Editorial: Reforma y modernización del Estado – Lo urgente vs lo importante en Costa Rica

El Gobierno tiene un poder importante para que la gestión administrativa y financiera pueda recuperar y para convertirse en una herramienta realmente útil al propósito de la Comisión.

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La actual Presidencia de la Asamblea Legislativa ha creado, o reactivado sí se quiere ver así, la más importante de las comisiones de trabajo: la de Reforma y Modernización del Estado Costarricense. Se retoma así uno de los temas impostergables de análisis país, que permitiría -al menos esa es la expectativa- diferenciar lo importante de lo urgente en el debate público, pero que además  posibilitaría el trazar una hoja de ruta país, lo cual por alguna razón ignota evitamos.  El tema lo ha traído en estos días, “El Plan Nacional de Desarrollo en medio de la incertidumbre” de nuestro colaborador Miguel Gutiérrez, Ex Director del Estado de la Nación. También lo ha hecho alguien con mucha experiencia en este tema: el Dr. Johnny Meoño,  que de paso le ha recordado a la actual Ministra de Planificación Laura Fernández quién manda, señalándole su propia responsabilidad y la de la Administración el ordenamiento del proceso.

Por alguna razón histórica, los costarricenses nos rehusamos a los cambios súbitos y drásticos de naturaleza institucional, salvo en circunstancias de excepción como ocurrió en el 48 del Siglo XXI. Preferimos apelar a la gradualidad y a un proceso más tortuoso, el cual permite obtener resultados pingues en plazos prolongados de tiempo, en vez de hacerlo de forma más directa como amerita hoy día.  Lo cierto es que la presente Administración ni siquiera se plantea en su agenda formular el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual le permitiría  vislumbrar las prioridades; o al menos a la ciudadanía, percibir por dónde anda la luz larga de la presente Administración.

Lo que es cierto es que nos encontramos ante un Estado arterioesclerótico, en un entorno donde los cambios constantes, la incertidumbre y la volatilidad son elementos presentes en las circunstancias que enturbian las decisiones país.  Tómese como ejemplo la crisis climática, la pandemia, los “hackeos” en instituciones estratégicas, el envejecimiento de la población. Súmese a ello la crisis fiscal e institucional reflejada en la infraestructura, en la pobreza, en el desempleo, sin soslayar la vulnerabilidad de la seguridad social y la profunda crisis de la educación. De lo que sí estamos claros es que esta discusión no trata sólo de temas cuantitativos, tales como eliminar o fusionar instituciones, de cerrar programas, o simplistamente, evitar duplicidades. El tema requiere una reflexión mucho más profunda, por cuanto se trata del modelo de desarrollo al que aspiramos bajo las condiciones de un entorno incierto y volátil, y por consecuencia de procurar un Estado que responda con agilidad y eficiencia ante las demandas de los tiempos.  Habrá que priorizar la direccionalidad del cambio sobre bases flexibles y con un espacio de tiempo importante, que nos permita abordar el futuro incierto, de un modo gradual y ante todo oportuno.

El tema de la Constituyente es un tema que ineludiblemente viene a la mente al momento de esas discusiones, aunque bajo las tensiones políticas del presente, ese tema desataría una guerra que haría ver la del TLC como quitarle un osito de peluche a un infante. Por eso conferimos a ese paso dado por la Asamblea Legislativa como uno realmente importante, siempre y cuando no sea utilizado, “para jugar chapitas “por parte de toda la clase política. El Gobierno tiene un poder importante para que la gestión administrativa y financiera pueda recuperar y para convertirse en una herramienta realmente útil al propósito de la Comisión. Estaremos a la expectativa.

 

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