Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

El Congreso, con el voto favorable de 44 diputados presentes, pide al gobierno una declaratoria de emergencia para combatir la inseguridad, especialmente la impulsada por el creciente y poderoso narcotráfico. La Corte, en reunión extraordinaria de magistrados, pide 1700 nuevas plazas para combatir la ola de criminalidad, con un costo de ₵47.000 millones.

Todo muy bien si tales medidas se acompañan de una reforma de fondo de la compleja organización de la seguridad nacional y se protege de los posibles daños que el sindicalismo le puede propiciar a la correcta utilización de los recursos, sin los daños que ha producido en otras instituciones públicas. Hay en ello un gran potencial de inmovilización de recursos, en un sector que reclama gran fluidez y decisiones rápidas y contundentes que rompe con las rutinas burocráticas propias de la administración pública. Por supuesto, el otro gran enemigo de la eficacia son los procedimientos judiciales y la tendencia a priorizar lo individual en perjuicio de lo colectivo.

También es grave que el gobierno y el congreso no se le ocurra llenar los 1700 nuevos cargos de la extensa planilla pública, la más grande del planeta, según estudios de OCDE, por ejemplo, trasladando plazas vacantes del Estado y liberando cargos mediante el retiro de personal que ya cumplió los requisitos pertinentes. Pero hay resistencia a este tipo de medidas. Esto no es de mi cosecha. Varios jerarcas en distintos gobiernos se han quejado porque el exceso de personal, que en algunos casos podría llegar hasta un 50%, no aportan al proceso productivo, sino que lo obstaculizan y aumentan los costos globales.

Insisto en estas consideraciones, porque nuestros gobiernos siguen evadiendo reformas de fondo a los grandes problemas nacionales. En artículos anteriores he sugerido que no hay posibilidad de cambio estructural en democracia. Las que han tenido mayor éxito han requerido más de una década de gobierno y mucha autoridad ejecutiva. Destaco la obra de Carrillo, Mora, Jiménez, Guardia, Figueres, entre otros, que en su momento prescindieron del congreso, su principal obstáculo. Y a todos ellos la historia le reconoce su patriotismo y su aporte al desarrollo del país.

Si la democracia misma impide el cambio, la idea de una emergencia en seguridad es buena, pero no solo como medio para contar con más recursos. El Estado los tiene, pero liberarlos y destinarlos a mejor uso es una medida que la clase política y nuestras instituciones se resisten a tomar. Por ejemplo, ₵47 millones es fácil conseguirlos. Se pueden obtener aprobando un proyecto presentado por la CGR para centralizar los recursos presupuestales públicos en el Banco Central, lo que produciría una economía estimada en más de ₵300 millones. También podría tomarse de una revisión del régimen de adscripción, que duplica el costo de infraestructura administrativa y debilita la autoridad ejecutiva, solo para mencionar un par de ejemplos. Todo esto va relacionados con la necesidad de reducir los altos costos del costo del Estado, en lo que somos líderes mundiales (75% del PIB en años recientes, según la CGR).

Pero si la democracia es obstáculo para los cambios estructurales que urgen para salir del atolladero en que estamos trabados, porque no pensar en proyectos de emergencia, no solo en seguridad y tampoco para obtener más recursos, en la mayoría de los casos innecesarios. Proyectos de emergencia podrían ser la respuesta necesaria en educación, tal vez la peor de las crisis, si pensamos en su impacto en empleabilidad, pobreza y rescate de la juventud de las garras del narcotráfico. Otras crisis que podrían atacarse por la vía de proyectos de emergencia son infraestructura, salud, reforma del Estado, etc.

Los proyectos de emergencia no son de fácil construcción. Dependen de un acuerdo nacional, que, en efecto, demanda los puentes de entendimiento, rotos por el conflicto obvio entre el ejecutivo y el congreso. Pero, tal vez, se podría superar si hay voluntad política (también hay que crearla) para lograr acuerdos en los tres ejes de nuestra democracia: los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Los problemas inmovilizan estos pilares, incapaces de darnos una democracia plena, son superables. Como he dicho antes, sobran los estudios sobre nuestros grandes problemas y las soluciones. La resistencia al cambio tal vez podría superarse si esos tres pilares acuerdan crear una infraestructura de gran competencia técnica que ayude a definir las grandes decisiones, a través, digamos, de un consejo asesor. Podría empezar por reactivar el grupo de notables, con algunos ajustes, integrado durante la administración Chinchilla Miranda, que no contó con el apoyo político necesario.

Sé que hay otras vías para lograr una democracia para todos los costarricenses. Deberíamos partir del reconocimiento de varios hechos objetivos:

  1. no es posible un cambio de fondo en democracia;
  2. tampoco es posible un cambio prescindiendo del congreso como se hizo en el pasado, hasta la década de los 40;
  3. no tenemos un problema de recursos, sino un sistema presupuestal rígido y mala distribución;
  4. hay que fortalecer el ejecutivo, porque de ello depende la gobernabilidad: centro para la definición y ejecución de las grandes políticas nacionales.

 

Eduardo Carrillo

Por Eduardo Carrillo

Ha colaborado con varios gobiernos, desempeñándose principalmente en el área de la salud pública. Laboró con organismos internacionales y es consultor. Analista y comentarista. (Ph.D. Administración).