Editorial: Pincelada del momento político actual

El segundo año de Gobierno es crucial y una nueva actitud es imperativa. Todos deben ceder algo para evitar el descalabro.

0

Luego de haber impulsado y logrado la aprobación de la Reforma Fiscal, el Poder Ejecutivo parece haber perdido impulso para iniciar el camino de cambios estructurales en materia de finanzas públicas.

Forzado por las circunstancias tratará sin embargo y a pesar del costo político, encaminarse, con los aliados que aún tiene en la Asamblea Legislativa, hacia el proyecto sobre   empleo público. No obstante su prioridad es lograr la aprobación del Parlamento para vender seis mil millones de bonos, más conocidos como eurobonos, para los próximos años, que posibilitaría disponer de espacio financiero temporal, controlar el tipo de cambio y  evitar el incremento de las tasas de interés, todo lo cual implica a la vez, mayor endeudamiento del país en el mediano plazo.

Cualquier otra opción financiera, como recurrir a los organismos multilaterales, luce más costosa y de mayores sacrificios para todos los actores.  No hay señales significativas para la reactivación económica del país y las calificadoras de riesgo en su escepticismo siguen castigando a Costa Rica.

El Presidente Carlos Alvarado ha ido a EEUU en estos días, a tratar de pescar en aguas profundas algún gigante tecnológico dispuesto a invertir en Costa Rica y que contribuya a ese propósito. Además el Presidente ha lanzado una  interesante propuesta conocida como Plan Nacional de Descarbonización; una alternativa al desarrollo económico y ambiental del país, que bien podría tomar forma en el mediano plazo y traer muchos beneficios económicos y sociales.  Para ello sin embargo se requiere mayor esfuerzo de planificación, mejor gestión y disciplina de su propio gabinete, así como promover una cultura sostenible en la población, que gradualmente le aleje de su dependencia a los combustibles fósiles.

La Asamblea Legislativa se encuentra en varios debates interesantes tales como educación dual, tenencia de armas, la comisión investigadora del FEES, las indagaciones al ICE y el debate sobre las Cooperativas; aunque parece claro también, que los vientos electorales ya campean en el Parlamento.

La aprobación de ajustes al Reglamento Legislativo constituye un acierto.  El tema de eurobonos parece ser el más crucial, no obstante hay síntomas que hacen suponer un cambio de actitud de los partidos aliados coyunturalmente al PAC,  en virtud de condiciones preelectorales. Eso se nota en el interés por ceder ante el lobby cooperativista  y evitar  por consecuencia un impuesto necesario a los excedentes de las grandes cooperativas. Esto implica un cambio de calculadora de los legisladores, por otra útil para estimar votos en este sector. Una limitación a las huelgas en servicios esenciales en el sector público y discernir sobre cuáles son esos servicios ocupa también parte de la agenda legislativa. Este es otro imperativo.

El Poder Judicial se debate en sus propias contradicciones con un aporte importante en materia de lucha interna contra la corrupción y otro sobre gobernanza, comisiones a fin de cuentas lideradas por el Presidente de la Corte. Los cambios y ajustes en su propia reglamentación son muy difíciles pero igualmente necesarios y el Poder Judicial no escatima en ellos. El nombramiento de magistrados tiene ribetes nuevamente de procurar un acomodo de piezas en el seno interno de este Poder por parte de los partidos políticos, a todas luces inconveniente. El Ministerio Público reclama su propio protagonismo a ultranza y otro tanto hace el OIJ. Eso no ayuda mucho a que el PJ pueda afianzar su paso.  El inicio del año judicial en próximos días traerá luces sobre el devenir de la Corte.

Por otra parte, los actores sociales en el campo  privado y laboral, forcejean de acuerdo a sus intereses coyunturales y los meses venideros lucen más complejos por varias razones: ausencia de un proyecto sustantivo en materia de reactivación económica, el desempleo, la violencia y la consecuente inseguridad que se genera en el entorno social.

La limitación en los sistemas de pensiones y control de privilegios, así como la ley sobre empleo público sólo contribuirá a mayores tensiones sociales entre estos importantes actores (laboral y empresarial). La huelga pasada igualmente ha desgastado a los sectores y ninguno tiene capacidad para imponer su propia agenda.

Al país le aguardan tiempos aciagos, y para avanzar se requiere la voluntad de negociación ejercida desde el Poder Ejecutivo, no sólo a través de su sector económico, sino incluyendo otros actores sociales (empresarios y sindicatos), junto a la Asamblea Legislativa, con un fuerte direccionamiento del propio Poder Ejecutivo, capaz de articular los intereses más diversos de la sociedad costarricense.

 

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...