Eduardo Carrillo: ¿Cree el tico en la democracia? ¿Cómo justificará su voto?

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Nos encontramos oficialmente en el proceso electoral que nos dará un nuevo gobierno para el período 2022-2026. Está en juego nuestra posición frente a la democracia, que no es clara o conclusiva con respecto a sus bondades. Cierto, cuando a la gente se le pregunta si prefiere vivir bajo dictadura o democracia, los países de la region tienen una posición definida en favor de la democracia. Pero cuando se examinan los beneficios de la democracia, la situación cambia en forma radical. Ya está disponible el Latinobarómetro 2021 y algunos datos selectivos confirman esa contradicción.

Así se refleja cuando se analiza el apoyo regional a la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. Ese apoyo es en Uruguay del 74% y Costa Rica es tercero con 67%. Curioso, los países que han sufrido dictaduras tienden favorecerlas más que los que no las han tenido. A la pregunta Da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, la media regional que así lo cree es 27% y los indicadores más altos corresponden a Honduras, Panamá, Ecuador, Brasil, Colombia y Guatemala, con valores que van entre 42% y 31%. Los datos provienen del Latinobarómetro 2021.

Costa Rica tiene una fuerte preferencia por la democracia, frente a cualquier otra forma de gobierno. Pero del diablo está en los detalles. La satisfacción con la democracia es liderada por Uruguay, con un 68% de los encuestados. Costa Rica se encuentra apenas en un 24%. Otros indicadores son bajos en extremo: solo el 9% cree que el “Se gobierna para todo el pueblo” y un 89% que “Se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”. Solo el 13% considera justa la distribución de la riqueza. La “aprobación del gobierno” solo llega al 14%, el penúltimo más bajo de la región. También flaqueamos en la confianza a nuestras principales instituciones: en el presidente 17%; en el tribunal electoral 45%; en el gobierno 14%; en el poder judicial 40%; en el congreso 19%; y, en los partidos políticos 10%.

¿Qué conclusión se puede obtener de estos indicadores? La primera es que, definitivamente Costa Rica prefiere la democracia frente a otras formas de gobierno. Pero hay, en efecto, una actitud de enojo frente al su funcionamiento y esto no deja de representar un riesgo de populismos de distinto signo, que conservan la estructura formal democrática, pero sus instituciones son solo un falso mecanismo de defensa frente a la condenatoria internacional. Otra conclusión es válida: la crítica a la democracia se focaliza en los aspectos que inciden principalmente en el bienestar material (educación, ingresos, empleo, etc.), fuente primaria de la dignidad personal y familiar. Cuando ésta se pierde, se pierde también la valoración de la democracia como un todo.

El tribunal electoral recibe un nivel de confianza del costarricense del 45%. Es decir, la mayor parte de la población se encuentra en posición negativa. Lo cual contrasta con la posición que nuestros expertos y analistas asumen al exaltar las maravillas de nuestro sufragio. Es el producto de un franco sesgo que condiciona una visión institucional sustentada en las virtudes de nuestro tribunal supremo de elecciones, visto a lo interno y separado del resto de la institucionalidad democrática. Porque es evidente que nuestro sufragio, en sus estructuras financieras, produce una peligrosa asociación entre la política y el capital; que los compromisos político-electorales se incumplen; que el diseño del Estado costarricense y en especial su tamaño, es un aporte a la ingobernabilidad; que el centralismo produce inequidad estructural en perjuicio de la periferia urbana y rural; que la modalidad de nombramiento de diputados no es democrática y no representa los intereses regionales; que la facilidad para constituir partidos degrada la capacidad para la selección política popular, entre varios otros males. En suma, el sufragio, visto en su relación con otros poderes, es parte de la debilidad institucional de nuestra democracia.

De alguna manera, todo lo anterior es parte del entorno de toma de decisiones del votante costarricense, que en pocos meses tendrá que nombrar a quienes nos gobiernen por otros 4 años. Lo hacemos con el antecedente de mal gobierno que tiene varias décadas, con efectos inaceptables de crecimiento, empleo, pobreza y desigualdad. Y que va de la mano de un mal uso de los recursos nacionales, traducido en hostilidad fiscal permanente contra el ciudadano. Unos 27 candidatos parecen pedir la confianza del elector, que no tendrá la posibilidad de valorar las 27 posibles propuestas de gobierno, si es que éstas existen. Es un proceso electoral riesgoso y no parece haber razones para pensar que los cambios estructurales que necesitamos se lleven a cabo ¿Sabrán esos 27 potenciales candidatos qué cambios necesita urgentemente el país?

En lo personal, valoro, como primera condición, saber que habrá algún análisis macro-organizacional del Estado, uno de los más caros del mundo, pero también de los más ineficientes e inequitativos (como los reflejan sus indicadores en crecimiento, pobreza, desigualdad e ineficiencia, fuente de agresión fiscal). Segundo, la proyección de grandes inversiones, para generar riqueza y empleo. No es la economía la que nos llevará por ese camino, sino las grandes decisiones políticas ¿Tiene alguna viabilidad el canal seco? Hay inversiones importantes programadas, especialmente en las zonas costeras ¿Se harán en la siguiente administración? ¿Qué se puede hacer para asegurar su ejecución en el corto plazo y a costos razonables, sin cochinilla? ¿Habrá ferrocarril eléctrico para la meseta central? ¿Por qué archivar el megaproyecto del aeropuerto de Orotina, financiado con recursos externos? ¿Quién tiene la visión, el conocimiento y el carácter para llevarnos a la Cuarta Revolución Industrial? ¿Quién llevará el crecimiento más allá del 5%, un imposible que ha ocurrido con frecuencia en nuestro país como se puede apreciar en el cuadro inserto? Todo esto y mucho más para alcanzar con plenitud el objetivo final de la democracia: el bienestar de todos los costarricenses, sin las exclusiones, hoy bien marcadas por la desigualdad.

Me pregunto si el costarricense tiene la visión y el carácter para tomar una decisión heroica y sabia en la presente coyuntura histórica: nombrar al presidente en las elecciones de febrero 2022, abortando una segunda ronda. La dispersión política no lleva a ninguna parte. Bien podemos reducir las opciones en tres o cuatro candidatos, los que tengan las mejores posibilidades de triunfo y las que sean más serias en presentar al país un plan de gobierno acorde con nuestras necesidades y una hoja de ruta que nos dé alguna garantía de que será ejecutado. Una buena lección para que los pseudopolíticos dejen de burlarse del proceso electoral. Y para que el país, en realidad nosotros los votantes, nos ahorremos una millonada que puede ser mejor utilizada en beneficio de los grandes sectores en vulnerabilidad.