
La prioridad del liderazgo en el Poder Ejecutivo consiste en avanzar a cualquier costo; factor no necesariamente reprochable, aunque carezca de un enfoque integral o claro con respecto de las políticas públicas bajo su responsabilidad. Ello incluye inculpar, en crispar, polarizar y tomar atajos para decidir aunque se improvise. Gusta de endulzar las percepciones y exacerbar las emociones de adeptos y de la afligida colectividad contra quienes le adversan, sean estos de partidos políticos, comunicadores, jerarcas institucionales o entidades completas, procurando su desprestigio y subordinación. Prioriza por tanto proyectos ante el Congreso sin debida planificación o riguroso sustento técnico y que por tanto sus adversarios le rebotan. También crea formas para evitar su paso por el Poder Legislativo.
Es igualmente llamativo que las prioridades del Poder Judicial, con honrosas excepciones de algunos de sus miembros, sean más focalizadas a cuestiones internas; lo cual incluye las minucias administrativas de interés a la movilidad conveniente de magistrados, jueces y funcionarios, la “intocabilidad” de privilegios internos, antes que la atención a la creciente impunidad o enfocar su labor en la gestión eficiente que demanda la justicia pronta y cumplida. También hay honorables excepciones sobre el trabajo arduo y exhausto que realizan muchos servidores judiciales. En lo que respecta a liderazgos en la institucionalidad pública, se prefiere en general dar prioridad al comportamiento del avestruz de meter la cabeza en el hoyo del suelo antes que enfrentar y resolver lo sustantivo.
La Asamblea Legislativa por su parte, toma por prioridad el abuso del control político mediante incesantes y variados ataques al partido gobernante y a sus figuras destacadas, le fascina crear comisiones; estériles en su mayoría, y desatiende el estudio serio y responsable que merecen los asuntos críticos y relevantes a la población. El estudio y la discusión de altura, no lucen como prioridad en el llamado Primer Poder de la República. Una buena parte del sector empresarial procura por su parte obtener el máximo beneficio económico, con una muy calculada solidaridad nacional o social. La protección de sus intereses es el lema principal, aunque la sociedad democrática se caiga a pedazos. Atiza pero no se compromete. La Academia por su lado invirtió mucho tiempo en construir una muralla a su alrededor, protegiendo una conveniente “independencia” con base a la autonomía constitucional, que provocó un círculo vicioso con base en deleznables privilegios internos. La calidad de la educación; aunque también la hay en islotes, no ha sin embargo sido la prioridad. La educación privada es enanito de otro horrible cuento.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que esas prioridades deben de cambiar, y que entre todos los actores sociales se pueden asumir algunas de convergencia, dignas de ser abrazadas y alineadas a la agenda de la ciudadanía en atención a sus necesidades. Hay que establecer con mucha honestidad y transparencia las nuevas prioridades con fundamento en el bienestar general. Se debe tender puentes de comunicación y articular voluntades, de modo que haya coincidencias. Lo último y no por ello carente de importancia, es el comportamiento ético con remozados valores, lo cual permita elevar las prioridades de la nación y sobre todo conjuntarlas. Es responsable hacerlo a partir de ya.
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