Eduardo Carrillo: Banco Central y la Política Pública – Desequilibrio democrático

Las decisiones que impactan en el bienestar colectivo no deberían ser desplazadas del ámbito político. No sé cuál es la posible base jurídica de la reforma, pero evidentemente está en juego la supremacía política, derivada del principio de rectoría y la responsabilidad por el desarrollo del gobierno nacional.

Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

Varios economistas, incluso el colegio de abogados, han catalogado de ilegal el pedido del Banco Central (BCCR) de datos individualizados de nuestras cuentas, saldos, etc., disque para fijar política económica. También se ha criticado su denuncia contra la jerarca de SUGEF, Rocío Aguilar. Ambos asuntos reflejan una actitud prepotente que, seguro, será declarada ilegal por la Sala Constitucional.

Los BC están seriamente criticados por varios países e instituciones internacionales. El problema es que tiene grandes limitaciones para asumir la conducción económica de los países. Tiene una fórmula única, que, por una parte, favorece intereses financieros y de la población más acaudalada y; por otra, genera un castigo severo para los sectores más vulnerables. Costa Rica, como algunos otros países, se precipitó a subir los impuestos ante la expectativa de que lo haría el FED, BC de los Estados Unidos. Mientras en ese país, el presidente Biden confrontó las medidas del FED con un programa agresivo de expansión económica que ha dado buenos resultados, entre otros, mayor empleo para la población. La política herrada del FED finalmente ha sido puesta en tela de juicio por los principales organismos financieros internacionales.

Las políticas de los BCCR son limitadas y rígidas. Con frecuencia entran en conflicto con sus causas, pero más importante, se ensañan contra la población más vulnerable y parecen llevar al país por décadas por el sendero equivocado. No puedo asegurar una relación de causa y efecto, pero parece inquietante que desde los 90 hemos pasado por diversas crisis y las mismas medidas correctivas del BC. Y desde los 90, el país ha sufrido, hasta la fecha, niveles de pobreza que se ubican por encima del 20%. En adición, hemos crecido en desigualdad tanto a nivel regional como mundial.

Las fórmulas del BCCR son tétricas, no solo por el castigo que impone a la economía y a los sectores más débiles, sino porque los proyecto en el mediano y largo plazo. Hará poco más de un año un grupo de destacados economistas de Harvard señalaban que las políticas del Gobierno de Estados Unidos presionarían la inflación a tal punto que se requeriría aumentar el desempleo a no menos del 6,5% durante varios años. Lo cual habría significados varios millones más de familias sin trabajo y en ruta a la pobreza. La evidencia ha sido todo lo contrario. El presidente Biden siguió una ruta de expansión económica contraria a las pretensiones del FED y está en empleo pleno.

En un artículo reciente me preguntaba cuántos miles de empleos se habrán perdido con la política del BCCR. Además, me asalta una preocupación: ¿no es la política de empleo una responsabilidad de carácter político, que compete a los poderes ejecutivo y legislativo? El gobierno hasta tiene un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con atribuciones rectoras, en conjunción con la presidencia ¿No es un contrasentido que la política real de trabajo está incorporada, para mal, en las políticas y acciones del BCCR y que, además, nos las impone por largos períodos de tiempo? ¿Sobra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o sobra el BCCR? Al juzgar por la severidad de sus efectos, diría que sobra el BCCR.

No parece posible, por una variedad de razones, que Milei, presidente electo de Argentina, logre eliminar el BC argentino, con lo cual lograría dos objetivos: uno, al desaparecer la moneda nacional y adoptar el dólar de Estados Unidos, desaparece la inflación; y, por rebote, suprimiría las herradas políticas del BC y su impacto en empleo y pobreza que pesa sobre un amplio sector de la población. Panamá, sin BC, ha sido afortunada, con crecimiento sostenido y niveles de bienestar que superan de manera notable al resto de Centro América.

No estoy seguro que nuestro país tenga el carácter para una reforma de esta envergadura, pero podría intentar recuperar la autoridad por la política de desarrollo, empleo y pobreza, que se nutre también de la educación (puede ser también un factor de la inseguridad). Las decisiones que impactan en el bienestar colectivo no deberían ser desplazadas del ámbito político. No sé cuál es la posible base jurídica de la reforma, pero evidentemente está en juego la supremacía política, derivada del principio de rectoría y la responsabilidad por el desarrollo del gobierno nacional. Pero, aunque ya despierta en el horizonte los principios de una nueva economía, mantener el crecimiento económico debe ser una constante de la política nacional, al tiempo que impulsar castigos a la economía, reflejados en empleo y pobreza, es simplemente catastrófico.

Puede ser el principal factor que nos tiene, por más de 30 años, en pobreza y creciente desigualdad.

 

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