Eduardo Carrillo – Carlos Alvarado: un presidente para el olvido

El presidente parece no entender que el Estado paquidermo tiene que ser trasformado. Más de 330 entidades públicas son inmanejables y crean una condición de ingobernabilidad permanente, que el propio presidente Alvarado ha vivido en carne propia.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La situación es compleja. El país encara una situación difícil que los políticos parecen ignorar, pero la población la siente en carne propia. De hecho, viene enfrentando un absurdo de varias décadas: cada vez nos piden más recursos mientras los indicadores sociales y económicos se deterioran y nos empobrecen.

Las administraciones del PAC han resultado un desastre, tanto en su pregonada ética pública como en la realización de obras de beneficios social. Andamos a la deriva y la Administración Alvarado Quesada no se siente. No hay iniciativas que nos hagan esperar un cambio positivo. Todo lo contrario, el gasto burocrático improductivo tiene prioridad y las obras que puedan alimentar el crecimiento y el empleo brillan por su ausencia.  Y esto nos hace pensar que la situación no cambiará; o, más bien, que el hostigamiento fiscal se volverá más feroz, al tiempo que se deterioran los indicadores sociales.

¿Cuáles son los aspectos más visibles de esta situación que favorece la burocracia y castiga a la ciudadanía? Veamos.

La crisis fiscal. He dicho que es un engaño en un Estado que nos costaba, en prepandemia, una suma superior a ¢28 billones, equivalentes al 75% del PIB. Más de la mitad de sus instituciones operan en superávit que, según la CGR, alcanzan para pagar la totalidad de la deuda pública. Nuestro Estado se encuentra entre los más ricos del planeta en términos relativos. El problema fiscal es un artificio para ocultar la crisis institucional que el país encara y que la clase política ignora. No hay iniciativas para modificar el sistema presupuestal y evolucionar hacia otro por resultados.

Los culpables de la crisis fiscal. Es fácil echarle la culpa al otro y esto ha ocurrido con la crisis fiscal. Partamos de la Administración Arias Sánchez que entregó su gobierno con un déficit de 5.4%, en gran medida alimentado por la crisis del 2008-2009. Laura Chinchilla lo dejó en 5.6%. La pésima Administración Solís Rivera, corruptela incluida, concluyó con 6,2% y un hueco fiscal no contabilizado. En el 2018 se mantiene cerca del 6%, pero el año siguiente, en prepandemia, llega al 7%. Luego llega la pandemia, que es cuento de otro enano. Lo cierto es que las dos administraciones, en vez de actuar con prudencia cuando todavía era posible bajar el déficit del Gobierno Central, no lo hicieron y siguieron el camino del despilfarro.

El proyecto de reforma fiscal del 2018. Como muchos ciudadanos, apoyé es proyecto porque sería el principio de reformas estructurales que impedirían que cayéramos al precipicio. Las reformas siguen esperando. Incluía la regla fiscal y la prédica del presidente en favor de la racionalización del gasto. Sin embargo, con inflación cercana a cero, el presidente se recetó, para el gobierno central, un incremento presupuestal del 17% para el 2019 (datos oficiales de la CGR). Quienes apoyamos la reforma económica fuimos burlados.

Crece el aparato estatal. Todos sabemos que hay excesos notables de personal en toda la administración pública y que, según palabras de varios jerarcas, podría estar entre un 30% y un 50%. No es para sorprenderse si el fin del Estado es actuar como un proveedor de empleo, dejando atrás la ética de servicio público y la lucha para aliviar la situación de las crisis (así, en plural) que golpea a la población, especialmente en crecimiento económico, empleo, pobreza y desigualdad. INEC estimó un crecimiento estimado en unos 30 mil nuevos funcionarios en el 2019. Por otra parte, en estos días el gobierno anunció que no agregaría más personal y que no llenaría los cargos que queden vacante. Es poco y muy tarde. No se trata de mantener los excesos de la administración pública o incluso dejarlos crecer algo, sino hacer recortes sustanciales, acordes con la naturaleza de los excesos. Lamentablemente, aquí hay muchas otras crisis involucradas, que tienen que ver con un sistema de gestión pública disfuncional.

Aparece el BID – préstamo de los $250 millones. Creo que el congreso actuó responsablemente al impedir la aprobación de este préstamo. No hay razones para pensar que Carlos Alvarado se iba a abstener de usar esos recursos en más gasto. Toda la información era confusa y los ofrecimientos de cambiar deuda cara por deuda barata no figuró con claridad en ningún documento. Es posible que el país se haya salvado de un incremento en el gasto por esa suma.

De nuevo el BID – $1750 millones en juego. La improvisación también ha estado presente en la negociación de este préstamo. Lo primero que salta a la vista es un programa de discusión cargado de impuestos cuando la economía no se encuentra en condiciones de contribuir. Además, el balance del 80/20 hacía de esa propuesta un absurdo mayor. El presidente, gratuitamente, se ganó la reacción popular que golpeó a la economía cuando más expuesta al daño se encontraba y luego perdió varias semanas en el diálogo de los sectores, con producción cero. Es una incógnita por qué el presidente no conformó una comisión de alto nivel con la gente que tiene experiencia en las negociaciones con el BID. En cambio, confió en su frágil equipo económico, que revela incoordinación, carencia de un acuerdo definitivo o incluso contradicciones obvias entre los tres miembros. Todo lo cual apunta a un planteamiento débil que, entre otras cosas, debió haber sido discutido en el congreso con mucha anticipación. Es muy posible que la segunda propuesta de diálogo sea otra pérdida de tiempo, por simple incompetencia de los actores nacionales.

