Eduardo Brenes: Beneficios del sector público

Un país que tiene casi un 50% de su fuerza laboral en la informalidad es un país que no tiene una cobertura universal de la seguridad social, y esa informalidad se explica en gran medida porque los sectores informales que son casi todos empresas unipersonales, PYMES o trabajadores independientes no pueden hacerle frente a los altos costos de formalización.

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Eduardo Brenes Jiménez

Ayer se aprobó  en la Asamblea Legislativa un  beneficio más para los empleados del sector público: el  permiso remunerado de hasta un tercio de la jornada laboral, y por un plazo máximo de un año, a los funcionarios que requieran cuidar a familiares con discapacidades, enfermedades terminales o que sufran accidentes. Esto se había planteado como un permiso no remunerado en el proyecto de reforma del empleo público, pero los diputados ampliaron el beneficio porque están en una carrera loca por complacer a una clientela electoral que tiene muchos novios.
El economista y profesor universitario de la Universidad de Costa Rica, Pablo Sauma, especialista en el estudio de la pobreza, la desigualdad y la eficacia de las políticas públicas, ya lo había dicho en años anteriores: «Lejos del discurso simplista según el cual la desigualdad refleja “siempre” los abusos de los “ricos” frente a los “pobres”,en el caso costarricense, el “dispare” de los salarios del sector público mediante diversos mecanismos –y no el empobrecimiento de los sectores de menos ingresos–, fue el detonante del aumento de la desigualdad que registra el país en los últimos años. Es decir que conforme sigamos otorgando más y más beneficios a ese sector que ha sido el menos golpeado en la última década, la desigualdad en este país seguirá aumentando.
Ya en meses anteriores se aprobó también el permiso de paternidad  sólo para los empleados del sector público, y en semanas anteriores por ejemplo la CCSS acordó aumentar el aporte que hace la institución al fondo de retiro de sus empleados, lo que pocos dicen es que ese fondo de retiro lo financiamos todos los demás contribuyentes, asalariados o independientes, del sector público o privado y los empleados de la CC.SS que son los beneficiarios no aportan un cinco a él.
La diputada Paola Vega decía ayer, que eso era humanizar la Ley de Empleo Público y no darle un enfoque meramente fiscalista y buscando equilibrios para no deteriorar el estado social de derecho. El problema de ese razonamiento es que no dice todo lo que está detrás y es que pareciera que para el PAC el famoso «estado social de derecho» solo debe de existir para el sector público, porque al otorgar esos beneficios, el dinero tiene que salir de algún lado y  ¿adivinen quiénes terminarán pagando eso? pues todos aquellos a los que nos claven con impuestos sin poder disfrutar de los beneficios.  Los más ingenuos estatistas dirán: ¿Pero por que no lo amplían al sector privado también? Y la respuesta es muy sencilla: porque la economía en la que nos movemos no nos da para eso, porque no podemos pretender gastar como nórdicos produciendo como un país pobre. Así de sencillo.
Un país que tiene casi un 50% de su fuerza laboral en la informalidad es un país que no tiene una cobertura universal de la seguridad social, y esa informalidad se explica en gran medida porque los sectores informales que son casi todos empresas unipersonales, PYMES o trabajadores independientes no pueden hacerle frente a los altos costos de formalización. ¿Y por qué son tan altos esos costos de trabajar en la formalidad? Porque tenemos una clase política que se ha dejado cooptar por los influyentes sectores sindicales del sector público que exigen y exigen beneficios con unas finanzas que no dan para poder saciar su voracidad.
La remuneración de los funcionarios del Gobierno representa más de la mitad de los ingresos totales, la mayor proporción entre los países de la OCDE y más del doble del promedio de la OCDE. Es decir nos gastamos más de la mitad de lo que ingresa en impuestos a pagar salarios públicos y queda muy poco para inversión. Recaudamos para pagar salarios pues hay que agregarle a ese 50% el costo de mantenimiento de infraestructura, insumos,  servicios en general y el pago de intereses por deuda. En el 2019, el Ministerio de Hacienda presupuestó ingresos ¢5 billones y, para cubrir salarios, previó ¢2,6 billones. Ese último dato no contempla el dinero que utilizan en sueldos las instituciones descentralizadas que reciben transferencias del Gobierno Central.
Los responsables son muchos, empezando por el PAC que lleva 7 años gobernando y queriendo jugar de gran reformador social pero sólo para el 13% de la fuerza laboral que es la del sector público y de los partidos que como el PLN y el PUSC le han hecho comparsa.
Hoy conocíamos que el país ha tenido que pagar $54 millones de dólares por multas por préstamos no ejecutados en los últimos 10 años (7 de los cuales ha gobernado el PAC) y ¿qué propuestas se han presentado para hacer más eficiente a la administración pública? ¿Se ha reformado el régimen disciplinario para hacer responsables a quienes por su incapacidad o ineficiencia han hecho que se tenga que pagar esas multas? Ninguna o muy pocas. La parte ancha del embudo es para quienes solo reciben beneficios sin responsabilidades y la angosta para los demás, los que sólo tenemos que pagar y callar.
Como dijo mi estimado Jorge Cornick : «El estado como botín y no como instrumento del bien común, el empleo público como piñata, no como servicio justamente remunerado.  Habrá que escribir con más detenimiento sobre estas cosas.  Entretanto, el debate sobre la Ley de Empleo Público retrata, de cuerpo entero, a un liderazgo político extraviado en el laberinto de la política clientelar y corto placista.»

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