poderes. Precisamente por ello resulta tan significativa la advertencia formulada por quienes han tenido la responsabilidad de conducir los destinos del país en distintos momentos de su historia reciente.
Más preocupante aún es la posibilidad de que algunos sectores continúen apostando por la confrontación permanente como herramienta de movilización política. El caos puede ser rentable en el corto plazo para quienes buscan polarizar a la sociedad o concentrar poder. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la erosión de las instituciones termina generando costos enormes para toda la ciudadanía.
La pérdida de confianza en el sistema democrático, la inseguridad jurídica y el debilitamiento de los mecanismos de control suelen abrir espacios cuyos efectos son difíciles de revertir. La opción de generar el caos institucional puede tener un costo que todavía nadie siquiera es capaz de imaginar.
Los ocho expresidentes han cumplido con su deber al levantar la voz. Han enviado un mensaje claro a la Presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía. Corresponde ahora a los actores políticos escuchar esa advertencia con responsabilidad y actuar en consecuencia. La sociedad costarricense queda avisada. Y cuando la historia juzgue este momento, nadie podrá decir que no existieron señales de alerta.