La Pandemia. Aquí también estuvo ausente el liderazgo del presidente Alvarado. Nos dejó en manos de unas charlas semanales, que parecían más politiquería que información relevante para la población. El presidente Alvarado nunca entendió que este era (y sigue siendo) un problema nacional, del cual no puede aislarse. Y no nos referimos a mantenerse informados, sino a asumir una función estratégica más contundente, acorde con la naturaleza de la tragedia nacional. Algunos errores se pueden atribuir al presidente propiamente. Por ejemplo, la pandemia tiene muchas variables, entre ellas la económica y la migratoria porque el país depende para sus cosechas de la mano de obra procedente de nuestros dos países vecinos. Tarde y mal, el presidente se vio obligado a intervenir, dada la presión municipal de las regiones fronterizas.

Pero luego llega nuestra salvación: la vacunación. Esto también es un tema nacional, por cierto, muy mal manejado por las autoridades sanitarias. Según parece, la meta es reducir la infección (que sigue aumentando) y no atacar en forma contundente la mortalidad que, dicho sea de paso, es la que crea el mayor problema de congestión en facilidades de tratamiento institucional. La mayoría de los países han invertido esos objetivos. Se han focalizados en tractos de edad, por ejemplo, los mayores de 80 años y de 70 años, grupo que aporta aproximadamente el 50% de las defunciones. Bien que se vacunen quienes se encuentran al frente del tratamiento del covid-19, pero no al personal administrativo o a otros que si se infectan no tienen riesgo de morir. Varios expertos nacionales se han referido a este tema, pero el Ministerio de Salud sufre de sordera y además insiste en que ya hay una estrategia… por cierto no la más apropiada para salvar vidas. De nuevo, este es un tema nacional que demanda el liderazgo y la participación del presidente.

Cabe preguntar si el presidente Alvarado tendrá una estrategia coherente con la emergencia para multiplicar los puntos de vacunación a lo largo y ancho del territorio nacional cuando tengamos más vacunas, preferiblemente más fáciles de manipular (aprobadas por la OMS). Hasta el momento el criterio dominante ha sido institucional, aparte de los colados por influencia de alguna naturaleza. Muchas vidas podrán salvarse con un cambio de objetivo, focalizando no la infección sino el riesgo de muerte y abriendo los puntos de vacunación más allá de las instituciones del sector salud, como se hace ahora. El país está en capacidad de hacerlo.

¿Estado inmanejable, generador de ingobernabilidad? Es evidente que el presidente Alvarado no tiene interés o competencia para conducir una reforma estatal, que ni siquiera reconoce. Están ausentes de su mente (tal vez también de su inteligencia) temas tan obvios como los siguientes: 1) Recope, una institución que hace agua y que incluye una planilla de refinación, olvidada por unos 7 años; el CNP que ha perdido sus objetivos y cuyas pocas funciones pueden ser asumidas por el MAG; Japdeva que tampoco cumple los objetivos para los que fue creada y que se encuentra desde años en quiebra económica; qué hacer con IFAM cuya presidente ejecutiva estaba considerando incluso su cierre, pero fue trasladada a otro ministerio; el proyecto de integración nacional propuesto por Ottón Solís; la redundancia del INVU y un ministerio de vivienda; los regímenes de adscripción que debilitan los ministerios e incrementan los costos de muchos servicios; la posibilidad de hacer que la banca pública base su costos de intermediación a la mitad, con lo cual podría recuperar los objetivos de la nacionalización (democratizar el crédito y fortalecer el crecimiento económico).

El presidente parece no entender que el Estado paquidermo tiene que ser trasformado. Más de 330 entidades públicas son inmanejables y crean una condición de ingobernabilidad permanente, que el propio presidente Alvarado ha vivido en carne propia. Agregue a ello más de 300 mil funcionarios, mal seleccionados, mal preparados y muy bien pagados que también han perdido el rumbo. La pandemia elevará los costos del presupuesto nacional, posiblemente arriba de los $29 billones. Dinero que entrará en el juego de dispersión de recursos y la falta de focalización de metas de desarrollo y equidad. La tendencia se mantiene: cada vez contribuimos más y cada vez recibimos menos.

Por otra parte, la cuarta revolución industrial -que ya está con nosotros, aunque nosotros no estemos con ella – demanda la atención del presidente y la renovación de muchos campos de la administración pública, empezando por una nueva organización para la totalidad del sector educación. Esto ha sido y seguirá siendo ignorado, mientras el presidente siga apagando los incendios de la ingobernabilidad y resolviendo conflictos institucionales.

¿Cuál es el futuro que nos espera? Responda usted, apreciado lector.


 

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