El asesinato del niño Samuel Arroyo Valverde de ocho años de edad, estudiante de la Escuela República Dominicana, ha conmocionado a muchos, porque su muerte simboliza la situación de violencia que vive el país como fruto legítimo de las bandas de narcotráfico y del crimen organizado. No hay palabras que puedan describir lo doloroso que esta situación significa, no solamente para sus padres y familiares, sus compañeritos, amigos y maestros sino también para tantos hogares  de costarricenses. Se trata de una vida inocente vilmente cegada por quienes han hecho de las drogas y la delincuencia su propia forma de vida. Sí esto no provoca un serio llamado de atención en materia de seguridad ciudadana, no habrá nada que pueda hacernos reaccionar, y esta vida habrá sido cegada en vano junto  a la de tantos otros, ante la mirada indiferente de la colectividad.

No se trata de una noticia más, difundida con la frialdad propia de algunos medios de comunicación, al indicar que todo esto es fruto de una guerra entre bandas, o simplificarlo como algo que   inevitablemente sucede. La cuestión es que la seguridad ciudadana debe asumirse mediante una política pública coherente, con menos despliegues de ostentación y con mayor eficacia ante la comunidad.

Hay temas que deben ser resueltos por la sociedad cuanto antes, es el caso de la violencia y el de la crisis educativa. Ambos se encuentran entrelazados porque la miseria igualmente les une.  Acá no se trata de simples amenazas, sino de la muerte de personas inocentes…Cómo es posible que un menor de edad, lleno de vida y cargando tantos sueños vea su vida interrumpida de esta forma, mientras las bandas y las pandillas juegan a la guerra y al exterminio recíproco. No es tampoco nuestro deseo que se maten entre ellos,  pero menos lo merecen inocentes como Samuel, quien desde la tranquilidad de su hogar, fuera alcanzado por una “bala perdida”, generando una nueva víctima a la cansina violencia que afecta a la nación.

Son muchas las cosas que se deben corregir en nuestro cada vez más tóxico entorno social, particularmente en áreas deprimidas en donde la violencia y la seguridad ciudadana, merecen una elevada prioridad. No es hora acaso que el Gobierno de la República convoque a expertos y a exministros, a los dirigentes de comunidades organizadas, a legisladores y a representantes del Poder Judicial, para poder enfrentar la crítica situación que estamos experimentando en este campo?

El nudo ha de ser desatado por algún lado y de manera integral con la seguridad pública, la policía municipal, pero también con la organización comunitaria, iglesias y centros educativos. La pregunta por hacerse entonces es: cómo es posible que existiendo tantas formas de organización y ciudadanía consciente, de qué estas cosas estén ocurriendo cotidianamente? La vida de Samuel por ello, no puede haber sido derramada en vano.  La frustración de sus padres y el indescriptible dolor de sus compañeritos merecen una respuesta, porque ellos pueden también convertirse en nuevas víctimas.

Este homicidio no puede por tanto quedar impune, ni tampoco es posible que no haya una respuesta contundente la cual permita hacer frente a este oscuro momento de la sociedad costarricense. La verdad es que estos abominables hechos nos marcan un antes y un después, y la comunidad no puede permanecer indiferente ante ellos… porque nos convertiría en cómplices, bajo aquella vieja premisa de “quien presencia un crimen en silencio lo comete”.

 

 

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